Cambios en la ley de movilidad jubilatoria: entre el pesimismo y la incertidumbre

El proyecto de la ley ómnibus que envió la Casa Rosada al Congreso propone en uno de sus artículos la derogación de la Ley de Movilidad Jubilatoria (N° 24.241) y faculta al Gobierno que conduce Javier Milei a establecer una fórmula automática de ajuste en las prestaciones, junto con la potestad de fijar de manera periódica los aumentos de haberes por decreto hasta que comience a regir el nuevo esquema.

“Es más de lo mismo, pero peor”, consideró el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino. Consideró que los cambios propuestos van provocar una crisis humanitaria, dado que no se fijaron plazos para las actualizaciones y los jubilados ya venían con el poder adquisitivo muy erosionado por la inflación. “En los últimos cuatro años las jubilaciones y pensiones perdieron respecto a la inflación en general unos 60 puntos y unos 100 puntos respecto a la canasta de jubilados. Eran 233 dólares la mínima y hoy son 105”, señaló en diálogo con este diario.

El letrado planteó que Milei busca hacer algo similar a lo que hizo Alberto Fernández al asumir en diciembre de 2019: suspender la Ley de Movilidad, darle más a los beneficiarios de la jubilación mínima y menos a los que cobran la más alta. “Esos son unos 400.000 y abajo quedan unos siete millones (de beneficiarios), más un millón de personas con discapacidades”, indicó.

“Es un problema humanitario, la gente se está muriendo. No es que va a pasar, viene pasando. A esto hay que agregar la crisis sanitaria de pacientes que están esperando una operación. Siguen los problemas de insumos, sin stent, sin válvulas coronarias ni camas. Es una verdadera crisis humanitaria”, embistió Semino.

El abogado advirtió que si se sanciona la medida van a hacer lo mismo que hicieron en 2019, que es presentar un amparo colectivo. “Es lo que nos permite hacer el Estado de derecho. La Corte no falló en aquello y posiblemente en esto tampoco. Tenemos que tomar conciencia que esta situación está pasando y que hay que modificarla, no empeorarla. No seguir disponiendo del fondo de garantía y sustentabilidad para cualquier cosa menos para los jubilados; porque es plata que pusieron estos jubilados cuando eran trabajadores activos”, manifestó.

Sin precisiones

La abogada previsional María Inés Salvatierra fue más prudente y advirtió que el proyecto debe ser tratado y sancionado por el Congreso para tener vigencia. De todos modos, remarcó que la movilidad es una garantía constitucional en la Argentina. “Las leyes pueden modificarse. De 2008 a hoy fueron modificadas, suspendidas y se dieron aumentos por decreto, pero lo que no se puede hacer es inmovilizar los aumentos previsionales”, explicó.

La letrada tucumana consideró que es muy prematuro para hacer un juicio de valor respecto a si sería mejor o peor. “Hay que esperar para saber si el Congreso lo aprueba y que avance el año para poder comparar con la fórmula que se está suspendiendo o eliminando”, dijo. A su vez, recordó que la ley que se está suspendiendo tiene apenas tres años de vigencia. “Ya los tuvo a los jubilados perdiendo frente a la inflación, porque la fórmula (vigente) no contempla el índice inflacionario. Genera incertidumbre porque no sabemos qué fórmula (se aplicará), cuánto darán de aumentos o por cuánto tiempo sería la suspensión. Lo que sí sabemos es que la movilidad previsional es una garantía constitucional; no se puede dejar a los beneficiarios con los haberes congelados”, subrayó. Las actualizaciones se venían realizando en marzo, junio, septiembre y diciembre.

Por último, Salvatierra advirtió que la Ley de Movilidad Previsional se aplica también para actualizar las pensiones por invalidez, la Asignación Universal por Hijo, además de las jubilaciones mínima y máxima, entre otras. “El universo de beneficiarios es muy grande para decir ‘suspendemos la fórmula de cálculo’ sin saber hasta cuándo”, dijo. Agregó que el ministro de Economía, Luis Caputo, manifestó que los aumentos que se van a otorgar por decreto serían superiores a los que se aplicarían por la fórmula de cálculo. “Los jubilados ya vienen perdiendo por la inflación. Darle aumento inferiores sería hacerlos perder por partida doble. Nos resulta un poco incoherente decir ‘suspendemos esto pero les vamos a dar más’. Esto ya pasó en 2020. Si esos aumentos periódicos fuesen inferiores a la fórmula de cálculos se va a generar una oleada de juicios contra el Estado Nacional”, desarrolló.