2023, el año en el que la inflación galopante condenó a la pobreza a la mitad de los argentinos

Tantos desequilibrios macroeconómicos acumulados a lo largo de los últimos años tuvieron un alto costo social. El gradualismo del gobierno de Alberto Fernández quedó de lado frente al shock que aplicó su sucesor, Javier Milei, que, apenas asumió la Presidencia, avaló la desregulación de la economía que arrancó con una devaluación del tipo de cambio oficial y continuó con un sinceramiento de los precios que, hasta ahora, no se detiene. Una clara muestra de ese proceso ha sido el incremento del valor de las naftas que se ubicó en un rango similar a la evolución del dólar oficial. En el medio hubo aumentos de precios por efecto de la nueva realidad económica, pero también otros con tintes especulativos.

En el electoral año 2023, la Argentina coqueteó con la hiperinflación, en un escenario de creciente emisión monetaria con la que se financió gran parte de la campaña del anterior oficialismo encarnado por Unión por la Patria y que propuso al ministro de Economía de Alberto Fernández, Sergio Massa, como candidato presidencial. Las aspiraciones del peronismo quedaron en el camino el 19 de noviembre, cuando cedió en el balotaje frente al economista libertario. La sociedad compró el discurso de Milei que hoy se corporizó en el megaDNU y en las “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más conocida como ley ómnibus. El plan de ajuste está en marcha, aunque a la actual gestión le está costando conseguir las voluntades necesarias para ser aprobado en el Congreso de la Nación.

Una inflación tan alta tuvo sus costos sociales. El Observatorio de la Deuda Social de la Argentina, dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA) ha calculado que la pobreza cerró 2023 con una tasa del 44,7%, y que afecta a alrededor de 20 millones de habitantes. Pero el panorama socioeconómico argentino puede ser más duro: el índice de pobreza llegaría al 49,1% si no tuviera la contención de la Asignación Universal por Hijo y otros programas sociales y pensiones no contributivas. En otras palabras, casi la mitad de la población argentina no puede reunir los casi $ 450.000 mensuales que una familia tipo requiere para no caer en esa condición social. En el país hasta los trabajadores son pobres. Aún con un salario, al menos un cuarto del total de asalariados debe salir a buscar otro empleo porque la plata no le alcanza para llegar a fines de mes. Y el panorama de los próximos dos meses no son para nada alentadores. De acuerdo con las proyecciones oficiales y de las consultoras privadas, la inflación puede promediar el 30% mensual. Sucede que los incrementos de precios continuarán y que en este período veraniego el Gobierno autorizará a que las empresas de servicios públicos privatizados incrementen sus tarifas, pisadas por la gestión anterior. Lo peor es que los pedidos formulados por las compañías distribuidoras de esos servicios han solicitado un aumento cercano al 200%. En este aspecto, el Gobierno -a través de sus entes reguladores- tendrá la última palabra respecto de la aplicación de los reajustes en las facturas que desde febrero llegarán con los nuevos precios.

La clase media está cada vez más empobrecida; los pobres tratan de evitar ser más pobres y caer en la indigencia. Ya no habrá subsidios y acceder a un beneficio de esta naturaleza puede ser una verdadera odisea. El verano suele actuar como una anestesia mientras se realiza la cirugía mayor. Un sector de la población está de vacaciones tratando de olvidar, por algunos días, las preocupaciones cotidianas del “no me alcanza la plata”.

En la segunda mitad de febrero volverán las discusiones. Los gremios querrán recuperar parte del poder adquisitivo perdido frente a tanta inflación. En el medio, los empresarios no sabrán qué hacer por la recesión que causa la indisponibilidad de recursos. El dinero quema en las manos y no llega al bolsillo. El ahorro ha desaparecido porque la moneda nacional no es confiable. El dólar está caro y no hay opciones para conservar el capital. La Argentina transita el camino del ajuste. La incertidumbre pasa por establecer hasta cuándo durará ese proceso.