Violencia de género: Estado presente para prevenirla

Los femicidios, además de las perennes denuncias por violencia de género, volvieron a incrementarse en la provincia a pesar de las campañas educativas y los procesos de concientización a los que obligan leyes como las llamadas “Micaela” y “Olimpia”. La situación merece desde ya un mayor acompañamiento y prever nuevas políticas de Estado ya que se trata de un flagelo que está muy lejos de erradicarse.

Según un informe oficial, una enorme parte de los detenidos en comisarías lo están por este delito, que además es el que más condenas registra con el nuevo Código Procesal Penal y menos soluciones alternativas se aplican para evitar llegar a un juicio. Pero no es suficiente. En 2023 se registraron 12 femicidios, cuatro veces más de los contabilizados en 2022.

En la Unidad Fiscal de Violencia Familiar y de Género, dependiente del Ministerio Público Fiscal, en promedio, recibe 1.500 denuncias por mes (unas 18.000 en los 12 meses del año). Según el informe se dictaron 800 medidas proteccionales en promedio por mes y hubo 80 condenas en el mismo lapso.

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa reconoció que subieron los femicidios. “El tema de los femicidios es un trabajo conjunto que tenemos que abordar con la sociedad, estamos apuntando a ese trabajo, concientizando”, explicó. Se trata de un flagelo en el que deben involucrarse los tres poderes del Estado. El Judicial, por ejemplo, además de tener una oficina de Violencia Doméstica, está trabajando para que en los Juzgados de Paz de toda la provincia haya especialistas que puedan asesorar e intervenir ante estos casos. En noviembre se realizó el primer encuentro de referentes territoriales en violencia de género e intrafamiliar de juzgados de paz de la provincia.

Se trata de empleados y empleadas de juzgados de paz letrados, y de algunos legos, que se encuentran recibiendo capacitación para la atención de casos de violencia de género e intrafamiliar en el ámbito de la justicia de paz. El encuentro reunió a representantes de la Oficina de la Mujer, Oficinas de Violencia Doméstica de los diferentes centros judiciales, la Oficina de Derechos Humanos, la Superintendencia de Justicia de Paz y el Equipo de Apoyo para la Justicia de Paz. Se trata de un primer paso de un proceso que debiera resultar beneficioso, pero al que le queda mucho camino por delante.

Desde 2020 está vigente en Tucumán la ley Micaela, denominada así en conmemoración a Micaela García, una joven de 21 años víctima de femicidio en 2017, y que establece la capacitación obligatoria en género y en violencia de género a quienes se desempeñan en la función pública. Desde entonces se dictan capacitaciones en todos los ámbitos del Estado. Esto, sin embargo, puede cambiar radicalmente ya que dentro del paquete de medidas del proyecto de ley ómnibus que el presidente, Javier Milei, envió al Congreso hay severas reformas.

Entre los seis artículos que cambia, se encuentra el alcance de la norma: ya no deberán capacitarse todos los trabajadores, sino quienes se desempeñen “en los organismos competentes en la materia”. Por otra parte, se plantea eliminar al Instituto Nacional de las Mujeres como autoridad de aplicación y se lo reemplaza por el Ministerio de Capital Humano, en el que recaen prácticamente tanto los contenidos como las decisiones acerca de las capacitaciones. Se trata de un tema a seguir de cerca ya que la violencia contra las mujeres se acentúa cada vez más y requiere que todos los actores del Estado intervengan para tratar de evitar nuevas tragedias.