Tiempo de definiciones

El Gobierno nacional hace una apuesta a todo o nada y trata de coparticipar con los gobernadores los costos políticos de una reforma estructural que se ha colado en el Congreso Nacional a través de un megaDNU y de una Ley Ómnibus que parece que no tendrá problemas en circular en general, pero no en particular. Demasiados pedidos de la Casa Rosada sin concesiones ponen en off side al ministro del Interior Guillermo Francos que ya no sabe cómo responder a las demandas de los mandatarios provinciales. Un indicio de esa situación ha sido la cumbre del viernes en la que los gobernadores de los distritos que optaron por apoyar a Juntos por el Cambio le dijeron, a domicilio, que no habrá votos positivos en tanto sigan jaqueadas las economías regionales. Si eso sucede con los “propios”, ¿cómo reaccionarán los peronistas? La respuesta es más que clara. El tucumano Osvaldo Jaldo cruza llamadas con gran parte de sus pares de la Argentina. El entrerriano Rogelio Frigerio, un conocedor de la situación fiscal de las provincias desde hace décadas, cuando era director de la consultora Economía & Regiones, y luego como ministro del Interior de Mauricio Macri, se ha puesto al frente de los llamados “conciliadores”.

¿Qué hacemos?, fue la pregunta que más se exteriorizó en el WhatsApp de los mandatarios provinciales. Jaldo habló esta semana con varios de los parlamentarios nacionales. El martes que viene enviará al Congreso a su ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, para que siga de cerca las discusiones. En la Casa de Gobierno creen que esta semana puede haber dictamen y llevar el paquete de medidas al recinto de sesiones. Antes que eso suceda, el titular del Poder Ejecutivo quiere estar seguro de que Francos, interlocutor ante el Gobierno nacional, cumplirá las promesas realizadas tanto a él como a los ministros provinciales. De la derogación que Milei quiere para la Ley Azucarera (artículo 59 de la Ley Ómnibus) aún no hay novedades. Tal vez ese sea el principal escollo a superar antes de dar el visto bueno al ajuste de Milei. La industria, los cañeros y los gremios azucareros están preocupados frente a la posibilidad de que el Gobierno nacional permita la importación del endulzante desde Brasil, el mayor productor global. Por esos ámbitos corren innumerables borradores de iniciativas para frenar la derogación, aunque con algunas propuestas para el caso de los biocombustibles. Un avance de esa reforma sería un salto al vacío para una de las industrias madre de Tucumán. Fundamentalmente por el lado del precio y sus derivaciones hacia el resto de la unidad de negocio.

En el medio de la mesa de discusión de las provincias se encuentra el esquema semáforo planteado por el bloque Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto. Esa estrategia consiste en pintar de verde aquellos puntos de la Ley Ómnibus que sean aceptables; en amarillo, los que requieran algunas modificaciones, y en rojo los que no pasarían “bajo ningún concepto”. El azúcar está en este último esquema.

La intransigencia de Milei choca con la negociación que encara su ministro Francos. En el fondo, es una trama muy peronista, la de tirar del mantel y luego reconstruir. Ricardo Quintela está dispuesto a pasar la barrera de la cautela. Acorralado por un levantamiento policial, el gobernador de La Rioja volvió a poner en el tapete la posibilidad de emitir cuasimonedas para financiar los gastos del distrito que conduce. “Hoy no llegamos ni a la primera semana después del cobro de los sueldos. Los riojanos se quedan sin plata. Por eso convoqué a sesiones extraordinarias para enviar un proyecto de ley que autorice a constituir un instrumento monetario, en caso de ser necesario”, ha dicho el mandatario. Quintela sigue el mismo criterio del bonaerense Axel Kicillof, que también deslizó la posibilidad de apelar a los Patacones para financiarse. La restricción del gasto público no pasa ni por la cabeza de esos mandatarios provinciales. El peronismo no sabe vivir con lo justo; siempre apeló a la bonanza, aún cuando no habían los recursos suficientes para financiar al Estado. Hoy la situación se invirtió. Ya no es sólo el Estado nacional el que registra un rojo fiscal, sino también la mayoría de las provincias que, hasta mediados del año pasado, presentaban superávit en sus cuentas públicas por el efecto de la inflación y de las asistencias financieras que la Casa Rosada ha distribuido antes, durante y después de los procesos electorales. El “Plan Platita” ya no le aseguró continuidad. Hoy lo que fue del oficialista Unión por la Patria se divida en mil pedazos, en el que prima la supervivencia de aquellos que han quedado con responsabilidades institucionales de los otros que recuperaron la memoria y vuelven a la calle a parar, sin que hagan antes una revisión del origen de una inflación galopante que ha comido el bolsillo de los asalariados argentinos. A ningún sindicalista se le cruzó por la cabeza hacerle un paro a Alberto Fernández. La organicidad del Partido Justicialista fue más fuerte que el planteo de una recomposición salarial para no perder frente a la inflación. Eso fue una regla general. Sólo un puñado de gremios ha conseguido cubrirse de las variaciones de precios.

La Argentina, en su versión 2024, es de ajuste. Y no desde el punto de vista ideológico, sino desde la practicidad. Las arcas provinciales no gozan de buena salud. La creatividad contable se exteriorizó en los ministros de Economía que ahora tratan de recuperar, desde el shock y no desde el gradualismo, las valuaciones de propiedades y de vehículo. La cacería impositiva es general. Pagan justos por pecadores.

Abad viaja a Buenos Aires para cobrar otras deudas que siguen pendientes. Por ejemplo la de la reversión del impuesto a las Ganancias para que las provincias recuperen parte de la coparticipación federal del impuesto perdida en el último trimestre de 2023, por imperio de una decisión electoral del entonces ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa. Más que oportuna, la quita del impuesto a los trabajadores de la cuarta categoría de Ganancias fue, a todas luces, oportunista y aplaudida por todos los gobernadores que estuvieron en ese tiempo en el poder. Es verdad que modificó el humor social, pero hoy transmutó en una serie preocupación para las provincias. Por caso, si no se adopta tal medida, Tucumán resignaría este año unos $ 120.000 millones, el equivalente a dos planillas salariales mensuales brutas del sector público provincial. ¿Por qué el aumento de la cifra? Desde Hacienda explican que está relacionado con el proceso inflacionario.

Peor aún es la situación de otro endeudamiento, heredado de la gestión de Juan Manzur, que corresponde a las asistencias otorgadas a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial que, en días, caducará su vigencia. Si bien se expuso al ministro del Interior la necesidad de contar con un nuevo régimen que sustituya a aquel esquema o se cree otra figura, dentro de una quincena la provincia tendrá que hacer el primer desembolso, cercano a los $ 7.200 millones de la cuotaparte con la que se cancelará el compromiso con la Nación. En esta trama financiera, a la gestión de Jaldo se le irán otros $ 90.000 millones anuales, si Francos no responde al planteo que formularon varios distritos subnacionales. Esos son los otros condicionantes para apoyar las superleyes de Milei.

Tierra adentro

Durante la semana que pasó, el gobernador se encerró en el despacho con parte del equipo económico a definir qué pasará en el primer semestre con las finanzas públicas. “Vamos a estar muy ajustados, Osvaldo”, exclamó Abad al mostrar los números de las finanzas que se vienen. Las transferencias coparticipables sienten no sólo el peso de la falta de cobro de Ganancias y de IVA, sino también de la recesión. La actividad económica se está desinflando, en medio de un consumo que tiende a desacelerarse bruscamente, más allá que gran parte de la sociedad hoy está de vacaciones pero, al regresar, se encontrará con otro escenario económico. La canasta escolar se encareció al ritmo de la inflación de 2023 (alrededor del 210%), mientras se espera saber cuánto subirán las cuotas de los colegios privados. En un ala del Poder Ejecutivo se despertó la inquietud acerca de una eventual migración de estudiantes hacia las escuelas públicas. ¿Tendrán la suficiente capacidad para incrementar las matrículas de aquellos niños y niñas cuyos padres ya no pueden pagar una cuota en una institución privada? Por las dudas, las tareas de reparación de los establecimientos públicos están en marcha, más allá de los reajustes presupuestarios. El propio Jaldo ha dicho públicamente que ese ajuste no se iba a observar ni en educación, ni en seguridad, mucho menos en salud. La demanda en la atención hospitalaria es creciente para esta época del año. También en este aspecto habrá un éxodo de pacientes del sector privado al público. Las empresas de medicina prepaga han anticipado que este mes aplicarán un reajuste del 40% y es probable que esa tendencia se mantenga a lo largo del primer trimestre del año. Las tarifas de los servicios públicos privatizados también se subirán al colectivo de las actualizaciones de precios. Ninguna de ellas querrá aumentar menos del 100% de las tarifas actuales. El Gobierno nacional ha desregulado también esos precios. En este aspecto también desapareció el gradualismo.

Los intendentes del interior no escapan a las generales de la ley. Para firmar el “Acuerdo Fiscal Municipal” cada intendente deberá comprometerse a ajustar, en los próximos seis meses, sus gastos a un ritmo del 12% de los valores vigentes. Esa es la cláusula que Jaldo ha incorporado para desembolsar los casi $ 6.700 millones que se requieren en los municipios del interior para atender los compromisos salariales mensuales. Pero también habrá una revisión de los nombramientos y de las designaciones. La Casa de Gobierno no pondrá un peso más de lo que se concilie entre las Secretarías de Municipios y Comunas y de Hacienda con las áreas financieras de cada intendencia. Existe la presunción de que la mayoría de los jefes municipales aceptarán estas condiciones. Muy pocos quedarán fuera del pacto fiscal.

Por si estas fueran pocas preocupaciones en la gestión, en los últimos días se sumó el conflicto por la prestación del servicio de transporte público de pasajeros. En la Casa de Gobierno ya no quieren aportar recursos como un barril sin fondo. Las empresas argumentan que los aportes que reciben no les alcanza para prestar un servicio eficiente. La sociedad, mientras tanto, sigue preguntándose cómo es que empresas privadas deben sustentar su unidad de negocio con asistencias del Estado. Y el interrogante encuentra explicación en el valor del boleto en las distintas jurisdicciones. Por caso, un ranking que está circulando en las redes sociales y que se ha elaborado en base a un relevamiento en todo el país da cuenta de que el boleto más caro que se paga en ciudades más pobladas es en Pergamino (Buenos Aires), con una tarifa mínima de $ 500. Con los $ 230 que vale el boleto urbano, San Miguel de Tucumán es la ciudad donde más caro cuesta tomando en cuenta las grandes urbes del NOA. Está, además, $ 10 más abajo de lo que vale en Rosario y en Córdoba, con más población.

La última gota que rebasó la paciencia del usuario es la confesión de los empresarios que no sólo la Provincia debe hacer aportes para sostener el servicio, sino también cada una de las municipalidades. En la Capital, por ejemplo, no hay ninguna señal de que la intendente Rossana Chahla saque dinero del erario municipal para darle a las empresas. En el edificio de Lavalle y 9 de Julio se están analizando las sanciones que se aplicarán a aquellas que redujeron con fuerza la prestación del servicio. Mañana, varias serán notificadas oficialmente para que sus directivos hagan los descargos correspondientes. Los empresarios se defienden y señalan que la municipalidad capitalina no contempla, para este ciclo lectivo, la continuidad del Boleto Estudiantil. Chahla estudiará su aplicación. Heredó una deuda exigible y documentada de $ 4.300 millones de la gestión de Germán Alfaro. “Estamos concentrados a brindar los servicios que demandan los vecinos en este contexto de compromisos asumidos”, argumenta la jefa municipal. La provincia, en cambio, ratificó que sí se hará cargo del boleto estudiantil para beneficiarios del interior.

Tantos problemas necesitan de un acuerdo interjurisdiccionales. Por eso también esta semana será de definiciones.