16 Enero 2024
imagen ilustrativa.
La Justicia Federal de San Martín dictó la primera cautelar contra la suba de una prepaga por efecto del mega decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/23) que dispuso el presidente Javier Milei.
La medida fue a favor de una jubilada de 78 años que presentó el reclamo y ordenó que se suspendan los aumentos en las cuotas de medicina prepaga que se desprenden de la aplicación del DNU. Si bien el fallo aplica particularmente a este caso, puede ser la puerta para futuros planteos similares.
La jueza federal Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial Contencioso Administrativo número 2 de San Martín, dictó una medida cautelar en la que dejó sin efecto los aumentos y que solo se apliquen " los aumentos autorizados por la autoridad de aplicación en los términos del art. 17 de la ley 26.682".
Por medio del fallo, la magistrada ordenó a la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires a adecuar las cuotas de su plan asistencial hasta dictarse una sentencia definitiva y que se resuelva la cuestión de fondo del DNU 70/23.
La resolución de la contienda se produce en respuesta a la acción de amparo presentada por una señora de 78 años que detalló "que la cuota que se encontraba abonando conforme la factura que acompaña por el mes de diciembre de 2023 se incrementó primero en un 40% para el mes de enero de 2024, luego recibió otra comunicación de la demandada para el mes de febrero del corriente año con un nuevo incremento del 29.5% y que conforme a las constancias adjuntadas sus haberes previsionales por el período 12/23 ascienden a la suma de $323.089,39, por lo cual le resulta imposible afrontar dicho pago".
Forns decidió hacer lugar a la medida cautelar y resolvió no aumentar las cuotas en lo que dice el decreto "hasta tanto se resuelva la petición de fondo, a fin de que se readecuen las cuotas de sus planes asistenciales, limitándose a efectuar los aumentos autorizados por la autoridad de aplicación en los términos del art. 17 de la ley 26.682”.
La magistrado destacó el riesgo que "conllevaría a la falta de cobertura médica necesaria, según denuncia, por su edad y ponderando que de acuerdo a las constancias de la causa percibe un haber previsional que asciende a $323.089,39, el aumento implicaría una erogación de aproximadamente la mitad de su haber".
Por otra parte, la jueza entendió que “si bien la presente causa fue declarada como proceso colectivo, aún no ha podido ser inscripta en el Registro correspondiente, atento a lo peticionado por la actora y la urgencia del caso considero que corresponde tratar la medida cautelar solicitada de forma individual”.
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