El estado de las escuelas tucumanas, en el ojo de las críticas de la Legislatura

Las clases llegan a su fin y el Gobierno alista todo para comenzar con los trabajos de reparación de los establecimientos educativos de cara al ciclo lectivo del próximo año. Por lo pronto, en la Legislatura -con apoyo parcial de la oposición- logró en la última sesión de 2023 que se prorrogue hasta diciembre de 2024 la ley (9.466) que autoriza al Ministerio de Educación a contratar de forma directa -previo cotejo de precios- bienes y servicios para realizar las reparaciones en las escuelas. A su vez, se incrementó el monto de estas operaciones de $30 millones a $60 millones producto de la inflación. La metodología del procedimiento y el estado de los inmuebles escolares generaron tensiones que derivaron también en críticas hacia el ex ministro Juan Pablo Lichtmajer y respaldo para su sucesora Susana Montaldo.

En una semana que fue adversa en cuanto a la opinión pública por el “sinceramiento” de las dietas legislativas (rondarían los $1,3 millones y ayer nadie hizo alusión dentro del recinto), la Cámara bajó el telón de 2023 con un orden del día que incluyó una docena de prórrogas a emergencias y excepciones pero ningún tema sumamente controversial. De todos modos, el debate por el estado de los establecimientos educativos fue ampliamente debatido en una sesión que fue presidida de punta a punta por el vicegobernador Miguel Acevedo.

“En tres meses hay que poner todos los edificios escolares en funcionamiento”, dijo de modo tajante Carlos Gallia, presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, al explicar el sentido de la prórroga. El vicepresidente primero, Aldo Salomón, apoyó la postura y remarcó que la inflación desatada no permite hacer un cálculo de los gastos puesto que los proveedores no están dando siquiera presupuesto.

Trío dinámico

La oposición cuestionó el paquete de emergencias, el cual se prorroga desde hace varios años. En ese sentido, la radical Elías de Pérez (Valores para Tucumán) dijo que una emergencia es algo inesperado que necesita una acción inmediata. “Acá estamos analizando temas que vienen hace 10 o 12 años. Ha transformado en norma la excepción”, reprochó. Responsabilizó a los últimos tres gobernadores por esto: José Alperovich, Juan Manzur y Osvaldo Jaldo. “Esto se debe al trío dinámico: Batman, Robin y el Guasón. Ustedes decidan cuál es cuál”, ironizó. Salomón cuestionó luego el uso de seudónimos. “Capaz que no les gustan las películas de Batman. Capaz que les gusta más la película de anoche, de Los Locos Adams”, dijo en clara alusión al Presidente y su gabinete y el anuncio del decreto.

El alfarista Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) hizo un repaso exhaustivo sobre los informes que solicitó en su periodo anterior como legislador. Que de la oficina que conducía Lichtmajer dieron una dura radiografía del estado de situación (el oficialismo había hablado de “sincericidio”), pero que meses después aseguraron que estaba todo casi resuelto. “¿Por qué la ministra de Educación dijo que más de la mitad de las escuelas de Tucumán tiene problemas de infraestructura? ¿A quién le tenemos que creer? Estaban en un 98% y ahora dicen que la mitad de las escuelas no están en condiciones. Alguien nos está mintiendo”, dijo.

Contra Lichtmajer

Tanto Elías de Pérez como sus correligionarios José Cano y Agustín Romano Norri brindaron su respaldo a Montaldo. “Sin dudas le creo a Montaldo”, dijo el ex diputado. Añadió que hay un mal uso de la emergencia y cargó contra la situación de las escuelas. “Para el ministro que se fue todo está reluciente, pero para la actual es un desastre”, expresó. El ex concejal, en tanto, rechazó la prórroga y calificó la gestión de Lichtmajer como “la peor, lejos”. “Han intentado hacer cualquier cosa menos educación”, disparó y consideró que la prórroga es un mero parche.

El oficialismo defendió la medida y rechazó que haya oscurantismo por solicitar la contratación directa, previa cotejo de precios. “Hay un mes y medio de trabajo para poder poner en condiciones todas las escuelas. Por licitación son 180 días mínimamente”, advirtió.

La justicialista Adriana Najar aceptó que la situación de las escuelas no es nueva y reconoció que lo que plantearon sus pares de la oposición es cierto. “Nadie dice que lo que está pasando en educación es maravilloso, tenemos inconvenientes. Montaldo sabe de la situación real que está pasando en la provincia. Está muy preocupada y ocupada. Tenemos que darle una oportunidad real”, convocó “La Profe”.

El presidente del bloque Justicialista, Roque Álvarez, dijo que le llamaba la atención que se halague tanto a “una ministra que ya estuvo con Batman, Robin o el Guasón”, ironizó. Remarcó que Manuel Courel (Valores para Tucumán) firmó el dictamen de comisión (el radical votó a favor, a diferencia de sus compañeros de bancada). Advirtió que en el interior las escuelas sufren vandalismo y remarcó que se apela a las emergencias porque hay cosas que no se solucionan de un año para el otro. A su vez, rechazó las sugerencias de malversación y se comprometió a repudiar a gente de Educación que dé la espalda a la Legislatura en vez de dar informes.

Emergencias reales

El presidente del bloque Compromiso Tucumán, Claudio Viña, solicitó al Gobierno que actué con previsión para no tener que aprobar todos los años emergencias que faculten al Ejecutivo a excepciones. “Todas las emergencias que estamos discutiendo son reales. Eso no lo discute nadie. El tema es que vienen de 10, de 15 o 25 años. El 95% del temario de la Legislatura son emergencias: esto es calamidad pública”, cargó.

Salomón pidió nuevamente la palabra y convocó a colaborar más que a criticar. “Cuando se habla de emergencia en Educación es porque tenemos dos meses para reparar un montón de cosas pequeñas”, dijo.

Courel dijo que hace suyas las expresiones de Elías de Pérez, pero que por única vez dará crédito al Gobierno. José Macome, en tanto, le dio la espalda a esta iniciativa porque dijo que sería darle a la Provincia facultades por errores que cometió. “Hay emergencias que benefician a personas y sectores productivos. Si una emergencia se sancionó durante un año y hay que repetir es porque no funcionó. Deberíamos probar con algo nuevo”, expuso.

Contrataciones directas

La Legislatura sancionó por mayoría la prórroga por un año de la Ley 9.152, mediante la cual se autoriza al Ministerio Pupilar y de la Defensa (MPD), que encabeza Washington Navarro Dávila (foto), a contratar en forma directa, previo cotejo de precios, a la realización de obras, la adquisición de bienes inmuebles, contratación de servicios y designación de personal.

El oficialismo respaldó la determinación y remarcó que se incrementaron en un 500% los litigios. El legislador Roque Tobías Álvarez aseguró que se está litigando con defensores oficiales y que de los condenados, el 100% de ellos tiene asistencia de abogados proporcionados por el Estado.

El radical Manuel Courel fue la voz de la oposición y se expresó completamente en desacuerdo. “Estamos beneficiando a un solo organismo del Estado, no a la Justicia en general”, como había señalado el miembro informante Carlos Gallia. Advirtió que el MPD cuenta con un presupuesto de $17.000 millones para 2024. “Son $17.000 millones de los que van a poder disponer en forma discrecional”, remarcó. Recordó también que las prórrogas se otorgaron inicialmente por obras que todavía se encontraban en ejecución. “¿Cuáles son las obras en ejecución? Le estamos dando un cheque en blanco al Ministerio Pupilar y de la Defensa.

Emergencia agropecuaria

Un fuerte respaldo brindó la Cámara a la citricultura. Por unanimidad, los legisladores extendieron por un año la vigencia de la Ley de Emergencia Agropecuaria (N°9.614) para las actividades de producción de limón, primaria e industrial, como así los viveros cítricos. A su vez, se incorporaron en el tratamiento proyectos de la oposición y del oficialismo para expresar su rechazo a la aplicación del nuevo esquema de derechos de exportación a productos del sector agroindustrial que establece una alícuota del 15% a la fruta fresca del limón y sus subproductos industriales.

El jefe del bloque Justicialista, Roque Tobías Álvarez, rechazó enfáticamente que se quiera gravar la exportación del limón y advirtió que se pueden perder unos 50.000 empleos en la citricultura y una merma sustancial de las divisas del limón. El radical Agustín Romano Norri ironizó que los defensores de esas medidas (en alusión a los legisladores de Fuerza Republicana) estaban ausentes. “Las fuerzas del cielo no están viendo en Tucumán lo que esto va a generar. Hoy más que nunca tenemos que acompañar a este sector sumamente importante para cuidar”, dijo.

El taficeño Javier Noguera consideró que dicha medida no será la única que tendrán que cuestionar al Gobierno nacional. Destaco que hay entidades del Estado como la Estación Experimental y el IDEP que fueron clave para gestar la industria del Limón en Tucumán.

Municipios y comunas

Por iniciativa del vicegobernador Miguel Acevedo y del legislador oficialista Roque Tobías Álvarez, se actualizaron los montos de los dineros de los que pueden disponer Municipios y Comunas para la contratación directa de bienes o servicios destinados al cumplimiento de programas o planes sociales.

El presidente del bloque Justicialista señaló que las iniciativas, que modifican las leyes 7.976 y 7.350, iban en el mismo sentido: actualizar los montos fijos que se habían plasmados en las normas, los cuales quedaron completamente desactualizados producto de la inflación galopante. El taficeño contó que la novedad que implementaban ambas iniciativas eran las de expresar los montos en litros de nafta premium en vez de pesos. Esto permitirá una actualización automática sin necesidad de hacer modificaciones cada dos meses.

En la primera de las normas, por ejemplo, se reemplazó la expresión de $550.000 por hasta 15.000 litros de nafta premium (más de $8,2 millones, según las últimas modificaciones en las pizarras). En tanto que en la segunda de las incitativas se marca que se pondrán hacer compras o contrataciones directas por hasta el monto equivalente a 430 litros de nafta premium (unos $235.000). Y si es una licitación privada, por hasta 2.150 litros ($1,1 millones).