Continúa la polémica por la Estancia Riarte

La Estancia Riarte es el escenario de una puja entre propietarios y miembros de la comunidad Indio Colalao. Hace más de 10 años que los conflictos estallaron y ninguno pudo ser resuelto legalmente. El viernes quedó suspendido un juicio cuyo inicio estaba programado para mañana y en Salta se encuentra paralizada otra causa en la que se denunció a un ex intendente y actual senador salteño por peculado.

El campo, en el que se viene produciendo hace ya más de 200 años, era de propiedad de la familia Riarte -de allí su nombre-. En los 50, la estancia fue adquirida por Jorge Prat Gay, padre del economista y dirigente político Alfonso Prat Gay. Un pool de empresarios tucumanos y salteños la compró antes de 2010. El principal problema en este caso es la ubicación de las tierras. La estancia está en territorio tucumano, pero los denunciados viven en El Jardín, localidad salteña.

Son más de 15 las denuncias que se hicieron en nuestra provincia. Según la acusación realizada por el fiscal Guillermo Herrera, el 17 de junio de 2012, un grupo de personas, aprovechando la ausencia de sus propietarios, ingresó ilegalmente a la finca con las intenciones de apoderarse de ella. Al enterarse de lo sucedido, el dueño, Freddy Moreno, acompañado por su hijo Sebastián, se presentó en el lugar y fueron duramente golpeados por los intrusos. Los acusados, de acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, se apoderaron de pertenencias que tenían las víctimas y de objetos de valor que había en la casa. Por último, el representante del Ministerio Público, también consideró que los señalados, después de haberse concretado el desalojo de la finca el 7 de julio, volvieron a ingresar de manera clandestina al campo.

Herrera acusó a Alberto Dionisio Mercado, Manuel Santos Pastrana, Ubaldo Eduardo Humano, José Benito y Juan Carlos Toledo, Omar López (actual senador salteño), Ciro Fernando López, María Lilia Delgado y Felipe Santiago Cruz y pidió que se los enjuicie por tentativa de homicidio, usurpación y robo.

El debate estaba programado para que se iniciara mañana, pero el viernes se realizó una audiencia de orden. En ese encuentro, las partes decidieron postergarlo para marzo. Los defensores plantearon la posibilidad de que el caso se cierre a través de un juicio abreviado, pero las víctimas, por el momento, no están dispuestas a aceptarlo.

Más problemas

A partir de 2012, los conflictos se intensificaron. Jorge Posse y Moreno realizaron varias presentaciones en la Justicia asegurando que los sospechados continuaban con intenciones de usurpar sus tierras. Los denunciados, en cambio, sostienen que esas son tierras de la comunidad y que cuentan con derechos ancestrales para ocuparlas. El Ministerio Público Fiscal de la provincia unificó todas las causas y hasta el momento no resolvió. Sí emitió varias medidas de protección a favor de los propietarios de la finca, pero el problema radica que ambas partes conviven en el mismo lugar.

Además este polémico caso también tiene una veta política. Posse había denunciado públicamente que los miembros de la comunidad Indio Colalao se estaban apoderando de sus tierras. Responsabilizó al actual senador salteño Omar López -que debe ser enjuiciado por la causa de 2012- de usurpar sus tierras para instalar un establecimiento ganadero propio. También dijo que el ex intendente de El Jardín regalaba parcelas a los habitantes de su ciudad para que lo voten. “Lo más grave es que utiliza los recursos humanos y las maquinarias del Estado para hacer todo eso”, había declarado en una entrevista con LA GACETA.

“En esta causa no hay ninguna prueba que realmente acredite los delitos por los que están acusadas estas personas. Todo está vinculado a la disputa por las tierras que, legalmente, les corresponden a la comunidad Indio Colalao”, explicó Carlos Garmendia, defensor de varios de los acusados.

Camilo Atim, que representa a la querella, señaló: “se trata de un hecho sumamente grave donde se atentó contra la vida y la propiedad de mis clientes. La impunidad con la que se manejaron y se manejan los imputados debe tener su consecuencia penal. Por ello esperamos que la Justicia brinde un mensaje ejemplificador condenando a los responsables de estos hechos”.

Otra denuncia

Cuando LA GACETA publicó el caso, el ex diputado de La Candelaria, Francisco Rodríguez y el ex senador Alfredo Sanguino, presentaron en julio pasado una denuncia por peculado en una fiscalía de la vecina provincia. Pero hasta el momento, la causa no avanzó. “Constatamos la veracidad de todo lo informado en su diario y conseguimos más información sobre el tema. López utilizaba los equipos del municipio para realizar modificaciones en tierras ajenas para beneficio propio. Son demasiadas cosas insólitas: primero, adueñarse de una finca que no le pertenece y después, utilizar bienes salteños en tierras tucumanas”, explicaron los denunciantes que aún estaban en funciones cuando se presentaron en la justicia salteña.

Rodríguez indicó además que el actual senador está utilizando a la comunidad Indio Colalao. “Es cierto que él vivió allí, pero no forma parte de ningún pueblo originario”, destacó. “Es increíble que una localidad como El Jardín no cuente con nada y sus recursos sean utilizados en una finca que ¡está en Tucumán!”, agregó Sanguino.

Los ex parlamentarios se lamentaron también porque su denuncia no fue tratada aún por la fiscalía. “Es muy grave porque ni siquiera nos llamaron a ratificar. Como ya no somos funcionarios, vamos a asumir el rol de querellantes para que se active de una vez por todas el expediente”, finalizaron.