Fondos para municipios: una nueva Ley de Coparticipación busca ver la luz

El radicalismo tucumano no se quedó con las quejas y las denuncias judiciales por la forma en que la Provincia distribuye los fondos para municipios y comunas, sino que desde la Legislatura ahora busca marcarle la cancha al Gobierno con un nuevo sistema de coparticipación ante el anuncio del fin del denominado “Pacto Social”. Los seis legisladores de la UCR firmaron una iniciativa para que se derogue el régimen que data de 1991, se tomen nuevos parámetros de reparto y se incluya en esa masa los Ingresos Brutos. Aunque no lo manifiesten públicamente, hay ex intendentes oficialistas que por lo bajo avalan estas determinaciones.

El proyecto de ley fue impulsado por el legislador yerbabuenense Manuel Courel, con el respaldo de sus compañeros de bancada Silvia Elías de Pérez y José Seleme. También estamparon su firma sus correligionarios José Cano (Radicalismo Federal), Agustín Romano Norri (Evolución Radical) y Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán). En 12 artículos fijan nuevas pautas para el reparto de los fondos y buscan la derogación de la Ley de Coparticipación vigente (N° 6.316).

Masa a distribuir

Los parlamentarios proponen que el fondo a coparticipar esté integrado por las asignaciones que reciba la Provincia por la Coparticipación Federal de Impuestos (Ley N° 23.548); Ingresos Brutos; Impuesto Inmobiliario; Impuesto Automotor; y Sellos. Del total de lo recaudado, ofrece que el 80% sea para la Provincia y el 20% para municipios y comunas. De ese 20%, la iniciativa señala que el 85% vaya para las municipalidades; 10% para las comunas; y 5% para constituir un fondo para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de cualquiera de los distritos.

Respecto a la masa para los municipios, el proyecto fija que el 21% se reparta en partes iguales y que el 79% restante se distribuya en función directamente proporcional al número de habitantes de cada municipalidad, conforme a los datos oficiales del último censo. En cuanto a las comunas, la iniciativa propone que el 50% se reparta en partes iguales y la otra mitad de acuerdo a la cantidad de población. En todos los casos, se prevé que el goteo de fondos sea diario.

En los fundamentos de la norma se plasmó que se modificaron sustancialmente las condiciones y la realidad poblacional y funcional de municipios y comunas desde la sanción de la ley de 1991, lo cual devino en una “inequitativa la distribución de los recursos”. Se señaló también que la Constitución de la Nación y la de Tucumán garantizan la autonomía de los municipios, por lo que el reparto de fondos debe ser equitativo.

Dependencia plena

“Resulta necesario establecer un nuevo régimen de coparticipación provincial que dé cumplimiento con el mandato constitucional, mediante herramientas que se ajusten a los criterios legislativos actuales en la materia, en orden a la variabilidad y equidad en los parámetros de distribución, a fin de asegurar el correcto financiamiento de los municipios y comunas de la provincia”, se desarrolló en el texto. Se señaló también que sólo Misiones y Tucumán quedaron con coeficientes rígidos de distribución, pero que nuestra provincia es la única del país que no coparticipa Ingresos Brutos para municipios y comunas.

Por último, los parlamentarios radicales indicaron que los distintos convenios de asistencia que se han ido firman entre la Provincia y los municipios han ido desincentivando la generación de recursos propios de parte de las administraciones locales, siendo dependientes del Gobierno provincial. “Esta dependencia se agrava, además, por el otorgamiento voluntarista y discriminatorio de aportes, reintegrables y no reintegrables, a algunos municipios en desmedro de otros, lo cual da cuenta de un sistema de reparto notoriamente caótico e imprevisible”, acotaron.

Ante los anuncios que realizaron el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro del Interior Darío Monteros sobre el cese desde 2024 del denominado “Pacto Fiscal” (los distritos ceden su coparticipación para tener garantizados los recursos para su funcionamiento), los radicales remarcaron que resulta “ineludible y urgente establecer un nuevo régimen de coparticipación que garantice el normal funcionamiento de los municipios de la provincia en forma autónoma y sin interferencias del Gobierno provincial”. Buscan evitar la discrecionalidad del reparto y el tener que ir a negociar mano a mano con el Ejecutivo.

Un grupo de ex intendentes oficialistas que ahora son legisladores hicieron conocer por lo bajo a los opositores su apoyo por la iniciativa. Hay algunos, incluso, que mandaron a hacer un estudio comparativo para tener un panorama sobre cómo se lleva a cabo la coparticipación en otras provincias.