Piden rever o rescindir los contratos de la obra pública en ejecución

Las medidas anunciadas por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, referidas a la obra pública encendieron las alertas entre los directivos de la Federación de Constructores del Noroeste Argentino (Fcnoa). La entidad reúne alrededor de 200 pequeñas y medianas empresas (PYME), que emplean cerca de 40.000 trabajadores; el 80% de los cuales se sostiene a partir, precisamente, de las construcciones financiadas por el Estado.

Entre otros, los presidentes de las Cámaras Salteña, Jujeña y Tucumana de la Construcción, Juan Carlos Segura, Nicolás Benicio y Jorge Garber, respectivamente, se reunieron en nuestra provincia para analizar los anuncios formulados por Caputo el martes.

Más allá de la problemática que genera la suspensión de los trabajos a futuro, los directivos desglosaron lo que sucede con aquellas obras que, de acuerdo a lo planteado de manera oficial, sí continuarán, debido a que ya se encuentran en ejecución. Esas empezaron a generar severos inconvenientes a partir de los efectos de las acciones del Gobierno.

“La situación es compleja. Desde los anuncios del ministro, y con la devaluación del 120%, sufrimos aumentos que van desde un 28% del cemento a un 50% del hierro. Y estamos viendo una inviabilidad en los contratos; es imposible llevarlos adelante de esta forma. Las empresas constructoras están perdiendo su capital de trabajo; están llegando a no poder pagar los compromisos; y la gente tiene que cobrar antes de las fiestas. Por lo tanto, concluimos en que o se reformulan los contratos de obra pública o empezaremos a solicitar en cada caso la rescisión de estos”, manifestó Garber, presidente de Fcnoa.

Sugirió, además, que las medidas anunciadas por Caputo pueden abrir la puerta para eventuales planteos judiciales, por parte de empresarios. “Dijo que no se ejecutarán obras que no están licitadas y que no estén contratadas; pero hay obras licitadas y contratadas, entonces eso generará un derecho al contratista -en este caso, a la empresa- a un resarcimiento eventual en caso de los que tengan contratos”, alertó.

Respecto de las obras en ejecución, que continuarían, Garber admitió que hay mucha incertidumbre en el empresariado. “¿Cuál será la fluidez en el envío de esos fondos desde Buenos Aires? ¿Cuál será el reconocimiento en la actualización de precios ante semejante devaluación? Porque la realidad de las empresas se tornó muy compleja”, destacó.

A criterio del empresario, el porcentaje del actualización deberá seguir los números de la inflación que difunda el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de manera mensual. “En noviembre la inflación rondó el 13%; y los índices en la construcción seguramente estarán por arriba de un 20%. Con esta devaluación veremos cuánto es la inflación de diciembre”, dijo.

Garber remarcó que los contratos de la obra pública se deben renegociar. “Hay que sincerarlos; y hay que sentarse a ver en qué situación está cada una de las obras. En varias provincias del NOA las obras se están parando porque no reflejan la realidad. Y empiezan los problemas de vandalizaciones, de robos, de ocupaciones; lo que todos sabemos, porque en Tucumán nos pasó, con Manantial Sur”, indicó. Y exigió celeridad: “Hay que tomar decisiones rápidas; que no nos pase como con el Gobierno de Cambiemos (2015-2019), que se tomaron un año para hacer una revisión general y la construcción se paró en todo el país durante ese tiempo”.

El directivo dejó en claro que los empresarios de la construcción apoyan el Gobierno del presidente, Javier Milei. “Queremos que le vaya bien; nos adaptamos a las nuevas reglas del juego. Pero queremos resoluciones ejecutivas, porque la gente come todos los días y nosotros debemos cumplir con nuestras obligaciones”, señaló. En ese sentido, reclamó también la posibilidad de contar con diálogo directo con la Nación. “Necesitamos un interlocutor para que podamos llevar todos estos problemas a las autoridades competentes. Nos pasó con el Gobierno de (Mauricio) Macri. Estuvimos más de un año sin poder hablar con la persona justa; y luego, hasta que se empezó a mover, ya había pasado la mitad de la gestión. No queremos que pase lo mismo”, señaló.

Garber subrayó que urge resolver todos estos problemas. Destacó que en Tucumán, las empresas constructoras emplean unas 15.000 personas; que en Salta este número llega a 14.000, y que en Jujuy, a unos 7.000. “En las tres provincias ya hay telegramas de despido. Escuché que David Acosta, el secretario general de la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), dijo que se habían dado aproximadamente 1.000 despidos en los últimos días en Tucumán”, citó Garber.

Los tres directivos precisaron la cantidad de obras por provincia cuyos contratos consideran que se deberían renegociar, a partir de la devaluación. “Tucumán tiene más de 100”, señaló Garber. “En Salta, unas 170; más 230 previstas para este año”, indicó Segura. “Jujuy tiene 130”, destacó Benicio.

Por provincias

El empresario salteño y su par jujeño remarcaron que, en sus provincias, el Gobierno local sí impulsa obras públicas con fondos propios. En otras palabras, si bien la decisión del Gobierno de Milei impactará en aquellos distritos, igualmente el sector se seguirá moviendo. “Jujuy tiene una particularidad, que tiene muchas obras con fondos provinciales”, dijo Benicio.

“El año que viene Salta empieza a cobrar regalías mineras; entonces entrará al Gobierno un muy importante flujo de fondos. Y la Secretaría de Obras Públicas de la provincia empezará a ejecutar muchas obras emblemáticas: una avenida de circunvalación desde el acceso norte hasta el dique Cabra Corral y los valles Calchaquíes, con una autopista de cuatro carriles. También se está por licitar el polo deportivo, con un costo de $ 14.000 millones: piletas olímpicas con trampolines para saltos ornamentales, cancha de atletismo, mejora de los dos estadios cerrados. La idea del gobernador (Gustavo Sáenz) es llevar a la provincia los Juegos Panamericanos 2027”, contó Segura.

En Tucumán, en gran medida, la obra pública fuerte depende mayoritariamente de la Nación, o de organismos internacionales.

"No hay condiciones para que los privados asuman la inversión de la obra pública"

Las autoridades de la Federación de Constructores del Noroeste Argentino (Fcnoa) señalaron que las entidades miembro emplean cerca de 40.000 trabajadores. Dijeron, además, que el 80% de estos está apuntalado por la obra pública. “Todos sabemos que no hay inversión privada; no están dadas las condiciones para invertir en obras, en desarrollos inmobiliarios. Entonces, hoy no hay posibilidades de migración al sector privado”, dijo el tucumano Jorge Garber, titular de Fcnoa. 

“Primero hay que arreglar lo económico, hay que tener una inflación de un dígito, hay que tener crédito hipotecario, hay que tener un contexto que tranquilice al inversor para que se pueda dar la posibilidad de que se ejecute más obra privada o la iniciativa que pretende el Gobierno nacional, que es la Participación Público Privada (PPP). Ahí podríamos hablar de una migración como pretende el Gobierno. Al corto plazo no es posible”, añadió el empresario.