El transporte público en Tucumán: paros, deudas, asimetrías y ninguna solución

Terminó 2023 y la síntesis es más de lo mismo: el transporte público sigue siendo sinónimo de crisis. De hecho, los trabajadores del sector advierten que este ha sido el escenario común de, al menos, la última década en Tucumán. El resto de las provincias no están exentas de este conflicto, pues las asimetrías con respecto a los subsidios que entrega la Nación al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantuvieron intactas.

El contexto inflacionario juega fuerte, con su incidencia en las subas de combustible, repuestos, insumos y tarifas. Todo eso se vio proyectado en Tucumán con las más de 10 amenazas de paro lanzadas durante el año por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), de las cuales cinco llegaron a concretarse. La paralización de los sistemas metropolitano, interurbano y rural de la Provincia compromete el traslado de más de 600.000 usuarios. Sucedió dos veces en junio y cuatro días consecutivos en julio, aunque el último paro fue sólo de media jornada.

Mientras, no cesan los reclamos de los choferes y de los empresarios nucleados en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), que con insistencia profetizan: “el servicio de transporte está a punto de paralizarse”.

Parches en el corto plazo

La historia es idéntica y se reitera: choferes amenazan con paro por demoras en el pago de sus sueldos, empresarios que responsabilizan a la Nación por no haber girado a tiempo los fondos correspondientes y el Gobierno local, que con un adelanto de subsidios en forma de parche para tirar un mes más.

Más de una vez -seis, de hecho- Jorge Berretta (Aetat) o César González (UTA) agradecieron al gobernador Osvaldo Jaldo y a su equipo por interceder. De hecho, una semana después de asumir la Gobernación, Jaldo recibió a los responsables del transporte junto con la intendenta de la capital, Rossana Chahla, para buscar “una salida integral y paulatina” (sic) del conflicto.

Una mirada simple podría deducir que en aquella reunión se llegó a un entendimiento. Es más, la semana pasada la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) pidió que las provincias acompañen el reclamo salarial llevando adelante una reducción de frecuencias y Tucumán no adhirió. “Vamos a apostar al diálogo con el Gobierno”, había explicado Berretta.

Pese a ello, el empresario y González admiten que esto no resuelve el dilema a largo plazo. “Cada día se profundiza más la crisis y vemos tristemente cómo la actividad se deteriora”, dijo el gremialista a LA GACETA, en nombre de los 3.500 trabajadores del servicio.

Remarcó que el principal inconveniente es la discriminación que desde 2018 lleva adelante el Gobierno nacional sobre las provincias: del total de subsidios dispuestos al transporte público, el 85% de los fondos son para el AMBA y el 15% restante se reparte entre las otras 23 jurisdicciones. “Las empresas estamos pasando por una quiebra técnica, sobreendeudadas, descapitalizadas, con un parque móvil añejo y lidiando con la disconformidad de usuarios y empleados con justa razón -resumió Berretta-. De las medidas que se tomen en políticas de Estado va a depender el futuro del transporte”.

Hechos relevantes

Los tucumanos padecieron este año dos aumentos en la tarifa de colectivos. El primero fue en julio, cuando escaló de $84 a $120; y el segundo lo aprobó el Concejo Deliberante a inicios de diciembre, para llegar a los $230 actuales. Sin embargo, los choferes advierten que este último incremento ya habría sido licuado por el avance de la inflación. “Los trabajadores vivimos la crisis angustiados y con mucho sacrificio. Cobramos los salarios en forma desdoblada para que la actividad se siga manteniendo en pie”, comentó González.

Durante el año aparecieron algunas polémicas nacionales y locales que generaron revuelo. Por ejemplo, el ataque de choferes al ex ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, o cuando los colectivos circularon por San Miguel de Tucumán y alrededores exhibiendo publicidad de la fórmula presidencial Sergio Massa-Agustín Rossi.

También fue sobresaliente el quite de colaboración que llevaron adelante los choferes tucumanos en septiembre. La medida de fuerza sorprendió a los vecinos de la Capital, con unidades de transporte postradas en los alrededores de la Casa de Gobierno, la Municipalidad y el Concejo Deliberante. Aquel 25 de septiembre el microcentro lució plagado de colectivos parados; fue la foto del año para los transportistas.

Lo que sigue

El cambio de gobierno a nivel nacional y el radical giro de signo político nublan los caminos hacia posibles alternativas. Lo que se sabe es que habrá una baja de subsidios al transporte del 1,4% del PBI sobre el déficit. Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la reforma estaría vigente desde el 1 de enero y reduciría los fondos del 2,1% actual a 0,7% en 2024. Si bien el equipo de Javier Milei aún no precisó cuál será el esquema de la medida, sí adelantó que el sistema actual es “absolutamente ridículo” en cuanto a la inequidad entre el AMBA y el resto del país. Más no se sabe sobre cómo se formulará el nuevo cálculo.

Por otro lado, a nivel local ya estarían sentadas las bases para la implementación de la Tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Con la firma del convenio ya efectuada y los pasos de instalación en marcha, el Departamento Ejecutivo municipal estimó que en un plazo de dos o tres meses comenzaría a regir este sistema.

La SUBE funciona en 58 ciudades del país e implica el acceso a beneficios y a descuentos, como la Tarifa Social que otorga el Estado nacional. Así, tendrán un 55% de descuento los estudiantes, jubilados, pensionados, ex combatientes y trabajadoras domésticas que se inscriban como beneficiarios.

Mientras tanto, continúa haciendo eco en Tucumán el debate sobre la estatización del transporte. Algo que pese a la profundización de la crisis, la disconformidad de los usuarios y el mal estado de las unidades, suele quedar en meras palabras.