La Justicia prohibió a cuatro dirigentes alfaristas acercarse a la intendenta Rossana Chahla, a sus familiares y a su vivienda en Barrio Sur. Esta restricción incluye a Valeria Amaya, ex candidata a diputada de Juntos por el Cambio y aliada al ex jefe municipal, Germán Alfaro.
La medida dispuesta se enmarca en la investigación abierta por las amenazas que recibió la intendenta de San Miguel de Tucumán. Durante la semana pasada, Chahla denunció públicamente y ante la Justicia amenazas de muerte y hechos de violencia derivados de la decisión de desvincular a empleados que habían ingresado a la administración en la última etapa de la gestión de su antecesor. La denuncia fue radicada por el fiscal Municipal Conrado Mosqueira en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana a cargo de Alejandra Navarro. Ella la derivó a la Unidad de Grave Atentados contra las Personas que conduce la fiscala María del Carmen Reuter. La funcionaria judicial, con la prueba presentada en la denuncia, logró establecer que un grupo de empleados municipales habían conformado un grupo en esa red social para planificar y coordinar hechos de violencia.
“En autos se plantea un hecho presuntamente delictivo el cual, según surge de dichos actuados, podría producir mayores consecuencias sobre la integridad de la víctima y denunciantes”, alertó el Ministerio Público Fiscal. “En casos como el presente, se torna imperioso el dictado de medidas de protección que aseguren una cierta protección de la víctima y descompriman el riesgo latente”, se añadió.
Así, se dispuso ordenar como medida de protección a Chahla, a su grupo familiar “especial actividad de prevención en relación al domicilio familiar y a todo acto de comunicación, acercamiento, perturbación o turbación e intimidación directa o indirecta”. La prohibición alcanza a Manuel Velarde, a Cecilia Contreras, a Marcelo Sotelo, a Julio Ricardo Rocha y a Amaya.