Por Marcelo Aguaysol
11 Enero 2024
La crisis se siente en todos los ámbitos. El ajuste o las medidas de austeridad se replican en todos los órdenes del Estado. La Nación ha decidido aplicar un plan de shock económico para bajar el déficit fiscal y esto obligó a las provincias a contener las erogaciones porque, según el presidente, Javier Milei, “no hay plata”. Lo mismo pasa con los municipios. Tucumán se ha subido al tren de los recortes y, en el último mes, logró ahorrar unos $ 12.000 millones por la eliminación de áreas, la baja en contratos políticos de personal y hasta de asesores de gabinete. El gobernador, Osvaldo Jaldo, entiende que los intendentes están en condiciones de hacer ese sacrificio en el nuevo escenario económico y financiero que se le presenta a la Argentina. En esa orientación, el Poder Ejecutivo ha decidido avanzar con el “Acuerdo Fiscal Municipal” con el que ofrecerá a los intendentes la posibilidad de acceder a un sistema de financiamiento para el pago de los sueldos, pero que -al mismo tiempo- les obligará a bajar los gastos considerados superfluos y a incrementar los ingresos.
En diálogo con LA GACETA, el gobernador ha detallado los tres lineamientos centrales del nuevo pacto fiscal municipal:
• El primer objetivo del acuerdo que se firmará, voluntariamente, con cada intendente es sostener la regularidad en el pago de los sueldos a los empleados municipales, con cesión de fondos coparticipables (nacional y provincial), además del Fondo para el Desarrollo del Interior. “Este acuerdo será rubricado por todo aquel que quiera adherirse. El fin último es sostener la paz social”, dijo.
• La Provincia ofrece a los municipios la posibilidad de firmar acuerdos de reciprocidad con la Dirección General de Rentas y otras reparticiones provinciales, con el fin de apuntalar la recaudación en cada distrito. “Esto le dará una mayor eficiencia tributaria y un acceso a una base más amplia para identificación de nuevos padrones inmobiliarios. Con esos fondos, cada intendente podrá encarar obras”, manifestó el gobernador.
• Como todo acuerdo, se estipulan condiciones. En este sentido, aquellos que decidan firmar el “Acuerdo Fiscal Municipal” tendrán que hacer un esfuerzo para reducir gastos, ya sea con la eliminación o fusión de áreas, tal como lo hizo el Ejecutivo, o aplicar estrategias financieras que impliquen un menor costo para la administración municipal.
La revisión de metas, según explicó el mandatario provincial, se hará de manera semestral. En ese sentido este acuerdo, que comenzaría a tener vigencia en febrero, se aplicará al período comprendido entre enero y junio de este año. Luego se hará una evaluación sobre el cumplimiento de las metas. “La Provincia ha dado una señal de que es posible aplicar un plan de austeridad, de tal manera de no caer en déficit fiscal”, indicó Jaldo. En este sentido, explicó que en el primer mes de vigencia de las medidas, el Poder Ejecutivo pudo alcanzar un ahorro de $ 12.000 millones, que sirvió para financiar mejorar salariales a empleados públicos, además de reducir la exposición ante el Banco Macro, agente financiero de la Provincia, con el uso del giro al descubierto para arrancar el cronograma salarial. Jaldo mantuvo ayer un prolongado encuentro con el ministro de Economía, Daniel Abad, con el titular del Interior, Darío Monteros, y también con al tesorera general de la provincia María Teresa Clemente de Guevara, con quienes proyectó lo que puede suceder con las finanzas en el primer semestre del año.
Los gestos adustos de los funcionarios marcaban que, mientras no haya pautas claras desde el Gobierno nacional, la Provincia tendrá que restringir al máximo los gastos, de tal manera de atender, en tiempo y en forma, el pago de los sueldos a todos los estatales. Este año, el Gobierno requerirá unos $ 60.000 para saldar mensualmente las remuneraciones estatales. Otros $ 6.600 millones se disponen para que los intendentes paguen los sueldos.
Las dificultades para aclarar el panorama financiero de la provincia están dadas por la falta de respuesta de la Nación a la reversión de las transferencia coparticipables por el impuesto a las Ganancias. Si se mantiene la quita a la cuarta categoría de trabajadores de ese impuesto, Tucumán dejaría de recibir este año unos $ 70.000 millones. Otro compromiso que hasta ahora no ha encontrado resolución es la deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Este año se disuelve ese fondo y, por eso, Tucumán debe abonar a razón de $ 7.000 millones mensuales hasta diciembre por la cuotaparte de los créditos otorgados durante la gestión anterior. Por eso también esperan novedades desde la Casa Rosada.
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