La ley ómnibus respalda a los ciudadanos que actúen defendiéndose ante un delito
El nuevo texto establece a la hora de evaluar la figura de la legítima defensa o el cumplimiento del deber de un funcionario de una fuerza de seguridad, "la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo".
El proyecto de "ley ómnibus" que envió hoy Javier Milei al Congreso también alcanza al Código Penal. La iniciativa alivia la presión sobre los ciudadanos que, ante un delito o un acto de violencia, se defienden y terminan siendo sometidos a una causa penal.
El nuevo texto establece a la hora de evaluar la figura de la legítima defensa o el cumplimiento del deber de un funcionario de una fuerza de seguridad, "la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo".
Hasta ahora el Código Penal contemplaba que estas figuras cabían cuando alguien actuaba ante un hecho de "escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor".
Esta actualización agregaría: "Igualmente respecto de aquél que encontrare a un extraño dentro de su hogar o de un inmueble en el que legítimamente se alojara o trabajara, siempre que haya resistencia o señales que pudieran hacer presumir una agresión inminente".
"También se entenderá que concurren estas circunstancias cuando una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual. Estará además comprendido en este párrafo quien se defendiere respecto de quien esgrimiera un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena", sigue el proyecto.
Un aspecto novedoso es el del "arma falsa", ya que con la ley actual, si alguien se defiende con un arma real y mata o hiere a un agresor que portaba, por ejemplo, una pistola de juguete, este factor podía jugar en contra de la víctima. O como mínimo, abrir un debate judicial sobre si tenía la capacidad de discernir sobre si se trataba de un arma de verdad o no.
El proyecto también le quita la posibilidad a quien comete un delito o a sus parientes (si el delincuente muere) de querellar o demandar a la persona que se defendió.