17 Enero 2024
SALUDO. El papa Francisco saluda a los presentes en la Plaza de San Pedro. AFP
El papa Francisco anunció a través de un decreto pontificio la implementación de controles especiales para las operaciones realizadas por organismos vaticanos que superen los 150.000 euros y el 2% de su patrimonio. El objetivo es fortalecer la supervisión financiera y garantizar una administración más transparente de los recursos de la Santa Sede.
En la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio sobre “los límites y los modos de la administración ordinaria”, el pontífice estableció criterios para determinar qué actos realizados por los entes supervisados por el Consejo de Asuntos Económicos requieren la aprobación del prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos.
Según el texto, esta aprobación debe solicitarse cuando el acto supere el 2% de la cifra resultante de la media calculada sobre el total de los costos del ente en cuestión, basándose en los balances anuales de los últimos tres años. El decreto establece que para actos cuyo valor sea inferior a 150.000 euros, no se necesitará la aprobación. Sin embargo, para aquellos que superen este monto, el procedimiento de aprobación ad validitatem debe concluirse en un plazo máximo de 30 días desde la notificación, o 40 días si se requiere completar trámites o documentación.
Transparencia
En paralelo, el Sumo Pontífice emitió otro decreto relacionado con las contrataciones de los organismos vaticanos. Este documento establece criterios para asegurar el “uso sostenible de los fondos internos, la transparencia del procedimiento de contratación, la igualdad de trato y no discriminación de los licitadores, y la promoción de una competencia efectiva entre licitadores”.
Una medida clave en este decreto es la exclusión de las licitaciones vaticanas de aquellos residentes o establecidos en Estados o territorios con regímenes fiscales privilegiados, según definiciones de instituciones internacionales.
Estas nuevas directrices refuerzan las acciones adoptadas por el Papa en junio de 2020, cuando se promulgó una legislación centrada en “transparencia, centralización y competencia”. En ese entonces, la Santa Sede anunció que dejaría de realizar compras a empresas y personas con sede en paraísos fiscales o con accionistas residentes en esos Estados. Estas medidas se alinean con la visión del Papa de una Iglesia comprometida con prácticas éticas y responsables en todas sus operaciones.
Con estas nuevas disposiciones, Francisco busca consolidar un enfoque ético y transparente en la gestión financiera del Vaticano, promoviendo prácticas que eviten la opacidad y aseguren la responsabilidad en el manejo de los recursos de la Iglesia. Estas medidas reflejan el compromiso de la Santa Sede en abordar las preocupaciones sobre la transparencia y la eficiencia en sus operaciones financieras.
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