El concejal oficialista de La Cocha, Jony Heredia, negó las acusaciones que recibió en las redes sociales respecto a que habría percibido el plan Potenciar Trabajo al mismo tiempo que su salario como representante del cuerpo municipal. “Eso es falso”, aseguró a LA GACETA.
Todo se originó porque el edil, que resultó electo por el acople oficialista “Juntos Podemos” en los comicios provinciales del 11 de noviembre, figuraba con su nombre y DNI en la nómina de más de 900 estatales que percibieron ese beneficio en la provincia, y que fueron dados de baja a partir de un escándalo que se desató por una causa judicial de alcance nacional.
Heredia, de 27 años y militante del Movimiento Evita de La Cocha, afirmó que ambos ingresos no estuvieron superpuestos en ningún momento.
“Me veo en la necesidad de aclarar, que al haber ingresado al sistema para poder acceder al sueldo como concejal, el mismo sistema dio de baja el programa; pero con anterioridad, yo ya había pedido la baja del mismo”, indicó.
Heredia confirmó que sí estaba incorporado a la nómina de beneficiarios en Tucumán, pero argumentó que esto se debió a su actividad como militante, previa a su asunción como edil, que se concretó a finales de octubre.
“Vengo trabajando en una organización social (Movimiento Evita) desde 2016, realizando trabajos comunitarios y brindando asistencia a la comunidad en general de la ciudad de la Cocha”, detalló.
Más allá de esto, aseguró que la situación producida por la viralización de sus datos personales “no es satisfactoria”. “Me apena mucho, porque como ciudadano de esta localidad y con 27 años, el único objetivo que tengo, tuve y tendré es trabajar para que todos y todas los vecinos puedan ver crecer a La Cocha en todos sus aspectos”, afirmó.
A partir de esto, añadió, decidió “dejar a consideración” de sus pares del Concejo Deliberante su continuidad en la banca. Además, dijo que está “a disposición de la administración pública y judicial para que realicen las investigaciones pertinentes”.
La investigación en los planes Potenciar Trabajar
El caso de Jony Heredia tomó estado público tras la decisión del gobernador, Osvaldo Jaldo, de iniciar una investigación interna para deslindar responsabilidades ante presuntas incompatibilidades e incumplimientos de los deberes y prohibiciones que rigen para los agentes estatales en relación a la percepción de programas sociales.
La medida del mandatario fue dispuesta luego del oficio emitido por el fiscal federal Guillermo Marijuan, y a partir de la decisión del Ministerio de Capital Humano de la Nación de suspender el pago de estas ayudas a 4.588 titulares del Potenciar Trabajo en el país, de los cuales 956 corresponden a Tucumán, mientras que el resto de distribuyen entre otras 13 provincias de Argentina.