"Llegó el momento de que los municipios se hagan responsables", afirman en Aetat

La crisis del transporte recrudeció las tensiones entre el sector empresario y la Municipalidad de la Capital, en medio de los anuncios de reducciones en los recorridos y de suspensión de choferes. 

Este jueves, directivos de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) se reunieron con los referentes de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) para comunicar las restricciones dispuestas para afrontar este complejo escenario.

Tras el encuentro, los propietarios de las líneas de ómnibus ratificaron que a partir de este viernes comenzarán a operar bajo una modalidad denominada "de emergencia" en el ámbito de San Miguel de Tucumán, con la posibilidad de extender las restricciones al resto de los distritos de la provincia en caso de que no surjan alternativas de financiamiento para hacer frente a los incrementos en los costos operativos.

Además, en paralelo, en Aetat respondieron la advertencia que había formulado el secretario de Movilidad Urbana de la Capital, Benjamín Nieva, respecto a los controles y eventuales multas que se llevarán adelante a partir de mañana, por considerar que la reducción de los servicios anunciada por los empresarios contraviene las normativas vigentes. 

El directivo de Aetat, Jorge Berretta, indicó a LA GACETA que la disminución en las frecuencias había sido comunicada en la reunión celebrada el martes, en la sede de 9 de Julio y Lavalle. "Habíamos dicho a la intendenta Rossana Chahla y a su equipo que, ante la falta de respuestas y como consecuencia de la crisis económica, íbamos a reducir los servicios y a suspender personal", sostuvo.

Además de considerar que las empresas sí habían anticipado las medidas de urgencia al municipio, Berretta añadió que "la Municipalidad está adeudando recursos al Fondo de Transporte". "Son $70 millones que debe al sistema, de los cuales $40 millones corresponden a Metropolitana SA. Son recargas virtuales que nunca depositaron", reprochó.

En esa línea, Berretta insistió con que "los empresarios hicimos todos los esfuerzos" para sostener la continuidad del servicio. "Llegó el momento de que no sólo la Provincia aporte al sistema de transporte público, sino también de que cada municipio se haga responsable en su jurisdicción", añadió.

El directivo de Aetat aclaró además que, si bien UTA se expresó en desacuerdo con la suspensión de choferes -en línea con la reducción de los servicios-, en este escenario "están en juego muchas fuentes de trabajo". "Estamos a un paso de que se paralicen los servicios por el nivel de endeudamiento y la falta de insumos para funcionar", planteó. 

Por último, sostuvo que por ahora no se concretaron reuniones con representantes del Gobierno provincial, aunque "se va gestionar una audiencia" ante este nuevo conflicto en el sector.

Una crisis de arrastre

El transporte público atraviesa varios años de crisis. De hecho, en 2018 se sancionó una ley que declara el estado de emergencia en esta materia, y posibilita el envío de aportes por parte del Estado provincial a las empresas nucleadas en Aetat. A través de este sistema, en diciembre se giraron en total $1.000 millones en subsidios por parte del erario. Los empresarios aseguraron en reiteradas ocasiones que, sin esta asistencia, no se hubiese podido sostener el servicio en todo este tiempo.

En simultáneo, las firmas del interior del país cuentan con los recursos girados por la Nación a través del fondo compensador por las tarifas. Este mecanismo está siendo revisado por el gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza), ya que el modelo implica un subsidio a las empresas, y no a los usuarios. Según la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), el régimen aplicado es "inequitativo", puesto que la mayor parte de los subsidios se destina a las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que el resto de las jurisdicciones del país reciben una porción menor de los fondos destinados a compensar las tarifas.

El tercer ingreso con el que cuentan los empresarios de este rubro son los boletos que abonan los pasajeros. En Tucumán, el último incremento fue otorgado en diciembre pasado. El Concejo Deliberante de la Capital aprobó por unanimidad una suba cercana al 90%. Así, el mínimo pasó de $120 a $230. Según el estudio de costos elevado por Aetat a los ediles, el valor debería haber sido superior a los $606.

Los empresarios sostienen que la sumatoria de estos recursos (subsidios nacionales, aportes provinciales y los boletos que abonan los usuarios) no alcanzan para cubrir los salarios de los trabajadores y los costos operativos. En este marco, plantearon distintas alternativas -como exenciones impositivas en el ámbito provincial, el ajuste automático trimestral en el boleto, un refuerzo en las compensaciones nacionales o la posibilidad de que los municipios también giren fondos-, pero hasta el momento no asoma en el horizonte una solución definitiva y de fondo para la crisis en el transporte.