Por Bárbara Nieva
15 Enero 2024
SERVICIO ESENCIAL. En un mes y medio finaliza la última prórroga del contrato con la empresa 9 de Julio. la gaceta / archivo
El pedido de la intendenta Rossana Chahla para que se declare la emergencia sanitaria en la Capital sigue dando vueltas en las comisiones del Concejo Deliberante. Y mientras se espera que ingrese el pliego por el contrato de la basura, los ediles analizan de qué manera afrontar la urgencia ambiental en la ciudad.
Sucede que el convenio con la empresa 9 de Julio, encargada de la recolección de residuos en el municipio, ya se agotó en todas las instancias. El contrato venció en agosto del año pasado y, en aquel momento, el entonces intendente Germán Alfaro recurrió a una prórroga, que caduca en la última semana de febrero.
Esto quiere decir que San Miguel de Tucumán tiene en juego el tratamiento de unas 600 toneladas de basura diarias y que la titular del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) deberá afrontar un nuevo acuerdo con los plazos cada vez más al límite.
Así fue como Chahla presentó ante el cuerpo capitalino un proyecto para que se declare la emergencia sanitaria y ambiental en el municipio por el plazo de un año. En el texto, se exponían problemáticas urgentes en cuanto a cambio climático, espacios verdes, gestión de residuos, calidad del aire, entre otros.
Además, el documento disponía que se arbitren los medios institucionales necesarios para la correcta gestión de los residuos, que se reasignen partidas presupuestarias y que se efectúen -de ser necesario- contrataciones directas para atender las necesidades.
Análisis profundo
Representantes de la oposición interpretaron que, con este proyecto, la intendenta podría contratar en forma directa el servicio más oneroso para la Municipalidad. Sólo el acuerdo por la recolección de residuos insumió unos $600 millones mensuales.
Aún así, otros concejales advierten que, dadas las limitaciones de tiempo, podría establecerse de manera excepcional la emergencia por un plazo determinado, hasta tanto ingrese al cuerpo municipal el pliego para el llamado a licitación.
Por un lado están los referentes del oficialismo, entre ellos, Gonzalo Carrillo Leito. Los concejales comentaron que el proyecto está avanzando en las comisiones correspondientes -Hacienda, Peticiones, Salud y Medio Ambiente- y que en ellas se definirá si el texto es viable, si requiere alguna modificación o si se debe pedir al Departamento Ejecutivo que envíe otro.
“No podemos decretar una emergencia porque sí. Sabemos que estamos ante una, porque lo vivimos y lo vemos a diario, pero tenemos que analizarlo con mucha profundidad”, explicó Carrillo Leito a LA GACETA.
El edil criticó el estado de las reparticiones municipales que -aseguró- fueron abandonadas por la gestión anterior. “Hubo un desfinanciamiento tremendo. La ciudad que recibió Rossana está en condiciones lamentables; hasta catastróficas, te diría”, planteó el peronista.
Además, mencionó el ejemplo de la oficina de Espacios Verdes a la que le faltaba maquinaria y dijo: “¿Cómo hace la repartición para cumplir y poder cortar el pasto en el parque 9 de Julio, en las plazas y en todos los espacios públicos?”.
Sobre el tratamiento de la emergencia en el recinto, que en un principio se fijaba para la próxima semana en sesión extraordinaria, Carrillo Leito aseveró que todavía no se puede determinar una fecha pero que “capaz” que lleguen a tratarlo este mes.
Por lo bajo, además, un edil del justicialismo anticipó que el proyecto no sería aprobado tal cual ha sido presentado, sino que harían falta modificaciones. Incluso, deslizó que en la bancada del PJ están aguardando la llegada de un nuevo texto que reúna los parámetros y las modificaciones ya expresadas.
“Cheque en blanco”
Los concejales opositores detallaron cuáles son los cambios que deberían hacerse en el proyecto que giró Chahla. Alfredo Terán de Zavalía (Fuerza Republicana) determinó que el temario del documento es bastante amplio y que hacen falta mayores precisiones. “(Con él) se le da una serie de atribuciones a la intendenta. En mi caso, no comparto que sea tan amplio el proyecto; se debería determinar concretamente cuáles son los temas en emergencia y cuáles serían las facultades para Chahla”, consideró el edil republicano.
Sobre el tema de la basura, Terán se mostró en contra del uso de contratación directa para el tratamiento de los residuos. “Desde luego que es un contrato muy grande que no se podría ir a un esquema de contratación directa. Lo máximo que se debería hacer es alguna autorización para que se prorrogue o se contrate por un plazo corto hasta tanto se pueda tratar el pliego”, propuso el dirigente bussista.
El opositor reconoció que queda poco tiempo para resolver la cuestión pero insistió en que “bajo ningún punto de vista” debería adjudicarse el servicio con esta herramienta. “El proceso licitatorio necesariamente tiene que existir, sobre todo en lo que hace al contrato de recolección de residuos”, reiteró Terán.
Posturas similares fueron las que mantuvieron los radicales José María Canelada, Gustavo Cobos y Federico Romano Norri. “El municipio lo único que está proponiendo con esta emergencia ambiental es un cheque en blanco para contrataciones directas”, opinó Canelada.
El ex legislador aseguró que la iniciativa no tiene acciones concretas ni plazos; y la tildó de “hojarasca” y “maquillaje”. “El proyecto sigue la costumbre del espacio político que gobierna la provincia hace décadas y ahora también la Capital. Buscan declarar emergencias constantemente para sortear todos los mecanismos de control y poder discrecionalmente hacer lo que quieren”, juzgó el dirigente de la UCR.
Según su declaración, el Ejecutivo municipal no determina en el proyecto cuál es el problema que quiere resolver, de qué manera y en qué plazos.
Cobos, por su parte, mencionó que el arbitrio de los medios institucionales para la gestión de los residuos es una atribución que el Departamento Ejecutivo ya tiene, de acuerdo con la Ley 8.177. “La intendenta debería enviar ese plan de gestión integral, cumplir con lo que dice la ley y no pedir que le autoricemos a hacer algo que ya debe hacer”, lanzó.
Además, criticó los puntos que solicitan una readecuación presupuestaria y la posibilidad de hacer contrataciones directas. “No vamos a apoyar esos cheques en blanco”, sentenció.
En tercer lugar, Romano Norri dijo que algunos puntos del documento enviado por la intendencia daban lugar a dobles interpretaciones, lo que demoraba la toma de consensos. “Es por eso que se pidió que se modifiquen algunas cosas”, advirtió.
Mencionó, entre esos temas, acompañar la iniciativa por un plazo no mayor a un año. “Es al sólo efecto de que se prorrogue a la misma empresa, por el mismo monto y en los términos que se había prorrogado antes para que Tucumán no quede sin recolección”, detalló el edil.
Asimismo, Romano Norri agregó: “No sería un cheque en blanco porque es por una situación determinada, por un tiempo determinado, a la misma empresa y para que la ciudadanía no se quede sin el servicio”.
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