La intervención, una opción en estudio para los entes culturales

La intervención del secretario de Cultura de la Nación, el productor de teatro musical porteño Leonardo Cifelli, en el Congreso de la Nación, ante las comisiones de Diputados que analizan la Ley Ómnibus que impulsa Javier Milei, generó fuertes reacciones.

El funcionario adelantó que tanto el Instituto Nacional del Teatro -INT- como el Fondo Nacional de las Artes -FNA- (cuyas eliminaciones están previstas en la norma en estudio) “pasarán a ser programas activos de la Secretaría”. Sus palabras pueden interpretarse como una reconfiguración de la idea original de suprimir ambos entes; en realidad, ese propósito es fuertemente resistido por numerosos parlamentarios nacionales de la UCR (figura con el “semáforo rojo” con el que esa bancada marcó las iniciativas que no apoyarán de la megaley) y algunos del PRO, aparte del rechazo masivo de la izquierda y del peronismo.

Incluso, una de las espadas más filosas del PRO, el diputado nacional Hernán Lombardi, en su intervención en el debate en comisión y frente al secretario, reivindicó que “el INT siempre estuvo muy bien administrado, con topes a los gastos administrativos”, refutando una de las críticas de La Libertad Avanza, aunque reconoció que “no es el caso del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), que destina el 66% a su burocracia”.

“La cultura es una herramienta de transformación, quizás la más potente, creadora de identidad, fortalecedora de los cambios y del dinamismo social. Queremos que el dinero le llegue a los artistas, no podemos eludir más ese debate, aunque hay muchos artículos por mirar”, agregó, en referencia a la iniciativa. Asimismo, sugirió que se implemente un sistema de mecenazgo privado “para agregar y no sustituir los fondos públicos” en apoyo de los realizadores, como viene haciendo desde hace años la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordó además que el año pasado, cuando se sancionó la prórroga por 50 años de los aportes específicos para la cultura, su bancada no apoyó la iniciativa: “era una enormidad de plazo, no ponía tope a los gastos administrativos e iba en contra de la innovación y del cambio”.

Una singularidad del debate realizado en la tarde del miércoles es que no hubo ningún integrante de la comisión de Cultura de la Cámara Baja presente por una simple razón: todavía no está constituida. Eso puede ser interpretado como otra traba para el tratamiento en el recinto de los artículos específicos, ya que podría no ser habilitado sin un dictamen del cuerpo puntual especializado en el tema, que debería pronunciarse previamente.

Intervención a la vista

Ante la muy probable inviabilidad de conseguir apoyo suficiente haría reformular la estrategia. En este momento, en el Gobierno nacional se estaría pensando en una intervención de las dos estructuras antes que en su supresión, lo cual puede ser considerado como un mal menor pero aún así complicado para su funcionamiento adecuado. En ese sentido, caerían todos los mandatos vigentes en el INT de sus representantes provinciales y de los miembros del Consejo de Dirección, mientras que debería definirse el futuro de otros cargos ganados por concurso, como los jurados de proyecto. Actualmente la institución no tiene Director Ejecutivo en funciones.

Otro aspecto que se estaría evaluando es que la derogación de las leyes de creación del INT y del FNA harían caer también sus fuentes de financiamiento propias (son entes autárquicos que se sustentan sin depender del aporte del tesoro nacional), por lo cual habría una recarga económica en las arcas centrales sin ninguna ganancia.

En el caso del INT, los recursos salen de un porcentaje de los premios que paga la Lotería Nacional; otro del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) surgido de los impuestos que se cobran a los medios de comunicación y un aporte de la recaudación directa de festivales, eventos y obras teatrales. En total, representan el 0,2% del presupuesto nacional, y se calcula que aporta un valor agregado anual del 1,8%, por lo que -según se afirma desde el sector en un video que circula en las redes sociales- “produce más de lo que se gasta”.

La sede central del INT en la Capital Federal (en el mismo edificio del teatro Regina) será destino hoy de un abrazo solidario de teatristas independientes, que convocan a su defensa y protección.

El grueso de los recursos del FNA surgen del Dominio Público Pagante (DPP), que consiste en un gravamen que se debe pagar por el uso de la obra de un autor nacional o extranjero que ha fallecido hace más de 70 años. Hasta entonces, ese derecho le corresponde a los herederos del creador, pero agotado el plazo de protección legal se paga el gravamen al erario público.

Los agentes recaudadores de esos fondos son Sadaic en caso de la música y Argentores en las representaciones teatrales. Si se suprime el FNA, podría caer además el DPP. En este momento, el Fondo está acéfalo.

En el caso del Incaa, objeto de fuerte cuestionamiento de parte del secretario, el proyecto de ley abunda en cambios y modificaciones que generarían reformas de fondo respecto a su funcionamiento actual, pero no su desaparición. Las agrupaciones del sector rechazan de raíz los cambios, pero el instituto sobreviviría con otro formato de conducción y gestión.

En ningún momento, Cifeli se refirió a las disposiciones que afectan fuertemente al Instituto Nacional de la Música (Inamu), a la industria del libro y editorial (incluyendo a los libreros independientes pequeños y medianos) ni a las bibliotecas populares. En el caso del Inamu, las actuales autoridades, su presidente Bernabé Buco Cantlón y la vice Charo Bogarín, tienen mandato por dos años más, aunque se reformaría sustancialmente su estructura de funcionamiento, financiamiento y gestión. Acerca de la industria editorial, los cambios mocionados pasan por eliminar la ley de protección al sector, que estipula entre otros aspectos la imposición de precio único fijado por las editoriales, lo que perjudicaría a pequeños y medianos emprendimientos (desde libreros hasta editores) y a la diversidad de oferta de títulos y nuevos autores. Y las bibliotecas populares perderían los fondos oficiales de apoyo para su funcionamiento gratuito en todo el país.

Rechazo

Una de las voces que criticó a Cifelli luego de su participación fue la de la Asociación Argentina del Teatro Independiente (Artei).

“Derogar la Ley Nacional del Teatro (24.800) que es fruto de una lucha histórica, representa una afrenta a la trayectoria teatral argentina reconocida mundialmente. Reemplazar el INT por vagas promesas de convertirlo en ‘programa’ contradice su federalismo y su transparencia de siempre, y si concretara, sería un programa absolutamente discrecional, dependiente del gobierno de turno y de los impuestos generales, de los que ahora no depende”, afirmó la organización.

“Reiteramos el llamado a legisladores y legisladoras a que no aprueben este retroceso cultural de más de 25 años. Desde nuestro lugar seguiremos sumando fuerzas y estrategias con todos los sectores afectados por este Proyecto de Ley para que no se concrete este avance autoritario”, agregó.