Cómo se prepara Tucumán para la “era del ajuste”

En las últimas 48 horas, Osvaldo Jaldoy sus ministros Regino Amado (Gobierno) y Daniel Abad (Economía) aceleraron las negociaciones con los gremios estatales para cerrar un acuerdo que implique una mejora en los sueldos para los más de 110.000 agentes públicos, a través de una suma fija $ 80.000 en dos cuotas (la primera se abonará entre el jueves y viernes próximos). 

¿Cuál era la premura? Desde el punto de vista de la necesidad financiera, ponerle dinero en el cajero automático a cada estatal para enfrentar lo que se viene. Desde el punto de vista político e institucional, contribuir con acciones que garanticen la tranquilidad o paz social en un momento particular para la sociedad: las Fiestas de Fin de Año.

El otorgamiento de dos aportes extra a los agentes del sector público implica un costo fiscal de unos $ 5.600 millones, de acuerdo con los cálculos oficiales. Pero esto se suma a la inyección dineraria de unos $ 170.000 millones desde estas fechas hasta antes de la celebración de los Reyes Magos, con la liquidación de las remuneraciones de noviembre y de diciembre más el medio aguinaldo. 

La novedad en esta oportunidad es el arreglo del Poder Ejecutivo con el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas), algo inédito para estos últimos años. Es un mensaje político, pero también una señal de operatividad mayor en los hospitales. Varios servicios de la salud dejarán de lado las restricciones en la atención al público.

El temor de la Casa de Gobierno es el que tienen todos los argentinos: qué pasará a partir del lunes, cuando Javier Milei ya esté en funciones como presidente de la Nación. Los días previos a la asunción del libertario no han sido del todo tranquilos. 

El tipo de cambio oficial se devaluó un 6%, el precio de las naftas se disparó otro 15% y en casi un mes el combustible se incrementó un 30%. Hubo remarcaciones de precios de los principales artículos de la canasta familiar que también se reajustaron entre un 15% y un 35%, pero el salario (ni público ni privado) tuvieron la misma flexibilidad para reajustarse a la realidad inflacionaria de cada día. La economía de guerra será el signo de los nuevos tiempos. 

Javier Milei ya ha dicho que “no hay plata” para despilfarrar y que cada gobernador tendrá que vivir con los ingresos que genera su distrito, además de las transferencias que por ley de coparticipación le corresponden. Ni la obra pública ni el giro discrecional de fondos por parte del Estado nacional continuarán. Esta semana, Jaldo ha recibido con preocupación las comunicaciones que la conducción local de la Uocra le ha efectuado: en Tucumán comenzaron a enviarse cartas documento con las que las empresas constructoras explican a los obreros que no podrán mantener el ritmo de los trabajos y que, por esa razón, prescinden de los servicios. 

En algunas metalúrgicas, anticiparon las vacaciones para disminuir costos de producción y bajar el ritmo de actividades hasta tanto se normalicen los precios de las materias primas y de los insumos. Las actividades citrícola y azucarera han terminado la zafra y gran parte de la dotación de obreros del surco toman nuevos destinos como cada año (interzafra) para ganar un salario en otras latitudes. Los casi 140.000 trabajadores en negro que hay en el distrito siguen siendo los más desprotegidos ante tanta inflación. Los niveles de pobreza se disparan por encima del 45% y sólo en el Gran Tucumán-Tafí Viejo se pueden contabilizar más de 410.000 habitantes en esa situación socioeconómica.

El comercio se mueve. Tal vez no al ritmo deseado, pero el dinero quema en las manos del consumidor, que tiende a anticipar compras para evitar que se deprecie, aún más, el poder adquisitivo de su salario. No es para menos. El propio presidente electo ha dicho que se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) puede continuar en los dos dígitos, al menos durante tres meses más. 

Las consultoras coinciden en que el dato de noviembre, que se publicará oficialmente el miércoles, rondará el 12% y es probable que en diciembre, si se liberan los precios –como sucedió hoy con las naftas y en la que YPF aumentó un 25%, más que las otras petroleras- puede trepar al 18%-20%. La devaluación está esperando a la vuelta de la esquina. 

Algunos analistas sostienen que puede ser dos veces mayor a la que se registró en agosto pasado, luego de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Todo para evitar una hiperinflación, aunque técnicamente un IPC anual del 200% ya se configura en ese concepto.

Las tarifas de los servicios públicos privatizados buscarán ser actualizadas de la misma manera que lo están haciendo las petroleras. Las distribuidoras vienen retrasando los incrementos, tanto por los cargos propios como los servicios de transporte y de generación. En Tucumán, el servicio de agua y cloacas viene con un atraso de dos años. 

Dentro de la Casa de Gobierno están analizando qué hacer con esas tarifas. Una de las salidas puede ser una suba progresiva aplicando la receta que la Dirección General de Rentas hace con las valuaciones de las propiedades: el aumento dependerá de la zona de residencia y del poder adquisitivo de los clientes. De una y otra forma, el golpe seguirá recibiéndolo la clase media tradicional, cada vez más empobrecida y en la que tener trabajo no asegura sostenerse en el estado ideal para una familia argentina.

Lo que se viene a nivel nacional y también local es el “Plan Aguantar”. No será un verano sencillo. El ajuste será moneda corriente y la reconfiguración de la relación Nación-Provincias será prácticamente un hecho en ese período estival. Argentina vivirá otro verano caliente, como la de los años anteriores, pero potenciado por la falta de recursos, una elevada inflación, un nivel recesivo pocas veces visto y un empobrecimiento de la sociedad.

Tucumán no está exento de todo esto. Son tiempos de restricciones forzosas en el gasto estatal, del sector privado y también familiar. Es la era del ajuste.