La motosierra buena y la motosierra mala

Es curioso, la motosierra de Javier Milei aún no se encendió, pero en Tucumán la convulsión social monopoliza la atención. Los hechos de violencia que se vivieron en las puertas de la Municipalidad abren una serie de preguntas, aunque hay una que varios prefieren no responder. ¿Por qué si los despidos “políticos” se dieron también en el Gobierno provincial, sólo hubo reacciones callejeras en la capital?

Husmear en las posibles explicaciones implica adentrarse en las internas abiertas dentro del peronismo y en la reconfiguración del mapa político local. Desde que el 11 de junio obtuvo más de 600.000 votos para convertirse en gobernador, Osvaldo Jaldo comenzó un operativo para vaciar el manzurismo y depurar el jaldismo. Así, priorizó acuerdos con opositores antes que con oficialistas y se produjeron las primeras heridas. Lejos de detenerse, con el correr del tiempo el sangrado se profundizó porque los dirigentes se fueron convenciendo de que el ajuste que había anticipado “El Comisario” no era un simple maquillaje. Intendentes sintieron en carne propia el corte abrupto de los aportes no reintegrables con los que Juan Manzur premiaba o castigaba; y los legisladores, el pedido de paciencia de Miguel Acevedo para disponer de contratos y recursos. A ambos, además, los afectó directamente la eliminación de la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel), que dejó “sin contención” a más de 7.000 dirigentes o militantes.

Con ese escenario de achique, la pregunta inicial cobra mayor dimensión. ¿Por qué no hubo reclamos o protestas públicas? Hasta ahora, el enojo de un sector de la dirigencia oficialista no se exterioriza más que en travesuras, como las pintadas “Juan volvé” que aparecieron en barrios y en paredes del interior. Pero sí se palpita. En la Cámara, por ejemplo, se percibió durante la visita del ministro de Economía, Daniel Abad. Allí, ante opositores y funcionarios, el legislador Tomás Cobos dejó asentada cuál es la principal preocupación. “Cobito”, quizás por su inexperiencia, pidió en voz alta lo que se exige habitualmente en reuniones privadas. “Yo quiero ver el presupuesto de la Legislatura”, reclamó. Vale recordar, no es la primera vez que el jaldista sale a contradecir medidas o posturas de la Casa de Gobierno. Lo hizo hace un par de semanas, cuando la mortandad de peces en el río Salí asediaba al Poder Ejecutivo y se reflotaba el fantasma de la contaminación: mientras los funcionarios hacían esfuerzos por desinstalar esa idea y abonar la teoría de un fenómeno natural, el endurista reforzaba la denuncia por derrames industriales, incluso con mayor énfasis que algunos opositores.

Muchos relacionaron estos últimos pataleos con su padre, Eduardo Cobos, quien también puede sufrir los efectos del ajuste en la Defensoría del Pueblo, otro organismo “embarazado” en los meses de campaña. Por lo pronto, el alboroto interno se reeditará el lunes, aunque ya a puertas cerradas, en la reunión que mantendrá el bloque de legisladores justicialistas. Además de la catarsis, es probable que los reclamos suban de nivel.

De nuevo, si el bisturí se aplica en todas las escalas, no queda claro entonces por qué solo en la esquina de 9 de Julio y Lavalle hubo pruebas concretas de las consecuencias. En el entorno de Rossana Chahla se hacen esa pregunta y buscan respuestas. Algunos manzuristas sugieren que detrás de las manifestaciones lideradas por el alfarismo hay un guiño de la Casa de Gobierno. Para justificarse citan una anécdota del legislador Alfredo Toscano, vicepresidente segundo de la Cámara y el referente de mayor confianza del ex intendente Germán Alfaro. Tras la exposición del ministro Abad, en la comisión de Hacienda, el ex secretario de Obras Públicas pidió la palabra para elogiar las medidas de austeridad de Jaldo. Es decir, militó el ajuste del gasto político en el mismo momento en el que dirigentes de su espacio arrojaban huevos frente a la Municipalidad que lo cobijó hasta hace 30 días.

Ahora, ¿por qué habría de estar la mano de un sector del Gobierno detrás de las protestas capitalinas? Aquí es llamativo detenerse en la coincidencia de los manzuristas y del grupo de alfaristas que ya se distanciaron del líder del Partido por la Justicia Social. Las conjeturas parten de la hipótesis de que al jaldismo no le sirve que la intendenta Rossana Chahla se fortalezca. Esta teoría se da justo cuando parece abrirse una diagonal impensada entre el presidente Milei y la intendenta: Eduardo Roust, que suena en el área de Medios de la Nación, colaboró con la campaña de Chahla y estuvo en San Miguel de Tucumán en un par de ocasiones.

Pero volviendo al eje de discusión, vale aclarar que esta versión anti-Chahla es descartada por el jaldismo. Es más, aseguran que hubo una intervención directa del gobernador para que los referentes del PJS desactivaran la hostilidad, hecho que se dio en consonancia con la presentación de una denuncia judicial por parte de Chahla. También es cierto que el mandatario llamó a la jefa municipal el miércoles y le puso a disposición el Ministerio de Seguridad. Y que dispuso la salida de un funcionario a partir de lo sucedido. Se trata de Daniel Arancibia, histórico peronista que había sido designado como interventor del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys) por el radical José Ascárate, secretario de Energía. Sin embargo, el ex secretario de Obras Públicas municipal se vio obligado a presentar la renuncia tras el escándalo porque su hijo, el concejal de Lules Mariano Arancibia, había estado en medio de las protestas frente a la Municipalidad. El ex candidato a intendente luleño por JxC fue uno de los beneficiados con los últimos pases a planta permanente que había dispuesto Alfaro.

Es innegable que el ajuste de Chahla impacta directamente en la capacidad de subsistencia política del alfarismo. Las pruebas están a la vista. De manera presencial en los incidentes estuvieron los concejales Carlos Ale y Ana González, y otros referentes fueron más sutiles y enviaron a sus dirigentes o familiares más cercanos. Un paréntesis para la situación de estos dos ediles: fue tan comentada su participación en las protestas que el presidente del Concejo, Fernando Juri, los citó en su despacho para darles un tirón de orejas.

La clave para dimensionar el golpe justamente pasa por allí: entre los cientos de cesanteados hay militantes de barrios de la capital, pero también de otras comunas y municipios y de diferentes expresiones políticas. No es casual, entonces, que radicales, alfaristas y hasta funcionarios provinciales, como el ministro Federico Masso, hayan llamado –algunos con mejores modales que otros- personalmente a la intendenta para pedirle por los militantes de sus espacios que habían sido afectados.

El Partido por la Justicia Social corre el riesgo de padecer a largo plazo la carencia de una estructura territorial y de una caja de contención a la dirigencia. Lo que muchos se preguntan hoy es si la alianza “institucional” con el jaldismo le será suficiente para sortear el ineludible paso del tiempo. La buena nueva para el ex intendente Alfaro es que en la Casa de Gobierno asomó por la ventana la sombra del ahora senador nacional Manzur. El ex gobernador, de a poco, ha comenzado a dar señales de que no está dispuesto a darse por retirado a los 54 años. Mientras Jaldo necesite aniquilar cualquier vestigio del pasado reciente y esa pelea mantenga entretenido al oficialismo, Alfaro podrá verse beneficiado.