Por Bárbara Nieva
20 Enero 2024
El apartado de la ley ómnibus que se refiere al tratamiento de la salud mental es considerado un “retroceso” por una parte importante del sector profesional involurado. En lugar de acompañar la reforma, el Colegio de Psicólogos de Tucumán apunta que se debe defender la plena implementación de la actual Ley de Salud Mental.
El proyecto enviado por el presidente, Javier Milei, al Congreso plantea cambios en ocho de los más de 40 artículos de la legislación vigente. Entre ellos, los puntos más debatidos y resistidos se refieren a facilitar las internaciones involuntarias, eliminar la prohibición de crear hospitales especializados y la actuación del Órgano Revisor (OR).
Este último es un cuerpo integrado por abogados cuya labor es monitorear el cumplimiento de la norma; con la reforma pasaría a ser un equipo multidisciplinario. Acerca de las internaciones, la propuesta contempla que se puede proceder a dicha acción previa evaluación médica y del equipo.
Para adentrarse en las implicancias de estos cambios, la licenciada Fabiana Lávaque, presidenta del Colegio de Psicólogos de Tucumán, aborda la norma desde sus inicios. En diálogo con LA GACETA, explica que es una ley de protección a las personas con padecimiento mental sancionada en 2010 y reglamentada en 2013.
“Es relativamente joven”, aclara. A su vez, plantea que esta legislación ha favorecido a la “desmanicomialización” del sistema, ya que establece el progresivo cierre de hospitales psiquiátricos para que aquel que necesite atención sea recibido en hospitales generales, como sucede con cualquier otro problema de salud.
Además, Lávaque sostiene que la ley ubica a las adicciones como un problema de salud mental y no como un problema criminal. “Permite diferenciar el consumo problemático, que es un modo de sufrimiento psíquico, de los delitos relacionados con el tráfico de drogas; algo que antes estaba muy mezclados”, distingue.
En cuanto a los parámetros para la internación, la profesional habla de que la ley 26.657 propone que el tratamiento en hospitales psiquiátricos tiene que ser acotado. “Sólo se tiene que usar cuando todos los otros recursos hayan fracasado, cuando la persona pone en riesgo a sí mismo o a terceros, y tiene que durar el menor tiempo posible”, explica.
En tanto, una vez dado de alta de la internación, la persona con padecimiento mental debe seguir su tratamiento viviendo en comunidad y acompañado por un equipo especializado, “para no quedar internado por larguísimos períodos, incluso de por vida, como sucedía antes de la sanción de la ley”, advierte.
La reforma propuesta
Por su parte, los cambios que son contemplados por el proyecto libertario habilita la apertura de instituciones monovalentes o neuropsiquiátricas. “Esto descuida o desestima la idea de que los problemas de salud mental tienen que ser tratados en hospitales generales”, rechaza Lávaque.
Además, insiste en que con los cambios de la ley “se retrocede” en términos de salud mental. Con la reforma, un juez puede determinar la internación de una persona sin previa evaluación de un equipo de salud, lo cual va en contra del procedimiento actual. “La ley actual de salud mental no prohíbe las internaciones, sino que las regula. Son el último recurso y sólo se justifica cuando hay un riesgo”, plantea.
“Vamos a volver a la situación de los hospitales llenos de pacientes internados por orden judicial, no importa si el equipo de salud está de acuerdo o no”, manifiesta la licenciada.
La titular del Colegio profesional asegura que en la modificación de la norma también hay un factor cuestionable. “Dice que la internación tiene que durar hasta que cesen las causas que lo determinaron. Este es un planteo ambiguo y que da para una discusión epistemológica muy profunda pero ¿cuándo cesan las causas de la adicción o de la psicosis?”, cuestiona.
Lávaque defiende: “En el sufrimiento psíquico, en las adicciones, en los cuadros de depresiones muy severas, la comunidad científica acuerda que son cuadros sobredeterminados, que responden a múltiples causas. Esta reforma, al plantear la internación en esos términos, nos mete en un cuadro regresivo que va a justificar que las internaciones se prolonguen indefinidamente”.
Planteo en diputados
Es por eso que el Colegio de Psicólogos ha estado en comunicación con diputados y senadores tucumanos, para plantearles sus inquietudes acerca de la legislación. “Insistimos en dos cosas: primero, en que no aprueben esta reforma; segundo, en que insistan y acompañen la plena implementación de la ley de salud mental”, dice Lávaque.
Sobre esto último, la profesional sostiene que la ley actual no es incorrecta, sino que no hay presupuesto que acompañe las innovaciones que propone. “Si queremos transformar hospitales monovalentes en generales, eso requiere presupuesto, salas y equipos; si queremos externar a las personas que hace cinco o diez años están internadas, eso supone psicólogos, psiquiatras, trabajo social. Todo plantea una serie de cosas que requieren inversión”, desarrolla.
Por lo tanto, sintetiza: “La cosa no es cambiar el texto de la ley, sino dotarla de presupuesto para que se pueda cumplir”. También la psicóloga insiste en que se requiere de un equipo especializado en emergencias en salud mental, algo que actualmente no se tiene en el país.
“Me parece que la salud mental ocupa un lugar tan pequeño dentro de las preocupaciones de los gobiernos, que ni siquiera es que la desmerezcan; no la entienden. Entonces, la propuesta de reforma no es que desmerece a los profesionales, sino que desmerece los avances del conocimiento científico en este campo”, añade la licenciada.
En Tucumán
En el ámbito local, Lávaque observa que se detectan algunas paradojas. “Hay una coincidencia en que hay un aumento de las cuestiones que tienen que ver con el sufrimiento psíquico, el padecimiento mental, el consumo de sustancias; aumentaron las situaciones de violencia familiar, social, institucional”, menciona, a modo de introducción.
En cambio, se refiere a la “otra cara de la moneda”. “Se ha desestigmatizado bastante la salud mental. La población en general está más propensa y menos prejuiciosa respecto de consultar cuando se siente mal. Entonces no se trata sólo de que hay más sufrimiento, sino que es más visible porque la gente consulta y pide ayuda, lo cual es positivo”.
Sin embargo, una piedra en el camino en Tucumán es la falta de recursos disponibles. “No hay suficientes espacios de atención, ni profesionales, ni gente en las guardias. No hay suficientes lugares de internación, la consulta aumentó pero los recursos humanos y edilicios son insuficientes”, enumera Lávaque.
El incremento en la demanda de profesionales de la salud mental no es propio de la provincia, sino que sucede a nivel mundial. “Las condiciones de existencia hacen que haya más sufrimiento psíquico; malas condiciones económicas, conflictos sociales, violencia institucional, soledad; el hecho de que estemos hiperconectados y que tengamos que trabajar tantas horas… Son una serie de situaciones que tienen que ver con que seamos más proclives a sufrir psíquicamente”, ejemplifica la psicóloga.
Entonces, une el relato con la tarea de los gobiernos. “Me parece que la función de los estados es mejorar esas condiciones de existencia, además de mejorar la respuesta en salud mental”, reitera.
La ley 26.657
Es luego de este profundo análisis que Lávaque reúne los tres puntos esenciales de esta ley que -sostiene- no debería reformarse; al menos no de la manera que propone el oficialismo. “La modernidad nos acostumbró a la idea de que el loco es una persona extravagante, peligrosa, que tiene que estar encerrada y lejos de uno. La ley actual viene a cuestionar eso”, menciona, como punto de partida.
En segundo lugar, pese a que “falta muchísimo para que se implemente la norma en su totalidad”, sostiene que la ley permitió sacar a muchas personas de situaciones de maltrato canónico. “Permitió poner la cuestión de los derechos humanos como un elemento clave para las personas con padecimientos psíquicos. Antes ellos eran objetos; ahora son sujetos de derecho”, dice Lávaque.
Por último, la profesional se refiere al presupuesto. “Otro aspecto importante de la ley determina que progresivamente se tiene que ir aumentando el presupuesto que se destina a la salud mental hasta alcanzar el 10% del presupuesto global en salud. Es otro avance que antes no existía”, defiende.
Así, el Estado debería invertir, por lo menos, aquel porcentaje en salud mental. “Es algo que aún no sucede, por supuesto”, lamenta Lávaque. Y propone tal punto como otro fundamento por el cual la legislación vigente no debe ser modificada, sino aplicada correctamente.
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