02 Enero 2024
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El fiscal general de la Cámara Laboral, Juan Manuel Domínguez, propuso hoy trasladar el pedido de amparo de la CGT contra el DNU del presidente Javier Milei desde ese fuero a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. La opinión del fiscal, que representa los intereses de la sociedad, marca un revés para la central obrera.
En un dictamen consultado por Clarín, el fiscal Domínguez afirmó que "es necesario recordar que la ley 26854 establece precisiones específicas sobre los conflictos de competencia; por ejemplo, habilita la vía de la inhibitoria incluso entre jueces de la misma jurisdicción judicial y sostiene la competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para resolverlos siempre que intervenga un juez de dicho fuero".
En ese contexto, "a pesar de las previsiones del artículo 24, inciso 7°, del decreto 1285/58, dado que la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal está involucrada en el conflicto de competencia, se aplica el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, en concordancia con lo sugerido por la Procuración General de la Nación, ha afirmado que '... resulta de aplicación al caso lo dispuesto por el artículo 20, segundo párrafo, primera parte, de la ley 26.854, según el cual 'todo conflicto de competencia planteado entre un juez del fuero contencioso administrativo y un juez de otro fuero, será resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal'..."
El fiscal, que representa la acción pública en su juicio, tiene una opinión crucial en asuntos de competencia. Ahora la cámara deberá decidir si acepta o rechaza, desencadenando una discusión interfueros de resultado incierto.
Por otro lado, el fiscal de instrucción del fuero contencioso administrativo federal, Miguel Gilligan, se opuso a abrir la feria judicial para tratar otro pedido de amparo contra el DNU que desregula la economía, presentado por el ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo.
En su dictamen, Gilligan expresó que "entiendo que las razones de inexcusable perentoriedad para que intervenga el Juzgado de Feria no se encuentran debidamente acreditadas en el sub judice, por lo que considero que vuestra excelencia no debería habilitar la feria judicial".
Los dictámenes de los fiscales Domínguez y Gilligan favorecen la posición del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, quien solicitó que todos los amparos sean tratados por el fuero contencioso administrativo federal, donde se llevan a cabo los juicios contra el Estado. Mientras tanto, en el fuero laboral, la influencia proviene del ex diputado K y miembro del Consejo de la Magistratura, Héctor Recalde.
Además, los fiscales se alinean con la decisión de la Corte de no abrir la feria en enero, a la espera de que el Congreso decida si valida el DNU 70/2023, y luego abordar en febrero el pedido de amparo del gobernador K de La Rioja, Ricardo Quintela, después de la opinión del Procurador General de la Nación y jefe de todos los fiscales, Eduardo Casal.
Los amparos buscan frenar el DNU mientras se determina si viola o no la Constitución.
Horas antes, la Cámara del Trabajo había aceptado abrir la feria judicial de enero para tratar el pedido de la CGT de suspender algunos artículos del DNI. La resolución, firmada por los jueces María González y Alejandro Subera, atendió la solicitud de la CGT, presentada por su secretario general Héctor Daer, para levantar la feria y evaluar la solicitud de suspensión del decreto de necesidad y urgencia.
En el primer punto de la petición, la CGT solicitó que "se decrete la medida cautelar solicitada de suspensión de la aplicación del Título IV Trabajo del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023".
En la misma resolución, los jueces González y Subera trasladaron el expediente al Ministerio Público Fiscal para que emita un dictamen.
El titular de la CGT rechazó la "circunstancia de que un Presidente tenga la suma de poder público todo su mandato".
"Esta Sala considera que, frente a las particularidades del caso, lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de la feria judicial solicitada, lo que así se resuelve", señalaron los jueces.
Por otra parte, el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, resolvió hoy sobre un amparo presentado por Roberto Crespo Armengol, quien solicitó la suspensión cautelar del decreto argumentando que el Ejecutivo excede sus facultades y afecta diversos aspectos legales y normativos vigentes al promulgar el DNU.
Además, se conocieron otras decisiones de jueces federales que habilitaron la feria judicial para tratar planteos contra el mega Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que está vigente desde el 30 de diciembre.
Otro juez que habilitó la feria para un caso vinculado al DNU fue el magistrado federal de Mar del Plata, Alfredo López, quien corrió vista al Ministerio Público Fiscal ante un planteo que recayó en su juzgado.
En tanto, el juzgado federal 2 de San Juan, que había habilitado la feria para dar tratamiento a una presentación contra el DNU, remitió el caso al juzgado en lo contencioso administrativo federal 2, que conduce Esteban Furnari.
Las iniciativas contra el decreto de Javier Milei están siendo recopiladas por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Furnari, para llevar a cabo un proceso colectivo y evitar sentencias contradictorias.
Con ese espíritu, el viernes pasado Furnari le pidió a la Justicia del Trabajo que le enviara el amparo de la CGT y hoy, de motu proprio, el juez Auge le envió su decisión de habilitar la feria para que decida si corresponde levantar el receso.
Además de los amparos mencionados, Furnari tiene en su despacho los de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, firmado además por el ex funcionario del Gobierno de Alberto Fernández y ex diputado Claudio Lozano, y también los presentados por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y Rizzo.
Durante la feria judicial, el juez del fuero contencioso administrativo que se encuentra de turno es Enrique Lavié Pico, quien deberá decidir qué hacer con los casos para los cuales se habilitó la feria judicial en otras jurisdicciones y que luego fueron remitidos al juzgado de Furnari.
La decisión de la Justicia se produce en medio de los intentos de negociación del Gobierno con la CGT para levantar el paro general de 12 horas convocado por la central de trabajadores para el 24 de enero. Ese día habrá una movilización al Congreso.
En medio de la tensión entre la administración de Mieli y los gremios, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo este martes que el diálogo con la central obrera "está abierto", pero puso condiciones para negociar.
El vocero presidencial se refirió a la marcha que realizó la CGT en el centro porteño.
"Los canales de diálogo están abiertos de manera permanente y todos los que quieran una Argentina ordenada, libre, segura y con crecimiento están invitados al diálogo. No termino de entender esto de negociar para ir adelante, para atrás", dijo Adorni cuando le preguntaron si existía la posibilidad de avanzar en negociaciones con la CGT.
Y agregó que en la discusión con la CGT "lo que no se negocia es la Argentina libre, no se negocia el querer salir del 50% de pobres, querer terminar con la indigencia y no se negocia querer salir de los salarios miserables".
Este lunes, Héctor Daer, uno de los líderes de la CGT, había puesto en duda la posibilidad de un encuentro con el presidente Javier Milei, una alternativa deslizada al filo del fin de año desde la Casa Rosada en una apuesta por intentar contener la escalada en la disputa con la central obrera tras la convocatoria a un paro general por el megadecreto y la ley ómnibus que el Gobierno envió al Congreso.
La posición de la jefatura sindical no sorprendió en medio de los fuertes cruces que se sucedieron en la víspera del festejo de año nuevo y que tuvieron como protagonista a Federico Sturzenegger, el arquitecto del DNU que firmó Milei para desregular la economía, quien acusó a la CGT de "negociar con la dictadura militar".
Primero el propio Daer y luego toda la central, a través de un comunicado oficial, repudiaron los dichos de Sturzenegger y le exigieron que se retracte. "Cruzaste todos los límites", le apuntó el jefe sindical.
Tras ello, Daer tomó distancia de una posible reunión con el Presidente, como deslizaron desde el entorno más próximo a Milei. "Hoy no tenemos convocatoria, nadie nos llamó. Y no tenemos garantías de que el Gobierno esté realmente dispuesto a moverse de nada (de lo que planteó en el DNU)", afirmó el sindicalista en diálogo con Clarín. Y rechazó cualquier posibilidad de que la CGT evalúe revisar el llamado al paro general: "Ellos son los que tienen que recalcular, no nosotros".
El reciente paro convocado por la CGT fue el más rápido que se le hizo a un Presidente desde el regreso de la democracia en Argentina. Hasta ahora, la huelga más rápida contra un Gobierno había sido a Fernando de la Rúa, el 5 de mayo de 2000, en rechazo a la reforma laboral y la política económica. Lo hizo solamente la CGT disidente de Hugo Moyano, en tiempos de división con la oficial de Rodolfo Daer.
En este caso, el paro fue anunciado a 18 días de la asunción y, según lo previsto, habrán pasado 45 días del 10 de diciembre cuando se concrete.
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