Deudas y metas de la educación superior

Por Miguel A. Cabrera

Decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT

Desde el retorno de la democracia el sistema de educación superior de gestión pública ha vivido una serie de transformaciones que le han otorgado su actual configuración. El advenimiento de los tiempos democráticos encontró en 1983 a una universidad retraída en cuanto a su función política y social, en un escenario de censura y persecuciones políticas. La recuperación de los derechos civiles permitió que la comunidad universitaria comenzara a manifestarse nuevamente en libertad y que resurgiera el espíritu del libre pensar y expresar opiniones, que la debe caracterizar.

Desde el punto de vista académico y cercanos al cuarto del nuevo milenio, la universidad pública se enfrenta con desafíos aún sin resolver, tales como bajos índices de egreso, alta deserción, exceso en la duración teórica y real de las carreras, inequidad en la distribución de la matrícula, superposición geográfica de carreras, entre otros. En lo relativo al bajo rendimiento, algunos índices se intentan justificar, por un lado, por el bajo nivel educativo de los ingresantes desde el secundario y, por el otro, por una nueva dinámica socioeconómica, que impone a una gran parte de la ciudadanía en edad universitaria la necesidad de trabajar por su sustento.

Por otra parte, cuestionables políticas de supuesta federalización de la educación superior han llevado a superponer y concentrar ofertas de carreras, a veces duplicando esfuerzos del erario, inclusive en regiones de baja distribución demográfica. La universidad así planteada no es percibida por muchos jóvenes como una oportunidad de formación, pues no vislumbran una rápida salida al mundo laboral. Como respuesta, se requiere por parte de la universidad pública mecanismos ágiles de adecuación de su oferta académica para hacerla, sin renunciar a los estándares de calidad, atractiva y acorde a lo que el medio requiere.

En las últimas dos décadas, desde la administración nacional se diseñaron estrategias de fomento a la educación superior, para aumentar la matrícula y mejorar la retención de los estudiantes en el sistema, mediante becas y programas de apoyo. Estos, hasta el momento no dieron los resultados esperados en relación con la inversión realizada por el Estado nacional. Para encontrar una solución integral viable, la universidad misma, desde sus claustros y conducción, debe proponer innovaciones metodológicas y curriculares que permitan recuperar a la educación superior pública como un referente de los cambios que necesita la sociedad de la que se nutre y que la sostiene con sus impuestos.

Fortalecer la educación pública es una obligación del Estado y un derecho de los ciudadanos, para ello debe ser objeto de políticas responsables, eficientes y que alcance a los estratos más vulnerables en un marco de real igualdad de oportunidades. Hoy más que nunca y en la era del conocimiento la universidad se convierte en un paso obligado de todo aquel ciudadano que desee adquirir competencias que le permitan contribuir al desarrollo social y personal.