La actualización de las tarifas de los servicios públicos privatizados será una constante en este arranque de 2024. En ese aspecto, a partir de este mes entrará en vigencia un reajuste de las tarifas del servicio de agua y cloacas de Tucumán, según se confirmó desde la Casa de Gobierno. El porcentaje de reajuste será difundido a través de una resolución del Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), aunque no se descarta que se encuentre dentro de los parámetros de la actualización de las valuaciones de las propiedades, del orden del 98%. Las autoridades provinciales consultadas por LA GACETA indicaron que se trata de la actualización tarifaria más importante de los últimos años, ya que al menos desde hace 24 meses que no se producía un reajuste en las tarifas consideradas atrasadas. Paralelamente, la intención de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) es incrementar el padrón de usuarios, tomando como referencia no sólo el padrón inmobiliario, sino también el registro que poseen otras empresas de distribución de servicios.
Pero los reajustes en el servicio sanitario no serán los únicos durante este mes. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocó para el lunes 8 a una Audiencia Pública en la que se abordará la actualización de las tarifas de transporte y distribución, el traslado de subsidios al precio de gas, y el diseño de un nuevo sistema de actualización mensual. En la audiencia también se buscará avanzar en la determinación de un índice de actualización mensual para las tarifas del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes.
Las empresas de distribución del gas natural elevaron al Enargas sus propuestas, con el fin de recuperar parte del terreno perdido por el incremento de los insumos en un escenario de tarifas atrasadas. En el caso de Gasnor, se señaló que el incremento no será con los porcentajes que trascendieron y que podrían implicar un reajuste de entre cuatro y cinco veces el monto que se paga actualmente por el servicio.
Por ejemplo, se tomó como base el segmento 1 (altos ingresos), que han dejado de ser beneficiarios de los subsidios estatales en las tarifas. En ese caso, la factura mensual para un cliente residencial promedio R23 (que involucra hasta un 70% de los clientes de la distribuidora) actualmente ronda los $5.700 mensuales. La recomposición tarifaria requerida llevaría esa factura final a $11.100, vale decir con un incremento del 94% o de $5.400, incluyendo impuestos.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, había adelantado la decisión de encarar a la brevedad el proceso de audiencias públicas para abordar el tema tarifario y de subsidios, por lo que entendió que recién “para febrero o marzo” próximos se podrían poner en vigencia los cambios.El nuevo esquema de subsidio a la demanda contemplará para los sectores más vulnerables un umbral de consumo a definir -tanto en gas como en electricidad- a partir del cual, todo el excedente se facturará a tarifa plena.
En el servicio de electricidad el panorama no es tan claro, ya que el incremento tarifario dependerá del comportamiento de distintas variables. Por ejemplo, se tomará como referencia el nuevo precio mayorista de la electricidad fijado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y el “Valor Agregado de Distribución” (VAD) o margen para las empresas distribuidoras y la secretaría de Energía determina el subsidio sobre la tarifa final, que también incluye impuestos.
A diferencia del gas, “que sí tienen que ir por resoluciones regulatorias y audiencias públicas, el precio de la electricidad en el mercado mayorista, no requiere como condición necesaria la convocatoria a audiencia pública, porque lo define Cammesa como empresa monosómica” afirmó al sitio de La Política On Line (LPO) un ex funcionario de Energía.
Según los cálculos, los aumentos para los usuarios de mayores ingresos, que dejaron de recibir subsidios a partir de la “segmentación tarifaria”, la factura promedio de electricidad pasará de $10.467 a $23.569, un aumento del 125%; para hogares de ingresos medios, hoy parcialmente subsidiado, pasará de $5.518 a $23.569 lo que representa el 337% y para ingresos bajos, el más subsidiado, pasará de $3.970 a $9.082 equivalente al 129%, se indica en el portal. Sin embargo, todavía no hay nada definido sobre cómo se armará el incremento en el servicio de energía eléctrica, mucho menos el porcentaje del reajuste.
La seguidilla de incrementos en los servicios públicos privatizados impactarán de lleno en la economía de las familias de clase media, ya que lo de altos ingresos sintieron el impacto de la actualización cuando se les quitó el aporte estatal en las facturas. Resta establecer qué sucederá con la tarifa social o con la protección de aquellas franjas de usuarios más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico.