21 Diciembre 2023
OVERA POZO. Desde siempre la basura genera inconvenientes en su procesamiento y se acumula en montañas que cambian el paisaje.
Distintos socios del Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) habían solicitado información sobre los balances y el uso de los fondos durante la administración anterior del ente, a cargo del representante alfarista Héctor Argañaraz.
La situación financiera del ente encargado de la disposición final de la basura que se recoge en el Gran Tucumán quedó en el centro de la polémica en las últimas semanas, al punto de que este lunes los intendentes Rossana Chahla (Capital) y Pablo Macchiarola (Yerba Buena) se reunieron para acordar distintas medidas -entre ellas, una auditoría interna y otra externa- para buscar “transparencia” en el organismo. De hecho, el jefe municipal de Juntos por el Cambio (JxC) calificó la gestión de Argañaraz como “una administración oscura”.
De todos modos, ya se habían producido con anterioridad cuestionamientos hacia la conducción del Consorcio Metropolitano, que tiene por socios a San Miguel de Tucumán, a Alderetes, a Banda del Río Salí, a Yerba Buena, a Tafí Viejo y a Las Talitas.
El 19 de septiembre pasado, un mes antes de la renovación de autoridades en la provincia, el talitense Carlos Najar -hoy legislador peronista- y su representante ante el Consorcio, Marcelo Alejandro Dip, elevaron una nota para requerir una serie de informes a Argañaraz.
El listado incluye “la presentación de los balances al día de la fecha”; el informe técnico de gestión, incluyendo “la situación de activos y pasivos”; el estado de deudas (fiscales, sociales y comerciales); el listado de movimientos bancarios y de situación de cheques emitidos; el detalle sobre el origen y la aplicación de los fondos percibidos; y el estado ambiental de los predios de San Felipe y de Overo Pozo.
El escrito, registrado en mesa de entradas de la entidad bajo el expediente 882/2023, no fue contestado, al igual que otro escrito anterior, presentado el 21 de julio de 2022 por representantes de Tafí Viejo, de Banda del Río Salí, de Las Talitas, de Alderetes y de Yerba Buena.
En la previa a una reunión de consejeros, se había requerido al presidente del Consorcio Metropolitano la puesta en consideración de los balances correspondientes a los tres ejercicios anteriores (2019, 2020 y 2021). También que se compartieran los archivos digitales de la documentación tratada en una reunión previa, dado que “la información sobre el desfasaje financiero proporcionada (en aquella ocasión) no resulta consistente”.
En otros puntos, se solicitaron copias de “los contratos con las empresas prestadoras”; la exposición de “los criterios y de los procedimientos para llevar a cabo la licitación pública del servicio prestado por la firma Moviser”; y un informe sobre los últimos tres años respecto a la cantidad de toneladas recepcionadas en las plantas de San Felipe y de Overo Pozo “en concepto de vertidos previstos y excedentes”.
En otro punto, los representantes municipales insistieron con “la necesidad de contratación de un estudio contable independiente”, con el objeto de “realizar una auditoría externa en forma permanente y la realización de un análisis de costos del Consorcio”.
La controversia por la situación del organismo quedó expuesta en noviembre, cuando LA GACETA difundió un informe donde se detallaba que entre municipios, comunas y hasta reparticiones provinciales mantenían deudas por unos $769 millones (sólo la Capital se encuentra al día). Esto puso en jaque la clasificación y la disposición final de la basura que se recoge en el Gran Tucumán. Durante dos semanas, los desechos se acumularon en la planta de San Felipe y no fueron enviados al predio de Overo Pozo para su entierro sanitario.
En paralelo, la empresa Moviser SRL reclama atrasos por otros trabajos y obras realizadas que no fueron saldados. Así, entre facturas adicionales por diferencias entre las toneladas recogidas, el alquiler de maquinarias más grandes, pagos fuera de término y la realización de una celda completa en Overo Pozo, la suma ascendería a cerca de $1.000 millones.
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