10 Enero 2024
En el marco de la preocupación por el impacto del Proyecto de Ley Ómnibus presentado por el ejecutivo nacional, representantes del Instituto de Promoción del azúcar y alcohol de Tucumán (IPAAT), perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía y Producción, participaron activamente en reuniones con los bloques "Hacemos Federal" y "Unión por la Patria" en el Congreso Nacional.
La delegación, encabezada por el Vicepresidente del Ipaat, Bernabé Alzabe, el Director Ricardo Veliz y el Gerente del Ipaat, Jorge Etchandy, se centró en informar a los diputados nacionales sobre las consecuencias que la aprobación del proyecto de ley podría acarrear para la provincia de Tucumán, especialmente en lo que respecta a la regulación del mercado del azúcar.
En particular, los representantes del Ipaat hicieron hincapié en la importancia de no derogar la Ley 25715, que regula el mercado del azúcar, y solicitaron la no modificación de la Ley 27640. Argumentaron que cualquier alteración en estas leyes podría tener graves repercusiones para el sector sucroalcoholero de la provincia, afectando el cultivo de caña de azúcar, la producción y el empleo de numerosos tucumanos.
En las reuniones, que contaron con la participación de agremiaciones y cámaras productoras de biocombustibles a nivel nacional, se logró un consenso unánime entre los bloques de diputados presentes. Estos se comprometieron a respaldar la postura del IPAAT, reconociendo los perjuicios potenciales que podría traer consigo la aprobación del Proyecto de Ley tal como se presenta actualmente.
El IPAAT fue invitado por los bloques "Hacemos Federal" y "Unión por la Patria" para abordar las preocupaciones del sector sucroalcoholero y de biocombustibles en relación con las leyes 25.715 y 27.640. Durante las discusiones, se destacó la difícil situación socioeconómica y productiva que surgiría de aprobarse ambas iniciativas.
Como resultado de estas reuniones, se llegó a la conclusión de que la única alternativa viable sería no aceptar la derogación de la Ley 25.715 y no modificar los artículos de la Ley 27.640. Se argumentó que no existen necesidades ni urgencias que justifiquen la revisión de estas normativas.
Al cierre de las discusiones, se enviaron proyectos de nuevas modificaciones a las leyes mencionadas, los cuales están siendo analizados por todas las partes involucradas. La situación sigue siendo objeto de atención y seguimiento por parte de los sectores afectados y los legisladores.
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