25 Diciembre 2023
Javier Milei saluda desde el balcón. FOTO CASA ROSADA
El Gobierno nacional se prepara para firmar un decreto que apunta a achicar el Estado y esta semana quedarían afuera 7000 empleados. Además de no renovar los contratos iniciados en 2023, se abre un período de evaluación de 90 días para el resto de los contratados. Esta situación puso a los sindicatos en estado de alerta.
La decisión política del presidente, Javier Milei, implica no renovar los contratos que fueron firmados por primera vez a partir del 1° de enero de 2023 y que vencen este 31 de diciembre. Según trascendió, esa cifra ascendería a 7000 personas.
Sin renovación contractual
En la Casa Rosada evitaron confirmar cifras, pero sí ratificaron que, como ya se había anunciado días atrás, esos contratos no serán renovados. También se supo que el nuevo decreto contempla la apertura de la etapa de evaluación de todas las estructuras del Gobierno, por los próximos 90 días.
El objetivo es definir cuáles de los demás puestos se mantendrán y cuáles no. En este caso se abrirá una eventual nueva etapa de recortes. Los sindicatos ya están en pie de alerta y tienen medidas previstas para los próximos días
El total de empleados públicos
También queda exento el personal que “haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación” y el “personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y de manera fundada (señalando) que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.
La Administración Pública Nacional (APN) está compuesta por 393.000 empleados, de los cuales 193.000 son civiles distribuidos en distintas áreas. Y en dos marcos de empleo: uno según la Ley de Trabajo, otro según la Ley Marco de Empleo Público Nacional.
Estos últimos representarían unos 100.000, de los cuales un tercio integra la planta permanente, que implica haber ingresado al Estado según un concurso oficial que establece competencias y requisitos. Estos últimos tienen seguridad en su cargo, a diferencia de los que son contratados, entre los que están los que serán alcanzados por esta primera medida y, eventualmente, por las subsiguientes.
Nueva jornada de protesta
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, dijo que la entidad “no va a permitir ningún despido que sea sin justa causa”. Además, el dirigente agregó una advertencia. “Todas y todos los trabajadores desempeñan un rol que es esencial a la hora de garantizarle derechos a la población. Tengo la sensación por estos días que se quiere moldear un Estado que está sólo al servicio de los grandes grupos empresarios”, remarcó.
Aguiar consideró que ATE consideró que todos los trabajadores cumplen un rol esencial y que, por lo tanto, la excepcionalidad que prevé el decreto que tiene que ver con que las instancias jerárquicas ratifiquen que las tareas que desempeñan los trabajadores son indispensables, van a impedir cualquier despido sin justa causa.
"En el caso contrario -dijo Aguiar-, ya hemos definido una nueva jornada de protesta nacional para el próximo 27, y sin lugar a dudas toma fuerza en todo el país la necesidad de avanzar hacia un paro nacional. El primer paro total de actividades en la administración pública en todo el país”.
Aguiar advirtió que la revisión “es ilegal, porque se trataría de convalidar un fraude laboral que vienen sosteniendo los distintos gobiernos desde la década del 90 hasta aquí, que es que se mantengan trabajadores y trabajadoras precarizados bajo distintas modalidades contractuales para evitar garantizar la estabilidad en el empleo público”.
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