Jaldo dijo que investigarán sin importar quien caiga

El fin de semana que pasó no fue del todo tranquilo para el Gobierno. El descubrimiento de casos de venta de mercadería destinada a comedores escolares trastocó el humor oficial. “Vamos a fondo con esto”, fue la instrucción que el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, recibió del gobernador Osvaldo Jaldo, cuando corroboraron que había personas que lucraban con esos productos. El titular del Poder Ejecutivo fue más allá en sus apreciaciones durante la conferencia de prensa que ayer ofreció en el antedespacho de la Casa de Gobierno. Todo seguirá hasta las “últimas instancias” para castigar a aquellos que “delinquen contra los que menos tienen”, afirmó.

Luego de lo que fue el hallazgo de mercadería proveniente del Ministerio de Desarrollo Social en domicilios particulares, distintas áreas estatales repartieron tareas y articularon trabajo para dar con el paradero de los culpables. “Ya tenemos a tres personas detenidas por venta ilegal de módulos alimentarios”, afirmó el mandatario. Masso había identificado cuatro domicilios en los que, supuestamente, había mercadería oficial, destinada exclusivamente a atender a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En la actualidad se distribuyen alrededor de 800.000 kilos de productos alimenticios entre fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y dirigentes políticos para que estos, a su vez, lo redistribuyan en los comedores comunitarios. Sólo en diciembre, Desarrollo Social había previsto una inversión que rondaba los $ 1.200 millones para atender las necesidades alimentarias de la franja social más vulnerable.

En Casa de Gobierno sólo hay presunciones. Por caso, hay funcionarios que sostienen que, calculando el valor de los productos que se recuperaron con los allanamientos, se estima que la fuga sería de un 20% del total de alimentos. Jaldo, no obstante, tiene una certeza: “ninguno de los detenidos (este fin de semana) está vinculado al gobierno provincial”. De todas maneras, ordenó que se profundice el control, la investigación y el seguimiento de lo distribuido.  “Hace 15 días el ministro Masso hizo la denuncia; con el accionar del jefe de la Policía ( Joaquín Girvau Olleta), el Ministerio de Seguridad y la colaboración del Poder Judicial logramos tener tres detenidos y recuperar parte de la mercadería”, expuso el titular del Poder Ejecutivo. “Esto no termina aquí. Entendemos que hay más gente involucrada y vamos hasta las últimas consecuencias ‘caiga quien caiga’. Esto es inadmisible”, sentenció.  

Jaldo indicó que, en un contexto en el que “un 50% de pobres y un 60% de niños está por debajo de la línea de la pobreza, este tipo de prácticas no pueden tener lugar”. “Los vamos a buscar uno por uno; estén donde estén”, remarcó.

¿Cómo se sabe que la mercadería allanada ha sido adquirida por el Estado provincial? Fuentes oficiales consultadas por LA GACETA admitieron que la caja de leche en polvo tiene una inscripción clara en el envase que dice que está prohibida su venta, pero no pasa lo mismo con la yerba mate o los fideos, por mencionar algunos productos. En este caso, pesa más el número de lote y el origen de la mercadería, ya que esos productos no están masivamente en las góndolas de los comercios, ya que la Provincia los adquiere en forma directa para abaratar costos y según los presupuestos que acercan los fabricantes e industriales.

En la Casa de Gobierno, además, están esperando que desde Tribunales salgan las respectivas órdenes de allanamientos para continuar con la investigación de estas ventas irregulares. Según trascendió, se ha identificado una docena de domicilios en donde se guarda mercadería oficial, sin que esas viviendas o galpones sean parte del circuito de distribución de los módulos hacia los comedores escolares. “Tenemos la convicción de que los lotes salen de los galpones oficiales y ahora estamos ajustando más los controles para seguirlos en los centros de distribución de las organizaciones”, señala la fuente consultada por nuestro diario.

En Desarrollo Social están rediseñando el proceso administrativo para la fiscalización del programa. Por caso, ahora harán firmar una declaración jurada a cada responsable de una organización para que garantice la no comercialización libre de lo que se le otorga. Además, se requerirá que se reafirme el lugar exacto donde estará depositada la mercadería hasta tanto salga hacia el comedor que la necesite. Todo esto será acompañado de operativos sorpresas por parte de funcionarios provinciales para corroborar la existencia de los productos y su entrega. (Con producción periodística de Enzo Ferreira)