Por Luis María Ruiz
13 Enero 2024
ARCHIVO LA GACETA
El secretario de Movilidad Urbana de la Capital, Benjamín Nieva, anticipó que el municipio está resuelto a avanzar con posibles multas millonarias contra la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) ante la reducción de los servicios dispuesta como medida de emergencia ante la crisis. “Fue una decisión unilateral y arbitraria de los empresarios”, argumentó a LA GACETA el funcionario municipal.
Ayer, las 14 líneas que recorren la ciudad comenzaron a operar con las restricciones anunciadas por Aetat. En simultáneo, se comenzó a implementar la suspensión de los choferes. Según la entidad privada, los ingresos que perciben por subsidios nacionales y provinciales es insuficiente, al igual que la recaudación diaria por los boletos; por ello, en la asociación de transportistas plantean que los municipios “se hagan responsables” y también aporten recursos para garantizar la continuidad del servicio.
Ante la disminución de los recorridos aplicada por Aetat (en algunos casos, de hasta el 70% de su frecuencia habitual), la intendenta, Rossana Chahla, ordenó que las reparticiones correspondientes efectuaran controles en el ámbito de la ciudad.
“Se aplicará todo el peso de la ordenanza número 400/79, que establece un sistema de sanciones a las empresas que hayan incurrido en faltas”, indicó Nieva.
El funcionario aclaró que la norma contempla castigos equivalentes al valor de entre 2.000 y 100.000 boletos mínimos; es decir, entre $ 460.000 y $ 23 millones. “No queremos llegar a esta situación y llamamos a la reflexión del empresariado., Sabemos que estamos en una situación de crisis, pero también atendiendo que las crisis se resuelven a través del diálogo y no con este tipo de medidas intempestivas”, señaló Nieva.
El titular de Movilidad Urbana aclaró que el objetivo del municipio es “garantizar que no se resienta la prestación del servicio”. “Se perjudica a los usuarios, que no pueden viajar en tiempo y forma a los distintos lugares a los que desean trasladarse”, sostuvo.
Además, se anticipó a la posibilidad de que la reducción de las frecuencias se extienda por tiempo indeterminado. “Todos los días que tengamos lamentablemente esta medida decidida por la Aetat, nosotros vamos a estar haciendo las inspecciones, documentando las infracciones y aplicando la ordenanza 400”, insistió Nieva. El área operativa de la Dirección de Transporte dispuso ayer que 15 inspectores se aboquen a cotejar la prestación del servicio.
“Se controla que la frecuencia no supere los ocho minutos, que es lo óptimo, y se ha detectado que hay demoras de hasta 40 minutos entre el paso de una unidad y la siguiente, lo que genera malestar entre los usuarios del transporte público”, sostuvo el coordinador técnico de esa repartición, Jorge Rodríguez Robledo.
Los tres “puntos testigo” utilizados para tomar nota del alcance de la medida de Aetat fueron Córdoba y Salta; Crisóstomo Álvarez al 400; y el cruce de avenida Avellaneda y Francia. “Son tres lugares estratégicos elegidos debido a que son paso obligatorio para las 14 líneas de ómnibus que recorren la Capital”, explicó Rodríguez Robledo.
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