Por Luis María Ruiz
15 Enero 2024
EN EMERGENCIA. El servicio de transporte de Tucumán afronta una situación crítica, y los usuarios sufren por las restricciones. Foto de LA GACETA / Inés Quinteros Orio
El Poder Ejecutivo (PE) intercedió en el conflicto generado por la medida de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). Y si bien los dueños de las líneas de ómnibus se mostraron optimistas tras el encuentro con el gobernador Osvaldo Jaldo, por ahora sostendrán la reducción en los servicios en el ámbito de la Capital, así como la suspensión de los choferes.
El presidente de la entidad empresaria, Daniel Orell, acompañado por Jorge Berretta, Luis García y Andrea Courtade, entre otros asociados, estuvo esta mañana en la Casa de Gobierno para mantener una audiencia con Jaldo y con el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad.
El viernes pasado, las firmas nucleadas en Aetat comenzaron a operar bajo una modalidad "de emergencia", con una disminución de hasta el 70% en los recorridos y con suspensiones y hasta cesantías de choferes.
En respuesta a esta decisión, la intendenta de la San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, dispuso que se iniciaran actuaciones a través de las áreas pertinentes del municipio para avanzar con posibles sanciones por la reducción en la frecuencia del servicio.
Este lunes, sin embargo, los empresarios sostuvieron las medidas, y anticiparon que, si no surgen soluciones para afrontar la crítica situación económica que atraviesa el sector, las restricciones podrían extenderse al resto de los municipios. Pero la audiencia con Jaldo y Abad podría descomprimir las tensiones.
De qué se habló en la reunión con Jaldo y Abad
"Hemos planteado la cruel y dura situación que vive el sistema del transporte en Tucumán. Nos han escuchado y entendido", expresó Berretta, en rueda de prensa, a la salida del encuentro con el gobernador.
El directivo de Aetat explicó que el ministro de Economía tiene en agenda un viaje en Buenos Aires para reunirse con el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta Prevedello, para abordar la cuestión de los recursos que corresponden a la provincia en el marco del sistema de compensaciones tarifarias para el interior.
De hecho, uno de los reclamos de los empresarios a nivel nacional (a través de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, Fatap) es que la Nación brinde "idéntico trato" al recibido por las firmas radicadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a las cuales se otorgó un anticipo de los subsidios federales.
El jueves, una vez que Abad retorne a Tucumán, los directivos de Aetat tienen previsto mantener una nueva audiencia con Jaldo y el propio ministro de Economía para analizar los pasos a seguir.
En ese sentido, Berretta detalló que "la voluntad de ambas partes es que haya una continuidad en el servicio del transporte, y que sea un servicio sustentable".
Aetat continuará con las restricciones en el ámbito de la Capital. Las alternativas para que normalice el servicio, por ahora, están sujetas a las gestiones de la Provincia ante la Nación y a un nuevo convenio que podrían firmar los empresarios con el Poder Ejecutivo.
"Se está conversando", explicó Berretta a la prensa. Añadió que, en caso de acuerdo, "el gobernador pidió que estén incluidos todos municipios en este 'salvataje' o ayuda para la continuidad del transporte público".
LA GACETA consultó entonces si la intención es que, además de los subsidios nacionales y provinciales, los municipios aporten recursos.
"Ese es un sistema que ya existe en otras localidades, como Mendoza, Rosario, Bariloche y Córdoba. Sería bueno. Sería aportar al sistema por parte del poder concedente, en este caso, municipal. Pero no fue el tema de debate en esta reunión (con Jaldo y Abad), sino ver cómo seguimos adelante y le garantizamos el transporte público a los 600.000 tucumanos que viajan los días hábiles", detalló Berretta.
El representante de Aetat se refirió luego a la decisión del municipio de avanzar con posibles multas millonarias por la reducción en los servicios. "La medida que tomamos no es una medida de fuerza, sino de supervivencia. La implementamos para no dejar al usuario de la Capital sin transporte público. Es una medida para reducir costos en una ecuación económica que está rota. Es un esfuerzo más en el cual seguimos perdiendo; pero, en base a nuestro compromiso con la sociedad, seguimos con un servicio de emergencia hasta que encontremos una solución económica de la cual -y esto lo digo respetuosamente-, el municipio es responsable también", expuso el empresario.
Berretta reiteró que las restricciones no tienen un fin "especulativo ni extorsivo". "Tenemos la mejor de las relaciones con la intendenta Chahla. Pero esta es una actividad económica, y los ingresos diarios no alcanzan para el gasoil. Algo había que hacer para garantizarle el transporte a todos los ciudadanos", explicó.
Además, negó que esté "cortado" el diálogo con la jefa municipal. "Nosotros somos muy respetuosos tanto de ella como la investidura que reviste. Jamás cortamos el diálogo con nadie. Esto no es una acción en contra de la Intendencia, es a favor de garantizar el servicio de emergencia, y que los usuarios no se queden sin transporte", finalizó.
Claves del conflicto
1) Desde 2018 rige en Tucumán una ley que declara la emergencia en el transporte público de pasajeros. Esta normativa habilita el aporte de subsidios provinciales a las firmas nucleadas en Aetat.
2) Las tensiones se agravaron tras la renovación en el Gobierno nacional. Los empresarios reclaman certezas sobre las compensaciones federales que corresponden a los distritos del interior, y reclaman “idéntico trato” al recibido por el AMBA.
3) En diciembre, el Concejo Deliberante de la Capital autorizó la última suba en la tarifa, que pasó de $120 a $230. Sin embargo, según Aetat, el costo del pasaje mínimo debería haber alcanzado los $608.
4) El martes pasado, los empresarios fueron recibidos por la intendenta Rossana Chahla. Dos días después, Aetat anunció la restricción del servicio en la Capital y reclamó que los municipios aporten fondos. La Intendencia respondió con controles y advertencias de multas.
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