20 Enero 2024
Federico Moeykens: “Bajar la edad de punibilidad empeora la situación”
El Juez Penal de niños, niñas y adolescentes y docente de Régimen Penal Juvenil entendió que el proyecto de la Nación: “no logrará mayores niveles la seguridad y sí avanzará contra derechos adquiridos, lo que lo vuelve algo inconstitucional”.
EFECTO CONTRARIO. Moeykens dijo que en países donde se endureció el sistema penal juvenil se reforzaron y profesionalizaron las prácticas delictivas. captura de video
La iniciativa del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, de impulsar un proyecto que modifique la Ley de Imputabilidad para que los menores que cometieron delitos puedan ser condenados a partir de los 14 años generó debate. En nuestra provincia, hay opiniones divididas entre los abogados sobre las consecuencias que traería una modificación así de la norma. En ese sentido, LA GACETA entrevistó a Federico Moeykens, Juez Penal de niños, niñas y adolescentes y Docente de la Cátedra de Ejecución de Sentencia y Régimen Penal Juvenil de la Facultad de Derecho de la UNT.
El especialista integra las filas de quienes consideran que bajar la edad de punibilidad no solo no garantizará soluciones en materia de seguridad y prevención, sino que también significaría afectar negativamente el desarrollo de los adolescentes y dificultarles la posibilidad de reinsertarse en la sociedad como adultos productivos.
Moeykens resaltó que la problemática de los adolescentes involucrados en delitos es “una cuestión de derechos” y que “si no se le da la posibilidad de recuperación a través de políticas públicas que los amparen no va a haber ley ni baja de edad que les permita recuperarse”. Además sostuvo que: “hay que pensar más en derechos y menos en punitivismo y medidas de encierro”. Estas son algunas de las respuestas que aportó el magistrado:
- ¿Qué considera de la propuesta de bajar la edad de punibilidad?
- La considero contraproducente. La propuesta de bajar la edad de punibilidad no sirve para lograr mayores niveles de seguridad; ello no resulta veraz ya que es ínfimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes, y menos aún de 14 y 15 años. Por citar una fuente, según el informe de UNICEF Argentina, del año 2021, menos del 3,8% de los delitos graves fueron cometidos por menores.
- ¿Considera entonces que la propuesta de bajar la edad empeoraría la situación en lugar de resolverla?
- Sí. Hay que partir de la base de que los delitos cometidos por los más jóvenes son en general delitos contra la propiedad y no contra las personas. Aplicar entonces políticas de endurecimiento penal es contraproducente. Se puede resocializar y reinsertar con herramientas no punitivas y más ajustadas a la realidad de estas personas en pleno desarrollo psicológico y biológico. Además, los estudios sobre los países en los que se endureció el sistema penal juvenil muestran cómo estas políticas terminan reforzando y profesionalizando las prácticas delictivas en vez de disuadirlas.
- Según el ministro Cúneo Libarona, a los 14 años las personas ya “muestran una personalidad que merece la atención y la sanción” ¿Considera que es así?
- Definitivamente no. Creo que este tipo de propuestas utilizan a los adolescentes como chivo expiatorio de las situaciones de violencia, violación de derechos, pobreza, delincuencia, abandono de políticas del Estado que, en realidad, estos chicos son los primeros que sufren todo eso. Se estigmatiza a los adolescentes pobres mostrándolos exclusivamente como delincuentes, cuando son los niños y adolescentes sobre los que más impacta la pobreza e indigencia, el recorte de las políticas educativas y de salud, la violencia institucional policial, etcétera.
-¿Considera necesaria una reforma de la ley en otros términos? ¿Cómo se debería avanzar sobre la problemática?
- Considero que debe partirse de no confundir el fondo de la cuestión. Para eso es necesario distinguir dos discusiones que en el debate público aparecen entremezcladas. Una es la necesidad de establecer un Régimen Penal Juvenil acorde a los principios y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y Derechos Humanos, que derogue la actual Ley 22.278, dictada por la dictadura en 1980. La otra, un nuevo sistema penal juvenil respetuoso de los derechos y garantías de los adolescentes, que debe regir para la franja de 16 y 17 años. No podemos pasar por alto que una norma que baje la edad de punibilidad en la Argentina sería inconstitucional porque violaría el principio de no regresividad, que implica que no se puede retroceder en un derecho. Bajarla sería afectar los derechos adquiridos de la franja de adolescentes de 14 y 15 años.
- ¿Y si el proyecto se enfocara solo para casos de homicidios? ¿Podría discutirse?
- Lo mismo ocurriría frente a la propuesta de bajar la edad sólo para los casos más graves. Está expresamente rechazado por el Comité de Derechos del Niño, órgano creado por la Convención sobre los Derechos del Niño que en Argentina tiene rango constitucional. Incluso sería incongruente respecto del conjunto de derechos y obligaciones de las personas en función de la edad.
- ¿Qué correspondería entonces hacer ante casos de chicos de 14 y 15 años que cometen delitos?
- El Estado debe garantizar a las niñas, niños y adolescentes por mandato constitucional y convencional de Derechos Humanos, todos sus derechos. En los casos en los que a algún niño, niña o adolescente se le imputara la presunta comisión de un delito, lo que debe aplicarse son políticas de promoción y protección de derechos previstas en la Ley 26.061.
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