Urge reducir la violencia y evitar las peleas juveniles

Apenas el año estrenó sus primeras luces el crimen de Tomás Tello las apagó intempestivamente. El asesinato del joven de 18 años durante los festejos de Año Nuevo, conmocionó a los vecinos en la costa atlántica y al país. Trajo con velocidad a la memoria el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa, que dentro de algunos días cumplirá cuatro años. La muerte encontró a los dos chicos de idéntica manera: en manos de una patota de violentos.

Este fin de semana hubo avances en la causa por la muerte de Tello en Santa Teresita y se supo que hay otros tres detenidos que se suman a los diez que ya estaban en prisión. Se los acusa de ser partícipes necesarios en el crimen, según informaron fuentes judiciales. Los medios de comunicación siguen a diario las novedades del caso, la opinión pública se escandaliza ante los detalles, morbosos y dolorosos de su muerte y la justicia hace desfilar por los pasillos de los tribunales a abogados, acusados, testigos y familiares destrozados.

“Nos acorrala el miedo. Un miedo nuevo que se traduce en las impresionantes imágenes del nuevo asesinato signado por una forma violencia que ha elegido a los jóvenes como víctimas”, analizó hace algunos días Graciela, la mamá de Fernándo Báez Sosa. “Tenemos miedo de que la justicia se vea avasallada. Y que la peor de nuestras pesadillas se haga realidad, ver a los asesinos en libertad”, cerró en un comunicado que hizo público tras conocerse que a casi un año del fallo de los jueces que dictaron la cadena perpetua a los ocho acusados, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense debe resolver si confirma o modifica esa sentencia.

La tristeza de la mamá de Fernando es la impotencia del padre de Tomás Tello, que amenazó con hacer justicia por manos propias y que además denunció a funcionarios del partido de la Costa. “Yo estoy muerto, si la justicia no actúa lo voy a hacer yo”, anticipó. Ojalá no sea necesario. Una sociedad que toma esa determinación es un pueblo que desconfía de las políticas judiciales, de la seguridad que debe brindar el Estado y de sus pares. La “justicia por mano propia” nunca es justicia. Ya lo dicen los especialistas, ese accionar está más cerca de la venganza que de un castigo justo.

Tucumán sabe de ello, porque tristemente tiene episodios violentos para recordar. En octubre de 2020, luego de la muerte de la niña Abigail Riquel, los vecinos y familiares buscaron durante días al sospechoso. Cuando lo encontraron, una patota lo linchó hasta matarlo. No hubo justicia, hubo venganza aquella vez porque para las autoridades judiciales el crimen quedó impune. ¿Qué aprendimos? Hubiese sido bueno que ese episodio nos haya enseñado como sociedad que no son los caminos correctos y que por lentos que sean los procesos, la violencia nunca debiera ser una alternativa. Pero son diarias las noticias que cuentan como los vecinos detienen y golpean a un ladrón. Es igual de frecuente leer partes policiales en los que luego de feroces peleas, alguien termina muerto-a veces es un joven como Tomás Tello o Fernando Báez Sosa- otras son mujeres, salvajemente atacadas. También niños.

Estados Unidos tuvo que esperar cien años para convertir el linchamiento en un crimen de odio juzgado en todo el país. Durante ese tiempo, fueron cerca de doscientos los intentos para su aprobación en el Senado. Ahora, la nueva ley permite procesar el hecho como delito cuando existe una conspiración para ejecutarlo y conduce a “lesiones corporales graves o la muerte”, dice el texto que lleva la firma del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

En nuestro país el linchamiento no existe como una figura legal. De acuerdo a como se juzgue, puede tratarse de un homicidio en riña o un homicidio agravado. De cualquier manera la sociedad espera Justicia y el cumplimiento efectivo de las condenas. Sería bueno que los familiares de las víctimas se sientan seguros y no “acorralados por el miedo” como Graciela Sosa, mamá de Fernando ante la posibilidad de que los culpables salgan en libertad.