Sedición policial: la teoría política se fue perdiendo con el correr de las audiencias

El ex jefe de Policía Jorge Racedo es el único funcionario que está sentado en el banquillo de los acusados. Fue el único de los imputados que realizó una larga declaración ante los tribunales. Su versión fue la de responsabilizar a los funcionarios políticos de la sedición que derivó en los saqueos de 2013.

Según repitió una y otra vez, los revoltosos comenzaron a organizarse el 8 de diciembre de ese año. También dijo que ese día, durante la noche, mantuvo una reunión con los responsables del área de seguridad en la cual solicitó autorización para tomar acciones y evitar que las cosas fueran agravándose, pero que nunca lo autorizaron.

Sus palabras fueron apoyadas por varios comisarios que pertenecían a la cúpula policial, es decir, los de mayor rango dentro de la fuerza. Hasta hubo uno que presentó un informe de inteligencia reservado que daba cuenta que se podría llegar a esta situación para reforzar las palabras de Racedo. Claro que ese trabajo (que no tenía firma de recepción) fue entregado por primera vez a la Justicia después de haberlo tenido guardado durante más de 10 años. Otros responsabilizaron de haber tomado decisiones que no les correspondían.

Por las audiencias desfilaron los ex funcionarios de Seguridad. El ex ministro Jorge Gassenbauer, el ex subsecretario César Nieva y el ex asesor José Sarmiento desmintieron la versión dada por el ex titular de la fuerza. Todos fueron coincidentes: Racedo era el único responsable de tomar las decisiones operativas y, en este caso, no lo hizo.

Al ser jueces en ejercicios y tal como lo establecen las normas vigentes, otros dos ex funcionarios respondieron las preguntas de las partes por escrito. Paul Hoffer se refirió a las manifestaciones como la causa por la que se alteró el normal funcionamiento de la policía de Tucumán. Además, explicó que esa situación, bajo su criterio, no podía haberse solucionado antes de que ocurriera debido a que las intenciones de los reclamantes eran otras. Tampoco le pareció previsible por las condiciones que tenía la fuerza policial en aquel entonces.

“La Policía de Tucumán estaba entre las tres mejores pagas del país en aquel momento. No había ninguna situación que amerite un reclamo de ese tipo”, comentó Hoffer. A preguntas sobre si buscaron alternativas de solución a los reclamos, dijo que “era un funcionario técnico, no político”. Sin embargo, agregó: “siempre estuvieron abiertos los canales de diálogo y de solución de conflicto”.

El cruce de versiones entre funcionarios policiales y políticos fue inclinándose con los testimonios de comisarios de menor rango. Leandro Herrera, por ejemplo, ratificó una y otra vez que él había ordenado apagar los equipos del servicio 911 y que no había recibido instrucciones de parte de Hoffer, como habían sostenido otros testigos.

Hubo otro testigo “estrella” en el debate. A días de haber asumido como jefe de Policía, Joaquín Girveau declaró. Sus palabras fueron clave. La frase que más repitió durante las tres horas y media que duró su testimonio fue: “se tendría que haber dado por finalizada esta manifestación antes de las 4 de la madrugada”. Según el comisario, la revuelta tendría que haberse sofocado el domingo a la noche, cuando el primer grupo de oficiales estaba comenzando a concentrarse. “Si antes de las 4 se armaba un equipo operativo con gente de Infantería, de la Brigada, se metía presos a los revoltosos y se acababa el problema. Cuando eran 50 o 60 ya era un delito, había que intervenir, rodearlos, identificarlos y meter preso a quien fuera necesario. Pero no se hizo eso, entonces llegaron los saqueos”, manifestó.

El tardío accionar no fue el único punto en el que el comisario discrepó respecto de la forma en la que se afrontó la situación. Para Girveau, no se tendría que haber permitido que los móviles fueran a la Subjefatura. “La decisión correcta era armarse operativamente e ir decididos a resolver el problema. No creo que haya sido correcto llevar los patrulleros a la Subjefatura porque así los móviles no pudieron cumplir su tarea de prevención; además los que habían quedado libres no funcionaban porque el sistema de comunicación estaba intervenido”, expresó.

Otra diferencia que destacó fue la decisión que tomaron los jefes de esperar e intentar negociar. “Hubo una reunión en la Escuela de Policía con los jefes. Nos organizamos ahí. Creí que iba a armarse un operativo cerrojo para cercar la situación. Lo que se dispuso es que salgan jefes a determinados lugares pero como secuestraban los móviles terminaban caminando. Personalmente lo hubiera manejado de una manera completamente distinta”, opinó.