Enfoques económicos de las reformas políticas

Los políticos son empresarios, los partidos son empresas y los votantes son consumidores. Esta mirada aplica la idea de un mercado organizado para alinear los intereses de oferentes y demandantes. Entre otros elementos, se logra con libertad para ambas partes y capacidad de selección para los demandantes. Con ese enfoque es posible analizar qué impulsa el gobierno nacional como reformas políticas; aunque la política no es economía, ver los incentivos ayuda.

La libertad de los oferentes implica poder innovar en organización, en productos, en mercados por abordar. Para los demandantes lo esencial es poder seleccionar entre varios oferentes, lo que requiere información para detectar aciertos, errores y responsables y oferentes suficientes para expresar su evaluación en premios y castigos. Aquí aparece la idea de mercados desafiables, es decir, que sea fácil entrar a competir. La amenaza potencial puede servir igual que la real para disciplinar a los empresarios.

Ahora bien, de la iniciativa oficial se tomarán tres partes: boleta única, selección de candidatos y representación. La primera (proyecto anterior con media sanción) haría que todos los partidos aparezcan en un solo papel y el ciudadano marque la casilla de su preferencia para las diferentes categorías. A favor, desaparece el peligro del robo de boletas de partidos sin fiscales suficientes, ayudando a una mayor competencia, y se ahorra en papel pues no haría falta que cada partido imprima millones de boletas para repartir en campaña y reponer en el cuarto oscuro.

En contra: un número grande de partidos complicaría su uso; definir la ubicación de cada uno (se tiende a ver sólo los primeros lugares de una lista); no aparecería el total de los candidatos por partido. Respuestas: en las elecciones nacionales suelen participar pocos partidos; el orden de lista puede determinarse por sorteo; con el sistema actual pocas personas conocen a todos los candidatos.

Para la selección, dentro de la “ley ómnibus” se propone eliminar las Paso. La pregunta económica sería si el gobierno puede meterse en la función de producción de una empresa. La respuesta sería que sí, hasta cierto punto. Por ejemplo, prohibir métodos contaminantes o impedir la explotación de trabajadores. Pero no podría definir al detalle cómo y qué producir. No sería legítimo ni útil. En particular no debería imponer que los consumidores decidan directamente la política de la empresa. Hacerlo trabaría la innovación. El empresario debe detectar qué necesita el consumidor, definir cómo atenderlo y exponerse al mercado.

Con los partidos es similar. Sus dirigentes y afiliados, con su manera de ver el mundo, priorizarán lo que creen son las necesidades de la sociedad y definirán políticas y candidatos que puedan atenderlas mejor. ¿Por qué obligar a quienes no se sienten identificados con un partido a decidir qué ofrecerá éste en las elecciones?

Se dice que las Paso alientan la participación cívica. Es dudoso. Votar bajo coacción no es una muestra de civismo. Sí podría esperarse que los candidatos surgidos de un proceso interno de selección sean mejor muestra de la identidad del partido que actualmente.

Por último, la representación, parte del ómnibus. Tres elementos son importantes. Uno, adecuar el número de diputados por provincia al último censo. Pero cuidado. Lo usual es pensar en dividir la población en la base de representación (un diputado cada 161.000 habitantes), lo que aumentaría el número total de legisladores. Pero según la Constitución también podría subir la base, lo que mantendría el número total.

Otro, eliminar el mínimo de cinco diputados por provincia, no contemplado en la Constitución y que se aplica llevando a que aquellas con menos habitantes tengan más diputados que su peso poblacional. El piso se explica por la representación de las minorías. Como se vota por la mitad de la Cámara cada dos años una provincia con sólo dos diputados votaría cada vez por una sola banca, que sería de la mayoría. Pero si se mantuvieran cinco como piso y la proporción según la población Diputados tendría muchos más miembros.

La cuestión pierde sentido con las circunscripciones uninominales, propuesta oficial. La provincia se dividiría en tantas secciones como diputados a elegir y se votaría uno por sección. Ventaja principal: genera mercados desafiables. Si tras la readecuación Tucumán pasara a tener diez diputados se votaría por cinco cada dos años. La provincia se dividiría en cinco circunscripciones, y por la distribución de la población la ciudad de San Miguel de Tucumán se fraccionaría en tres.

Así, los partidos alternativos necesitarían hacer campaña en sólo un tercio de ciudad, no en toda la provincia. Prácticamente, el barrio del candidato, quien estaría bien identificado (compensando lo advertido para la boleta única). Eso más la boleta única bajaría los costos de entrada al mercado. Y no importaría tanto qué partido ganara. Si el diputado no trabaja bien corre un serio riesgo de ser desplazado: intereses de políticos y votantes, alineados.

Pero hay dos inconvenientes. Uno, falta de proporcionalidad. Si un partido triunfara en cada sección por un solo voto tendría el cien por cien de las bancas a pesar de la casi paridad de sufragios. Esto se compensaría (parcialmente) con la alineación de incentivos ya mencionada. El segundo es la Constitución. Dice su artículo 45 que las provincias serán distritos electorales de un solo Estado. ¿Es válido dividirlas?

Para cerrar, dos problemas más. Primero, constitucionalmente la reforma política requiere aprobación de la mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara mientras que otras propuestas de la ley ómnibus mayoría de los presentes. Por lo tanto, el paquete pasa a necesitar mayoría agravada cuando no se exige para muchas de sus partes, complicando la aprobación del total. Segundo, debatir todo demorará las reformas económicas. Y atender sólo lo económico dejaría de lado la reforma política para dictaminar por lo urgente.

Es necesario un mejor sistema electoral para corregir o apoyar rumbos económicos, pero recién en 2025 se pondría en marcha. Tiene sentido discutir las propuestas este año, pero no subirlas al ómnibus.