02 Enero 2024
Dos organizaciones no gubernamentales expresaron su disconformidad con la Legislatura por no haber discutido el Presupuesto 2024 con la ciudadanía, en un corto lapso de tiempo, sin información previa disponible entre anuncios de cortes de fondos.
“La participación ciudadana en las decisiones públicas es el pilar fundamental sobre el cual se construye su legitimidad. Esto resulta particularmente relevante cuando las decisiones afectan a numerosas personas, como en el caso del presupuesto público”, expresaron en un comunicado Marcelo Giullitti OIiva, titular de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Florencia Vallino (Directora Ejecutiva de Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).
Los abogados consignaron que el presupuesto, que para el próximo año se fijó en $ 1,6 billón para el funcionamiento del Estado, permite conocer las prioridades y compromisos del Gobierno provincial para garantizar derechos como la vivienda, la educación, la salud, el trabajo, entre otros. “Es esencial que sea el resultado de un diálogo abierto y participativo, en el cual las personas puedan expresar sus preferencias y necesidades, tanto individuales como colectivas. La ausencia de espacios de participación ciudadana en la elaboración y discusión del presupuesto limita la posibilidad de que este represente verdaderamente los intereses y necesidades de la población. Es la comunidad quien mejor conoce sus problemáticas y sus demandas”, remarcaron.
Obstáculo al control
A su vez, Giullitti OIiva y Vallino criticaron que no sólo faltan espacios de participación sino también información disponible respecto a las partidas que conforman los gastos presupuestados dado que dichas planillas adjuntas sólo fueron entregadas a legisladores, apenas una semana antes de la discusión. “La ausencia de datos disponibles son un obstáculo a la participación y al control por parte de la ciudadanía de las prioridades asignadas por sus representantes en el presupuesto”, reprocharon.
Los referentes de ACIJ y de Andhes remarcaron que no obtuvieron respuestas de parte del vicegobernador, Miguel Acevedo, al solicitarle -previamente- que asegure un debate abierto. “La falta de información disponible y de mecanismos de participación tiene efectos reales en la asignación de prioridades. El análisis del presupuesto aprobado el día jueves 14 de diciembre por la Legislatura da cuenta de ello: las partidas destinadas a derechos sufrieron un fuerte retroceso en términos reales, y la austeridad prometida por el gobernador termina siendo soportada por las personas, particularmente de los sectores populares”, indicaron.
Por último, los letrados señalaron que aprobar un presupuesto sin la voz de la ciudadanía “perjudica la legitimidad de la decisión y tiene consecuencias directas en la vigencia de los derechos”.
No sólo la Legislatura impide una participación abierta de parte de la ciudadanía. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán continúa sin reglamentar una norma que sancionó el Concejo en 2019 que dispone que los vecinos elijan el destino de un porcentaje de los fondos de la ciudad: 2,5% el primer año; 3,5% el segundo; y 5% a partir del tercero
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