Por Luis María Ruiz
28 Diciembre 2023
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS / IMAGEN ILUSTRATIVA PRENSA SMT
El contrato entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la empresa 9 de Julio por la recolección de la basura en el ámbito de la ciudad tiene sólo dos meses más de vigencia por delante. Y con las opciones de prórroga agotadas, en el oficialismo buscan una salida para asegurar la continuidad de este servicio esencial para los vecinos.
Fuentes del Concejo Deliberante de la Capital anticiparon a LA GACETA la decisión de convocar a una sesión extraordinaria durante la segunda semana de enero. El objetivo, indicaron en el peronismo, es tratar en el recinto una herramienta que permita resolver la cuestión de los residuos en lo inmediato, hasta tanto se elaboren y aprueben los pliegos para llevar adelante un nuevo proceso de adjudicación.
La firma 9 de Julio comenzó a encargarse de la limpieza de la ciudad en 1991. Primero fue por contratación directa, pero más tarde la empresa se impuso en los llamados a licitación.
El último acuerdo data de 2015, en un trámite que se inició durante la administración de Domingo Amaya y que comenzó a regir a finales de agosto de 2016, ya con Germán Alfaro (PJS-JxC) en la Intendencia.
En el convenio se estableció un plazo de duración de siete años, con distintas opciones de prórroga. Sobre el cierre de la gestión alfarista, se resolvió utilizar la cláusula que garantizaba la continuidad de este servicio por parte de la 9 de Julio durante otros seis meses. Así, la relación del municipio con la empresa bajo los términos actuales se extinguirá a finales de febrero próximo.
¿Qué pasará con la basura?
La cuestión de la recolección de la basura se constituyó en uno de los primeros desafíos para la gestión de la intendenta Rossana Chahla (PJ).
Hace dos semanas, la jefa municipal remitió un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para solicitar la declaración de la emergencia ambiental y sanitaria en el ámbito de la Capital durante un año.
La iniciativa contempla la autorización al Departamento Ejecutivo municipal (DEM) para "arbitrar los medios institucionales que tengan como fin la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos"; y la posibilidad de llevar adelante “contrataciones en forma directa que tengan por objeto brindar solución a las necesidades sanitarias y ambientales locales".
En el cuerpo colegiado optaron por no avanzar con este asunto en el cierre de 2023. Mientras la oposición expresó su rechazo, ediles del oficialismo abrieron canales de diálogo con la Intendencia para tratar de acercar posturas respecto a puntos clave. ¿El principal? Que, aparte de la declaración de emergencia ambiental, se concrete el envío del pliego para licitar la recolección de la basura.
Fuentes del peronismo coinciden en que habría acuerdo para que el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri (PJ), cite a una sesión extraordinaria una vez que se reciba el proyecto con las bases y condiciones para la adjudicación de este servicio. La idea es que el debate se celebre entre el 10 y el 12 de enero.
Una posibilidad es que, debido a la inminente finalización del contrato vigente con la 9 de Julio, se autorice al Departamento Ejecutivo a firmar un contrato directo, aunque solamente hasta tanto se efectúe la nueva licitación. Para ello, se podría modificar en comisión el proyecto de declaración de emergencia ambiental que giró Chahla, aunque tampoco se descarta la elaboración de un texto propio por parte del oficialismo.
Más allá de las alternativas planteadas sobre la mesa, tanto la Intendencia como el Concejo Deliberante buscan definir la cuestión con premura. Es que, más allá de la importancia de este contrato para las arcas municipales, se levantan entre 500 y 600 toneladas de residuos por día en los barrios de la ciudad.
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