Ley ómnibus: industriales y cañeros piden un freno a las importaciones

Los industriales y los cañeros tucumanos mantienen la misma preocupación: la ley ómnibus, impulsada por el presidente Javier Milei, puede abrir las puertas, de par en par, para la importación de azúcar y hasta de bioetanol, en un mercado que se caracteriza por la suba de costos, una meseta productiva y precios volátiles. Esa inquietud fue expresada en la reunión que ambos factores de la actividad mantuvieron en la sede de la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT).

La propuesta del paquete de medidas nacionales implica la posibilidad para cualquier empresa de fabricar bioetanol, algo que estaba prohibido según la legislación anterior. Además, autoriza la entrada de Brasil tanto para el bioetanol como para el azúcar, lo cual impactará directamente en los productores locales que han realizado considerables inversiones en este sector, indicaron las entidades en un comunicado en el que rechazaron los cambios propuestos por el Ejecutivo.

“El azúcar no se alineó con la preocupante tendencia de aumentos generados por la inflación. En este escenario, los productores son los que experimentan las ganancias más reducidas, mientras que en la cadena de distribución los precios se disparan. Además, la entrada de productos importados podría resultar en la pérdida de cientos de empleos en el sector y en la provincia”, indicó Sergio Fara, titular de UCIT.

A su turno, Juan Carlos Mirande, presidente del Centro Azucarero Regional Tucumán (CART), subrayó que “el costo del azúcar estaba limitado por las políticas de gobiernos anteriores, y se llevó a cabo una reestructuración para garantizar la rentabilidad de la producción en relación con la inversión realizada”. “Además de la cuestión del precio en góndola y el reajuste de los costos, el sector se encuentra en una meseta de producción debido a la aparición de edulcorantes artificiales, muchos de los cuales son considerados cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud”, puntualizó.

Asimismo, destacó que en la provincia hay más de 6.000 cañeros y miles de puestos de trabajo en juego si estas medidas son aprobadas. “Hay ingenios que cuentan con más de 1.500 legajos de trabajadores para la zafra, además de las personas que trabajan de forma tercerizada que dependen de esto”, acotó Mirande.

Respecto del bioetanol, el titular del CART explicó que la Argentina cuenta con convenios internacionales para la producción de combustibles fósiles con el fin de reducir la contaminación ambiental. Y esto abre las puertas a financiamiento internacional. Por lo tanto, consideró el industrial, “la entrada de importaciones, así como la autorización para que cualquier empresa lo produzca, podría perjudicar directamente al sector productor de bioetanol”.

Por último, Fara argumentó que estas medidas sólo benefician a las petroleras, ya que si, se permite que ellas también produzcan, sería imposible competir con sus estructuras. “Es muy importante que se entienda que esto no favorece a nuestra provincia y perjudica a todo el NOA, donde se encuentran las provincias más pobres del país”, finalizó.

Otro pronunciamiento

Por su parte, la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) emitió un documento, en el que se estimó que la Ley Ómnibus, genera un grave riesgo de subsistencia a la principal actividad productiva del Noroeste Argentino.

“La actividad sucroalcoholera dentro de la Argentina representa un empleo directo de aproximadamente 58.000 personas e indirectamente brinda trabajo a mas de 140.000 trabajadores”, explicó. “La derogación de la ley 25.715, nos pone frente a un grave perjuicio sobre el mantenimiento de la producción y el mercado interno de la azúcar; sabiendo que el mercado internacional sufre severas fluctuaciones y siendo este uno de los más regulados en el mundo por subsidios, restricciones y protecciones de muchos países, lamentablemente esto es una situación de desprotección absoluta, la posibilidad de ingreso de azúcar de otras partes del mundo afectaría la producción local y el trabajo de muchas familias argentinas inmersos en la actividad sucroalcoholera”, continuó la Fotia.

A su criterio, la modificación que se pretende aplicar para Ley de Biocombustibles 27.640, con vigencia hasta 2030, se contrapone a la posibilidad de que los empleadores realicen inversiones y mejoras en la producción de bioetanol de caña de azúcar, proporcionen nuevas fuentes de empleos, ya que esto limita la seguridad jurídica que marcaría una estabilidad en el tiempo. “Si el mentado proyecto prospera, interpretamos que, se podrá importar libremente alcohol, se podrá disminuir el porcentaje de mezcla de las naftas y directamente generará una desocupación de efectos insospechados”, remarcó. 

(Producción periodística, Pablo Brunella)