La muerte de Paulina Lebbos: casi dos décadas de impunidad

A una frase remanida, “La Justicia tardía no es Justicia”, se le antepone otra igualmente trillada “se educa con el ejemplo”.

Pasaron casi cinco años desde que la Justicia condenó a cinco funcionarios del área de seguridad por encubrir el crimen de Paulina Lebbos. Y pasaron casi 18 desde que mataron a la estudiante de Comunicación Social, pero el tiempo pasa y no hay respuestas para la principal pregunta: ¿quiénes la mataron? Parece increíble que pasen los años y la cuestión siga siendo la misma y que no se profundice una investigación que, en su momento, causó un terremoto en la base misma del gobierno del entonces mandatario José Alperovich. Pasa el tiempo y lo que repite siempre Alberto Lebbos, el papá de Paulina, se hace carne: vivimos en la peor impunidad.

Pocos casos en la historia de Tucumán tuvieron tantos condimentos políticos como la muerte de Paulina. Se puede hacer una comparación con la desaparición de Marita Verón en abril de 2002. Ambas causas tienen un punto en común y es el involucramiento directo de la política. Las maniobras de encubrimiento no se podrían haber llevado a cabo sin la venia de ciudadanos poderosos que creyeron (y por lo visto con razón) que la impunidad los protegería.

A Paulina la secuestraron la noche del 26 de febrero de 2006 cuando salió de un boliche en la zona del ex Abasto. Nada más se supo de ella hasta el 11 de marzo de ese mismo año, cuando encontraron el cuerpo a la vera de la ruta 341 en Tapia. El cadáver había sido arrojado allí -se sospecha- muchos días después de la muerte. Pero no se sabe cómo la mataron ni, por supuesto, quiénes ni por qué.

El 25 de febrero de 2019, un tribunal conformado por los jueces Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Rafael Macoritto condenó a seis años de cárcel al ex secretario de seguridad Eduardo di Lella y al ex jefe de Policía Hugo Sánchez; a cinco años y medio al ex subjefe de Policía Nicolás Barrera y a cinco años de prisión al ex jefe de la Regional Norte, Rubén Brito. El ex policía Waldino Rodríguez recibió una pena de tres años de prisión condicional. Pero además de la importancia de estas sentencias, que demostraron acabadamente las maniobras de encubrimiento que se realizaron en torno al crimen, los camaristas decidieron que la investigación debía ampliarse. Y el nombre más fuerte que incluyeron en la orden fue el del ex gobernador José Alperovich. Concretamente los jueces dijeron que se debía “remitir a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal cargo de (Diego) López Ávila copias de la presente sentencia y las piezas procesales pertinentes a fin de que se investigue la eventual participación dolosa, por los eventuales delitos de “encubrimiento” y/o “abuso de autoridad” y/o “incumplimiento a los deberes de funcionario público” y/o “falsedad ideológica” y/o el delito que surgiera, de todas las personas que intervinieron: (a) en el trámite, dictámenes y resolución de ilegítima reincorporación del ex comisario García al servicio activo en la fuerza policial y (b) en el trámite, dictámenes, propuesta y decreto de ilegítimo ascenso del ex comisario García a comisario principal (Decreto del Poder Ejecutivo provincial n° 2.369/7 (SSC) - Expediente N° 85.184/213-2010 de fecha 03/08/2010)” y “remitir copias de la presente sentencia y de las actuaciones procesales pertinentes, a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal a cargo del Dr. Diego Alejo López Ávila, a fin de que se investigue a todas las personas y funcionarios, de cualquier jerarquía, que intervinieron en la designación de los comisarios retirados Segundo Marcial Escobar, Alfredo Gerardo Jiménez y Luis Antonio Santana, como personal de gabinete en la Secretaría de Seguridad”. Ambos decretos a los que hace referencia la resolución fueron firmados por el ex gobernador.

Pero al mismo tiempo los jueces mostraron serias sospechas sobre dos hombres que podrían tener vinculación con la desaparición y muerte de Paulina: por un lado, César Soto, novio de la estudiante y padre de su hija, y Sergio Kaleñuk, hijo de Juan Alberto Kaleñuk, ex jefe de Gendarmería en Tucumán, ex jefe de Policía y mano derecha y asesor de Alperovich. Y ordenaron que se investigue otras 30 personas, entre ellas al ex ministro de Seguridad, Mario López Herrera; a la ex jefa del laboratorio de Toxicología, Lilia Moyano; a los ex comisarios Marcial Escobar, Luis Santana, Alfredo Jiménez, Rodolfo Maruf y Francisco Picón; al ex jefe de la Policía Científica, Fernando Vázquez Carranza; a las amigas de Paulina, Virginia y Jimena Mercado; al taxista Juan Pedro Cruzado y al barrabrava de Atlético Tucumán Gustavo González; todos, por delitos vinculados con el encubrimiento, además de una decena de testigos que fueron acusados por falso testimonio. Pasaron cinco años y nada de esto se hizo. Y lo peor es que algunos de los delitos por los cuales se los acusa prescriben, por lo que poco podrá hacerse en poco tiempo.

El peregrinar de Alberto Lebbos lleva casi 18 años. Debió lidiar con fiscales que no se involucraron en la causa, como Alejandro Noguera al principio, o que directamente hicieron todo lo posible para embarrarla, como el condenado Carlos Albaca. Sólo López Ávila logró avanzar lo suficiente como para demostrar maniobras de encubrimiento. Pero el crimen sigue impune. Si hace cinco años un tribunal advirtió que podía haber pruebas que condujeran al esclarecimiento del caso y ordenó que se las investigara, hasta hoy nada de eso sucedió. Y tal como sucede desde hace casi dos décadas, Alberto Lebbos sigue trajinando pasillos de Tribunales y sólo encuentra puertas cerradas o malas contestaciones. Las causas contra los otros 33 sospechosos pasaron de mano en mano y nada se hizo al respecto. No se pidieron medidas, no se avanzó en la investigación. Lebbos envió sendas notas tanto al Ministerio Público Fiscal como a la Legislatura por lo que considera una clara violación a los derechos humanos, además de una falta de respeto a su dolor y al de su familia. Al ministro fiscal Edmundo Jiménez le dijo en una misiva: “Es muy duro e inaceptable observar que los autores de delitos graves, que prácticamente se burlaron de los Señores Jueces, Fiscales y de las Víctimas, sigan muy libres esperando el paso del tiempo para que, como sucede en muchísimas causas, opere la prescripción y los delitos cometidos queden impunes”. No tuvo respuesta.

Mientras tanto, el único que está detenido en Villa Urquiza por la causa es el ex fiscal Albaca, el último de los condenados. Di Lella y Sánchez tienen prisión domiciliaria, y Barrera y Brito ya obtuvieron el beneficio de la libertad condicional.

Después de tanto tiempo la causa de Paulina Lebbos es un zafarrancho en el cual los autores se esconden. Nadie sabe si son hijos del poder o no quienes la mataron, pero las maniobras para encubrir a los autores fueron claras. Sus autores lo saben y hoy siguen callando. Y en épocas en las que desde el Poder Judicial se dice que la primera intención es acercar la Justicia a los ciudadanos la impunidad sigue paseando por nuestras calles. Lejos está eso de ser justicia.