¿Qué pasará si cambia la ley de salud mental en Tucumán?

Escuchar sobre salud mental se ha vuelto más usual, sobre todo después de la pandemia y el encierro provocado por la larga cuarentena. Quizá sin demasiada profundidad entre quienes poco conocen sobre el trasfondo del tema, pero la preocupación sobre la aparición de padecimientos mentales se mira con mayor atención. Al menos se habla sobre ello y de a poco va dejando de ser un motivo de vergüenza. El abordaje de la salud mental es profundo y sensible para las familias de pacientes con alguna patología relacionada grave y más aún después de conocerse que el presidente, Javier Milei, intenta introducir algunas modificaciones a la Ley 26.657.

La llamada Ley Ómnibus enviada al Congreso por el mandatario libertario incluye entre sus más de 600 artículos un apartado que se concentra en cambios significativos de la Ley de Salud Mental. Por ejemplo, propone el regreso de los manicomios y hospitales monovalentes, simplificar los mecanismos para la internación no voluntaria y reconsidera el rol del órgano revisor.

Apenas conocidos estos aspectos se han oído voces a favor y en contra. Algunas, desde la experiencia y otras, sesgadas ideológicamente. De cualquier manera el debate está planteado y más allá de la discusión el interrogante que se abre es ¿debería ser aprobada esta norma? o ¿debería haber funcionado la existente? Lo primero es cosa del futuro, pues aún ni siquiera han tratado el tema los diputados y senadores. Pero, hagamos un poco de memoria. La actual Ley de Salud Mental se reglamentó tres años después de su sanción, en 2013. En ese entonces se dispuso que 2020 sería la fecha límite para que el Estado cumpliera con ciertas pautas. De acuerdo con un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia-en base a datos de acceso público- hay una decena de obligaciones estatales incumplidas a casi 15 años de la aprobación.

Mónica González, directora de Salud Mental de la Provincia, mira con cautela el proyecto aunque reconoce que Tucumán se encuentra en emergencia. “Tenemos un aumento grande de las consultas por internación y la respuesta es a veces limitada. Intoxicaciones, consumo severo de sustancias, intentos de suicidio, trastornos depresivos graves son algunas de las causas frecuentes por las que se acude a las guardias de hospitales y centros de atención primaria de la salud”, relata González.

“Actualmente se están realizando acciones para la prevención y atención de urgencia en diferentes efectores de salud”, agrega. Y aclara: “No estoy de acuerdo con el DNU, sobre todo en cuanto a la evaluación para internación, permanencia y alta de los pacientes. Considero que debe ser responsabilidad del equipo de profesionales tratantes y no una indicación de la Justicia”.

20 años en el limbo

Lo que la especialista describe como profesional es lo que Lucinda (pidió no revelar su apellido), madre de dos chicos con esquizofrenia, vive del otro lado. Como familia transita desde hace casi 20 años en un limbo. “La salud mental no es un tema que se tome en serio”, reflexiona. Su problema es grave y crítico porque la patología de sus dos hijos no es de simple abordaje. En más de una oportunidad debió internarlos y hace malabares para conseguir los medicamentos para estabilizarlos. Lucinda se levanta a las cinco de la mañana y camina desde La Banda del Río Salí hasta el Hospital Juan M. Obarrio, a veces para pedir remedios y otras para visitar a sus hijos, cuando a raíz de un brote, deben ser hospitalizados. “Como mamá, pido en nombre de todas las mujeres en mi situación tener una atención más ligera. Y que no nos discriminen”, suplica. Es que ha tenido que ver en los ojos de los médicos el miedo, cuando ante un episodio de urgencia corrió a un hospital común a pedir ayuda. “Solo nos han podido ofrecer un ibuprofeno. Cuando les cuento que están con un brote y que tienen esquizofrenia hacen dos pasos para atrás y me preguntan ¿están medicados?”, cuenta con resignación. Y a veces puede medicarlos pero otras no. Comprar los remedios le sale 300.000 pesos por cada hijo. Ella vive de changas porque divide su tiempo entre el cuidado de ellos y el trabajo que necesita con urgencia. Para Lucinda, sus chicos sólo están a salvo con ella. “La he pasado muy mal con ellos internados. Cuando tienen brotes no los pueden contener y simplemente los duermen”, agrega. Por eso, pensar en el regreso de los hospitales monovalentes de salud mental genera preocupación.

El caso de Gladys del Valle es similar. Su hermano Jorge padece esquizofrenia hace 30 años. Ella es miembro del Foro Federal creado en Buenos Aires para hacer cumplir los cambios previstos en la ley vigente. “La ley no es el problema, es la falta de implementación, presupuesto y la irresponsabilidad de funcionarios públicos que no cumplen con su trabajo como deben”, denuncia. “La salud mental es una carrera de obstáculos”, cierra. Gladys, como familiar, ha recorrido hospitales y centros de internación. Integra además la Asociación Argentina de Ayuda a la Persona que padece Esquizofrenia y a su Familia (APEF). “Algunos hospitales públicos están preparados, otros se van adaptando, pero la mayor parte del presupuesto se destina a los monovalentes o manicomios. Conozco muchos casos y la mayoría son relatos muy feos y de maltrato”, explica.

Manicomios, una mala palabra

El artículo 27 de la ley vigente prohíbe expresamente la creación de nuevos neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, ya sean públicos o privados. Pero dispuso el cierre de los existentes o su transformación en polivalentes. El Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, que se realizó en 2019, es el último registro sobre el tema y reveló que aún existen 162 instituciones monovalentes públicas y privadas y hay 12.035 personas internadas en todo el país. El censo verificó que pasan en promedio 8,2 años internados y se eleva a 12,5 en el caso del sector público.

Hasta ese entonces, solo siete instituciones habían presentado programas de trabajo para adecuar hospitales monovalentes y adaptarlos a la normativa. La Ley preveía que debía realizarse un censo cada dos años, pero tampoco se hizo.

En Tucumán hay tres hospitales públicos y dos centros privados que atienden a pacientes con problemas de salud mental: Obarrio, Del Carmen y Las Moritas. El Corbalán y la Clínica de Reposo del Noroeste son privados.

“No estoy de acuerdo con el uso de la palabra manicomio, me parece adecuado llamarlos clínicas de psicopatología. Creo que ese término es extemporáneo y no contempla la realidad del trabajo realizado en aquellos espacios. Estos centros cuentan con un abordaje interdisciplinario en sus tratamientos que permiten evaluaciones más amplias del paciente. Hay un trabajo en equipo y apunta a lograr la autonomía del mismo”, explica González.

La ley había dispuesto en 2010 que debían elaborarse planes de apoyo para el reacondicionamiento o ampliación de los hospitales generales para que sumen los servicios de salud mental. González informa que hay guardias en los hospitales del Carmen, Obarrio y Padilla. “Además brindamos atención ambulatoria en hospitales”, añade. Pero, los profesionales de la salud consultados, incluso familiares, dicen que son deficientes y que falta capacitación al personal.

“El servicio de salud mental es insuficiente para toda la provincia, porque no cubre la atención para el interior, por ejemplo. Las consultas por internación siguen en aumento y no hay disponibilidad de camas. Creo que ha habido desinterés e inexperiencia en el tema”, opina el psicólogo Roberto González Marchetti,

Coincide Miriam Figueroa, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Tucumán, que considera auspicioso el proyecto de Milei. “Veo una buena intención detrás de estas modificaciones que propone”, anticipa. Piensa que un cambio importante será la internación involuntaria, en especial cuando se trata de chicos con problemas de adicciones.

Internación involuntaria

La norma vigente de salud mental define la internación involuntaria como “un recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles abordajes ambulatorios y que sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para esa persona o para terceros. Las internaciones involuntarias deben ser lo más breve posible y estar continuamente supervisadas”. Pero, como planteó hace unos años atrás Marina Charpentier, mamá del cantante Chano y además trabajadora social, “una persona adicta tiene su voluntad tomada por la sustancia y no puede decidir con su sano juicio qué es lo bueno y lo malo para él”.

El tema ha sido ampliamente discutido y el problema radica en la necesidad de mayores recursos para garantizar el correcto cumplimiento de lo establecido por la ley. “La internación no cura, es parte de un proceso terapéutico que contempla otros mecanismos y depende del caso”, dice Emilio Mustafá, psicólogo social y especialista en el tema adicciones por su trabajo durante años junto a niños y jóvenes con esa problemática.

Su mirada es opuesta y muy crítica sobre las modificaciones que plantea Milei. “Es importante diferenciar un proceso de desintoxicación a una internación. La internación es necesaria en un solo momento del tratamiento, pero la mirada debe ser más amplia e integral. Creo que se corre el riesgo de ir hacia un concepto punitivista, que le otorga mayor injerencia al poder judicial sin antes resolver asuntos medulares como el presupuestario. Creo que es un error intentar introducir estos cambios por decreto sin un debate previo”, enfatiza.

Órgano revisor

El nuevo esquema que se propone excluye la participación del Estado, por lo que el órgano revisor quedará integrado solo por profesionales de diversas áreas. Especialistas advierten que tal cambio puede tener implicancias serias en la forma en que se abordan los asuntos relacionados con la salud mental. En los hechos, son pocas las provincias en las que ha funcionado un órgano de estas características, cuyo objetivo era proteger los derechos de los usuarios de los servicios de salud mental y velar por el cumplimiento de la ley.

Según datos del censo de 2019 hay 12 jurisdicciones que aún no crearon sus órganos de revisión, entre ellas Tucumán. Además son escasas las jurisdicciones que cuentan con cuerpos de abogados especializados en salud mental y derechos humanos. “En Tucumán nunca se pudo conformar, quizás por ineptitud o desinterés a pesar de que se han presentado numerosos proyectos en la Legislatura”, afirma González Marchetti.