08 Enero 2024
PRENSA LEGISLATURA
El Congreso de la Nación será el ámbito para el debate de la ley ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei (La Libertad Avanza). Pero la intención del Gobierno nacional de eliminar las restricciones para la importación de azúcar y de modificar la ley de biocombustibles generó reacciones en la Legislatura de Tucumán.
Representantes de la bancada peronista y de los bloques de la oposición formalizaron iniciativas que expresan su rechazo a las medidas que promueve la administración libertaria.
El PJ, a través de un proyecto de resolución, expresó “su más enérgico repudio al intento de destrucción de la actividad azucarera”. “Será un golpe irreversible para más de 60.000 trabajadores de la industria madre”, sostuvieron el jefe del bloque oficialista, Roque Tobías Álvarez, y los justicialistas José Fernando Orellana y Javier Noguera, entre otros firmantes.
Recordaron a su vez que estos empleados forman parte de la mano de obra de 19 ingenios en Tucumán, donde a su vez están radicados unos 6.000 productores cañeros independientes.
Ante este escenario, invitaron a los diputados y senadores nacionales por Tucumán a votar en contra de liberar la importación de azúcar, y a expresarse a favor de “la preservación de la producción y del mercado interno”. Además, cuestionaron los cambios que se pretende introducir sobre la Ley Nacional de Biocombustibles.
Una mesa de trabajo
En paralelo al PJ, legisladores de la oposición firmaron un proyecto para crear una comisión especial de defensa de la industria azucarera y de bioetanol. La intención es que esta mesa de trabajo incluya “a toda la cadena productiva y de comercialización” que forma parte del sector, como la Federación Económica de Tucumán y la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (Fotia), entre otras entidades.
El espíritu de esta comisión, según el texto, es “proponer medidas alternativas a los proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional”; además de efectuar “un seguimiento respecto a las disposiciones relacionadas con esta actividad, elaborando y remitiendo informes trimestrales”.
Los impulsores de la propuesta (los radicales José Cano, Agustín Romano Norri y Silvia Elías de Pérez, y el alfarista Alfredo Toscano) consignaron que se han cumplido “56 años del cierre de 11 de los 27 ingenios tucumanos, provocado por el gobierno del dictador Juan Carlos Onganía”. “Esto trajo miseria y destrucción de nuestra economía, y tuvo como secuela la emigración de unos 250,000 comprovincianos”, recordaron.
Tras hacer un repaso sobre la situación del sector en la actualidad, pusieron el foco en la ley ómnibus que promueve Milei. “Hoy sufrimos nuevamente la posibilidad de que las políticas del actual Gobierno nacional nos ocasione un grave daño económico y social. El paquete de leyes vinculadas a la producción azucarera y de bioetanol, remitida por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, lesiona nuestra Industria madre y en consecuencia se hace necesario una férrea defensa de la misma en toda su cadena productiva”, aseveraron.
Sostuvieron que, de liberarse la importación de azúcar, se generará “un golpe para una cadena de valor integrada por 19 ingenios, 16 destilerías de alcohol y 6.000 productores cañeros independientes, que emplean en forma directa a 57.355 trabajadores, y una vasta red de proveedores, fraccionadores y distribuidores”.
En otro párrafo, alertaron que la modificación sobre la Ley de Biocombustibles “quebraría un régimen que tiene previsto, por ley, hasta 2023, por lo que se afecta la seguridad jurídica con que se realizaron inversiones y se desarrolla la producción de bioetanol de caña de azúcar, puntal decisivo del sostenimiento económico de la actividad azucarera”.
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