El shock de medidas no se detendrá, más allá de la resistencia de ciertos sectores políticos y económicos a las medidas adoptadas por el presidente, Javier Milei, con el que pretende desregular la economía, reducir drásticamente el déficit y dejar atrás los desequilibrios macroeconómicos de la Argentina. El asesor presidencial Federico Sturzenegger reveló ayer que el Gobierno enviará la semana que viene otro proyecto de ley al Congreso Nacional que contempla la eliminación de 160 regulaciones.
La nueva iniciativa se sumará así al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que entró en vigencia, y al proyecto de ley “ómnibus” enviado al Congreso el miércoles. Para el asesor, el combo de medidas apuntan a “transformar radicalmente el país”, según consignó en una entrevista con Bloomberg.
“Las reformas tienen una dimensión que va más allá de las reformas mismas: es como una revisión de la estructura de poder económico en Argentina”, dijo Sturzenegger en ese sentido.
Respecto de las críticas al DNU, Sturzenegger dijo que son una cortina de humo para no discutir el contenido de las reformas, y agregó que el decreto es una apuesta de “todo o nada” ya que el Congreso puede rechazarlo de plano pero no modificarlo por partes.
Sobre la ley ómnibus que incluye 664 artículos, el funcionario espera que el Congreso la apruebe antes de marzo y confió en que, al final, las reformas “pro-empleo” facilitarán los negocios y estimularán la actividad en diversos sectores.
“¿Alguien va a presentar un caso ante el sistema de justicia de que no puede haber Internet satelital, que no puede haber competencia? Es algo ridículo”, dijo Sturzenegger, refiriéndose a las restricciones recientemente levantadas para que Starlink de Elon Musk opere en Argentina.
Para el asesor, las iniciativas apuntan a “desafiar al establishment político”.
“La única manera de lograr el cambio, es desarmar esa estructura y, para desarmarla, en cierto sentido, hay que drenarle sus recursos, porque eso es lo que utilizan para sostener el status quo”, sostuvo el economista.
Qué dice el megadecreto
Los cambios regulatorios incluidos en el mega DNU de 366 artículos son mayúsculos: deroga la ley de alquileres, introduce cambios en recetas médicas, permite la acreditación del sueldo en billeteras digitales, simplifica la compra-venta de autos y permite a los bancos cobrar intereses sin tope sobre el saldo deudor de las tarjetas de crédito.
En el Capítulo I del DNU, el Poder Ejecutivo introdujo cambios al Código Civil. Deroga dos artículos sancionados en 2015 y dispone que el que tome obligaciones en dólares, deberá pagar en esa moneda, enumera el analista José Calero.
Estas medidas de desregulación son acompañadas por un “plan de estabilización de shock” ortodoxo, que sorprende a propios y extraños por su magnitud, y que como efecto inmediato prácticamente eliminó la brecha cambiaria, que según especialistas de distintas corrientes ideológicas, es la gran causa de que no lleguen inversiones extranjeras a la Argentina. Las medidas también están acompañadas por un intento de sanear el casi quebranto del Banco Central, que si bien está recomponiendo reservas a pasos agigantados, aún tiene un enorme volumen de deudas. El DNU deroga la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, que intentaba regular la exhibición de productos en los supermercados.
En el caso de las tarjetas de crédito, los consumidores deberán prestar mucha atención a los intereses que les cobran cada vez que se retrasan en un pago. A su vez, elimina los topes existentes a los intereses, pero indica que la entidad emisora deberá “obligatoriamente” dar a conocer el público la tasa de financiación aplicada al sistema de Tarjeta de Crédito. Para quienes están endeudados con las tarjetas será muy complicado de aquí en más. Es que Milei derogó el artículo que fijaba topes a los intereses punitorios, los que rigen si la persona no llega a saldar ni siquiera el pago mínimo, por los atrasos en la cancelación del resumen.
El decreto desreguló la medicina prepaga, donde las empresas ya avisaron a sus afiliados que habrá incrementos del 38% al 42% con la cuota a pagar en enero. Modifica además la ley de Obras Sociales. Desde ahora, los aportes se podrán derivar a cualquiera de las 300 que existen.
Uno de los componentes del decreto que viene generando más polvareda es la reducción de las indemnizaciones por despido.
El decreto aclara que la base de cálculo de la indemnización “no incluirá el Sueldo Anual Complementario, ni conceptos de pago semestral o anual”. Esto dejaría afuera, por ejemplo, contabilizar beneficios como bonos anuales, ticket canasta o vales alimentarios, pese a que fueron reconocidos en varios fallos. En este marco, en el mercado laboral regirá la extensión del período de prueba, que sube de tres a ocho meses, por lo cual el empleado podrá ser despedido sin derecho a indemnización en ese lapso.