06 Enero 2024
Aunque parezca prematuro, varios nubarrones se pronostican sobre el próximo período lectivo en Tucumán y en la Argentina. Ocurre que la elevada inflación de estos meses y el ajuste del Estado nacional permiten presagiar que se avecina un aprestamiento escolar traumático. En este contexto, la mesura y la responsabilidad de todos los involucrados puede ser la clave para sortear los contratiempos y evitar que los niños y jóvenes paguen las consecuencias.
El primer paso guarda relación con el estado de las escuelas en la provincia. La propia ministra del área, Susana Montaldo, dijo a poco de asumir que alrededor de 1.000 de los 1.700 establecimientos públicos presentaban deficiencias edilicias. El segundo eslabón corresponde a las paritarias salariales. Y ahí es donde más dudas se generan por el escenario de crisis económica y de pérdida del poder adquisitivo que sufren los argentinos.
El norte, siempre, debe ser que se garanticen los 180 días de clases, algo que en Tucumán apenas se pudo cumplir el año pasado. El calendario anual escolar en Tucumán no es tan extenso y cada día de clases que se pierde, como tantas veces se ha dicho, no se recupera. Son en total, 300.000 chicos y adolescentes de Tucumán los que dependen del sistema público.
En 2023, en la provincia se perdieron 20 días de clases, entre feriados, asuetos y conflictos gremiales directos o indirectos (paro de colectivos, por ejemplo). No es casual, entonces, que esta situación de conflictividad se traduzca en los módicos resultados de aprendizaje en los distintos niveles de la educación. Así lo muestran los resultados de las pruebas Aprender de los últimos años. Las secuelas de la parálisis por la pandemia de coronavirus y el cierre de escuelas, además, afecta principalmente a los estudiantes de los establecimientos públicos. En definitiva, la brecha y la desigualdad educativa se profundizan en el país y en Tucumán según la condición socioeconómica de los alumnos.
Las pruebas Pisa (Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes, promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde) ratificaron nuevamente los atrasos del país en materia educativa. Los números de los registros obtenidos en septiembre de 2022 en 81 países muestran a la Argentina en uno de los últimos lugares del listado, con un retroceso de 17 puestos en Matemáticas y 11 en Lenguas desde 2018 (puesto 66 en el primer caso y 58 en el segundo), detrás de Chile, Uruguay y México en la compulsa regional. Para entender la traducción de estos datos, baste citar que entre los alumnos de 15 años el 66% no aprueba el piso exigible en Matemáticas y el 46% reprueba Lenguas, amén de un 44% que lo hace en Ciencias.
Nadie puede dudar de la razonabilidad de los reclamos y del derecho de los docentes de contar con un sueldo acorde a la trascendencia de la tarea que llevan a cabo. Pero con esta realidad que asusta en materia de resultados, se torna prioritario que los alumnos estén por encima de cualquier disputa sectorial. Que prime el diálogo institucional porque, en un contexto social y económico acuciante, nunca es una buena noticia que las escuelas permanezcan cerradas y los chicos se queden en sus casas.
Parece lejano, pero en este momento de escuelas cerradas es cuando más deben trabajar las autoridades para tener todo listo y que los chicos, el primer día de marzo, vuelvan a encontrarse en las aulas junto a sus docentes. Argentina requiere de una vez por todas de madurez por parte de todos sus actores sociales, políticos, sindicales y empresariales.
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