Por Marcelo Aguaysol
16 Enero 2024
EN CASA DE GOBIERNO. Masso habla, mientras Jaldo escucha atentamente.
Estamos pisando callos. Nunca una frase fue tan gráfica para definir lo que el Gobierno vive, puertas adentro, con el descubrimiento de la venta ilegal de mercaderías que el Estado adquiere para alimentar a sectores más vulnerables de la sociedad.
La pronuncia el gobernador Osvaldo Jaldo y la repite el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso. Este descubrimiento puede ser el inicio de un proceso mayor, ya que el Ejecutivo pondrá en la lupa el reparto en todos los puntos cardinales de la provincia.
El que se quema con leche... Masso está pensando seriamente en comenzar a armar más módulos y menos entrega a granel de alimentos para que el seguimiento sea más efectivo.
El celular del ministro fue llenándose ayer de fotografías. A través de mensajes de WhatsApp, Masso iba recibiendo postales de los encargados de distribuir los productos. Algunos, a más tardar, le demanda 72 horas el reparto. Pero, paralelamente, por la misma vía se reproducen denuncias contra organizaciones y contra punteros que, según esos comentarios, tienen como práctica vender ilegalmente leche, yerba mate o fideos. La mayoría de esas denuncias llegan desde el interior.
Desde que se lo nominó como potencial ministro de Desarrollo Social, antes del 29 de octubre pasado, Masso no gozaba de la estima de un vasto sector del peronismo que, por lo bajo, sigue objetando la designación en el gabinete del líder provincial del movimiento “Barrios de Pie”.
Esos dirigentes justicialistas argumentan que el partido es el que debe encargarse de la contención social, como lo dicen los estatutos partidarios. Sin embargo, Jaldo sigue convencido de que el conocimiento territorial de quien fue electo legislador contribuye a darle otra perspectiva a la tarea social en la provincia.
“La decisión política es firme y vamos hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”, reafirmó el gobernador en conferencia de prensa. Y ese es un mensaje que se lanzó no sólo para las organizaciones civiles, sino también para aquellos que siguen cuestionando al ministro.
Jaldo ya ha dado una muestra de que no aceptará esas viejas prácticas, cuando dispuso una investigación administrativa para deslindar responsabilidades ante presuntos incumplimientos en el plan Potenciar Trabajo. En la picota están 956 agentes que, preliminarmente, no deberían estar gozando de ese beneficio.
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