La moneda está en el aire: a cruzar los dedos para 2024

Se va 2023, un año agobiante como todos los impares, en el que la sociedad debe votar por sus representantes. Se va un período complicado desde todos los puntos de vista. En lo político, Juan Manzur le dejó la gobernación a Osvaldo Jaldo, tras ocho años de mandato. El Partido Justicialista sigue dominando el territorio, con una oposición que ha mostrado lo peor de sí, llena de traiciones internas, de individualismo, de falta de vocación de poder para desbancar al peronismo y, por sobre todo, sin un plan para mostrarles a los tucumanos que son distintos no sólo ideológicamente. El incremento de las dietas legislativas ha sido una señal, más que clara, de que todos transitan por la misma senda.

Se va el año de la pesada herencia, esa que denuncia el presidente Javier Milei respecto de su antecesor, Alberto Fernández, y que en Tucumán se replica, por lo bajo, entre lo que recibió Jaldo respecto de Manzur. La diferencia es que en el primer caso, los jefes de Estado están en las antípodas, pero en el caso local compartieron reuniones hasta el último momento. La gestualidad sigue dominando la política tucumana. El tranqueño no hablará mal, en público, de aquel que lo convirtió en candidato a gobernador hace un año, cuando en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno lo proclamó como su sucesor en una fallida fórmula invertida de poder. Sin embargo, se da mañas para mostrar que, pese a que ambos son peronistas, no son lo mismo. Lo escribió en el proyecto de ley con el que se intenta modificar el Código Tributario: propiciar “una serie de medidas necesarias para, entre otros aspectos, reducir con recursos genuinos el importante déficit fiscal que presenta la Provincia, producto de la delicada situación económica del país que impacta fuertemente en los recursos provinciales de jurisdicción nacional”. Sutilezas técnicas que adopta la actual gestión para abrir el paraguas antes de que se desate cualquier tormenta fiscal.

Se va un año en el que en pocos meses la Argentina pasó del “Plan Platita”, propiciado por el ex ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, a la “motosierra fiscal” del ahora presidente, el libertario Javier Milei. En el medio hubo dos devaluaciones bruscas del tipo de cambio que sepultó el poder adquisitivo de los argentinos. Lo primero se hizo a fuerza de emisiones escandalosas de dinero; lo segundo se instrumenta a cuentagotas bajo el lema “no hay plata” y con la impronta de un ajuste a base de shock más que de gradualismo. Los cambios en la Argentina son tan fuertes como un huracán que ha pasado por todo el territorio nacional y en el que sobrevivirá aquel gobernador que se adapte al nuevo escenario. En esa orientación se ha inscripto Jaldo desde el mismo momento que asumió con un programa que redujo los beneficios que la política otorgaba para contención de los militantes, como fue el caso de la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel). El tranqueño tomó la posta del ajuste, un término no afín al Partido Justicialista, pero no fue acompañado por otros poderes en la medida que se esperaba en la Casa de Gobierno. Con el tiempo, la Legislatura se sumó con una reducción del porcentaje de erogaciones para el año que viene, que ha sido eclipsada por la decisión parlamentaria de avanzar con un incremento de las remuneraciones a espaldas de la sociedad. Podrá argumentarse que criticar tal medida es propio de un diario del lunes, pero, ¿acaso no hubiese sido más oportuno declarar públicamente que las dietas estaban atrasadas a la evolución inflacionaria y. así, no votar en silencio, como un tema más, en el recinto de sesiones? Las formas son tan importantes como la cuestión de fondo en muchos casos.

Viene un año complicado desde el primer día del calendario. La sociedad se ajustó a la nueva realidad y asiste a un escenario que pocas veces se ha visto antes, con tantas restricciones y fuertes aumentos de precios de los principales productos de la canasta familiar. La inflación seguirá siendo elevada. Las consultoras privadas vaticinan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los dos primeros meses de 2024 puede trepar cerca de 25% en enero y también en febrero. Las tarifas de los servicios públicos privatizados se moverán con mayor velocidad de lo que se ha visto en los últimos cuatro años. Ya no hay motivos para pisarla; el nuevo Gobierno ha dado la autorización para reajustar y también para sacar los subsidios económicos, de tal manera de alcanzar la meta del déficit cero.

Viene un 2024 en el que el propio Jaldo deberá definir qué hará con su administración para recuperar parte de los ingresos coparticipables que han quedado en el camino producto de una medida de corte electoralista que, en otros tiempos de mayor holgura, fue negada por el gobierno del mismo signo político. El gobernador tucumano sabe perfectamente que encolumnarse con el ala dura de la ahora oposición justicialista no es un buen negocio para la provincia, porque están en juego no menos de $ 200.000 millones por impuestos que hasta ahora no se transferirán ni se repartirán en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tucumán y el resto de las jurisdicciones están entrampadas en la maraña legislativa que ha planteado Milei a través del megadecreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y de la decena de proyectos de ley que la Casa Rosada giró al Congreso. En este caso tampoco se cuidaron las formas, con un apabullante compendio de modificaciones bajo el argumento de la urgencia que, en muchos casos, no son tal.

Se viene un 2024 en el que el propio Estado tendrá que buscarle la vuelta para revertir el agudo cuadro socioeconómico que proyecta que la mitad de la población (sin tomar en cuenta los planes sociales) está bajo la línea de pobreza porque sus ingresos no le permiten cubrir el Costo de la Canasta Básica Total (CBT) que, en el caso de Tucumán, puede llegar a unos $ 400.000 mensuales para una familia tipo. Lo que es peor: gran parte de los asalariados formalizados del distrito hacen cálculos para evitar caer en el umbral de la pobreza, donde están instalados, en la actualidad, alrededor de 410.000 habitantes del Gran Tucumán-Tafí Viejo. Por esa razón hay unos 100.000 asalariados que están subocupados, pero son demandantes de otros puestos para poder acrecentar el poder adquisitivo de su grupo familiar y, así, esquivar al descenso social. Pero hay una realidad que se plantea para el nuevo año, tal como lo define Ecolatina: la fuerte recesión seguramente acarreará pérdida de empleo formal en algunos sectores, especialmente aquellos más dependientes de la demanda interna -dentro de los cuales estaría la construcción, producto de un creciente costo en dólares y la eventual parálisis en la obra pública-. Además, las perspectivas podrían complicarse en aquellos sectores productivos que dependen en mayor grado de la protección, que podrían sufrir más como consecuencia de una apertura comercial. Esto aumentará el cuentapropismo y la informalidad laboral, allí donde hay alrededor de 140.000 tucumanos que cobran en negro, sin un horizonte jubilatorio, ni cobertura de obra social.

Todo esto configura un cóctel de desafíos nacionales y locales, que requerirá más coordinación hasta tanto surtan efectos las medidas de ajuste o bien se reacomode el mercado. Hasta entonces, la moneda estará en el aire y los argentinos tendremos que cruzar los dedos para que la luz asome al final del túnel.