05 Enero 2024
CASA DE GOBIERNO. Foto ilustrativa de Archivo
El Gobierno provincial busca aliviar la situación de contratistas y proveedores del Estado, ante el contexto de crisis económica y la necesidad de reducir los costos que afronta el erario.
La medida, dispuesta esta semana por el gobernador Osvaldo Jaldo a través del DNU 3/1, consiste en exceptuar hasta el 31 de diciembre de 2024 de la presentación del certificado de cumplimiento fiscal “a los efectos de la admisibilidad de las ofertas y propuestas que se presenten en las contrataciones de bienes y servicios que realice (la Provincia)”.
Si bien el instrumento -firmado por todo el gabinete de ministros- fue girado a la Legislatura para su tratamiento, el párrafo tercero establece que su vigencia comienza a estar operativa a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
En la exposición de motivos del decreto de necesidad y urgencia, la Casa de Gobierno puso el foco en la “apremiante situación económica que atraviesa el país”. Y, en ese sentido, recordó que se han promovido “medidas tendientes a atenuar los efectos (de la crisis) y a remover los obstáculos que afecten la prestación de los servicios” a cargo del Estado.
“En el contexto señalado, la presentación del Certificado de Cumplimiento Fiscal a los fines de la admisibilidad formal de las ofertas desalienta la concurrencia de los oferentes en los trámites de adquisición de bienes y suministro de servicios”, advirtieron Jaldo y sus ministros en el texto girado a la Legislatura.
A su vez, aclararon que esta disposición no impide al Poder Ejecutivo exigir “por las vías administrativas y judiciales” el cumplimiento de las obligaciones impositivas que pesan sobre este grupo de contribuyentes. “Por lo tanto, tampoco incide sobre la recaudación de los tributos provinciales”, consideraron.
Además, en el gobierno señalaron que las “circunstancias excepcionales descriptas, la urgencia de su implementación y el receso administrativo ameritan hacer uso” de la herramienta del DNU para avanzar con esta medida.
Alcances amplios
El decreto ingresó vía mesa de entradas de la Legislatura el miércoles, poco después del mediodía, y fue girado a la comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el peronista Carlos Gallia y con mayoría oficialista.
Fuentes de la Casa de Gobierno explicaron a LA GACETA que, en principio, el alcance del DNU 3/1 es “amplio”, por lo que su efecto abarca la totalidad de los rubros que se contraten por parte del Estado provincial.
A modo de ejemplo, señalaron que esta disposición permitirá sumar proveedores para áreas sensibles, como el Ministerio de Desarrollo Social, que permanentemente efectúa trámites para adquirir alimentos y otros elementos de primera necesidad (pañales, colchones, etcétera). A su vez, también será aplicable en otros rubros, como la construcción (Obras y Servicios Públicos) y la adquisición de insumos médicos (Salud Pública) o de equipamientos para las fuerzas policiales (Seguridad).
Al eximir a los contratistas de presentar el certificado de cumplimiento fiscal, las reparticiones podrán ampliar la cantidad de oferentes y, con ello, reducir los costos de estas operaciones, confían en el gobierno.
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