La persecución del delito puede verse afectada por recortes para el Ministerio Público Fiscal

El ministro fiscal Edmundo Jiménez concurrió ayer a la Legislatura para solicitar a la comisión de Hacienda y Presupuesto que intervenga ante el Poder Ejecutivo para solicitar un incremento de las partidas que le asignaron al Ministerio Público Fiscal en el proyecto del Presupuesto 2024. “Este tratamiento desigual indirectamente estaría paralizando el funcionamiento institucional del Ministerio Público Fiscal, y por ende, afectando la persecución delictiva que se viene sosteniendo con eficacia de manera constante y creciente”, plasmó en una nota dirigida al presidente del comité, Carlos Gallia.

“Nos enfrentamos a una situación límite que puede repercutir directamente en los temas de seguridad, persecución delictiva y eficiencia en la Justicia, lo que puede desencadenar en una fuerte demanda social y en una crisis en la Justicia Penal. Cabe destacar que este impedimento del funcionamiento institucional de una institución tan relevante como el Ministerio Público Fiscal puede incluso socavar las bases constitucionales del sistema republicando de nuestra provincia”, expuso el funcionario judicial en una nota de cuatro páginas.

Jiménez advirtió sobre “la grave situación” a la que se verá enfrentado el MPF en caso de aprobarse la asignación presupuestaria que se encuentra en el proyecto bajo análisis. En un cuadro comparativo, había remarcado que la Corte Suprema de Justicia tiene previsto un incremento del 159% de su presupuesto de 2023 a 2024 (de $32.344 millones a $83.714 millones). En tanto que en el MPF ese incremento era sólo del 59% de un periodo a otro (de $12.242 millones a $18.744). El funcionario judicial habló de “inequidad” en la asignación de recursos dentro de un mismo poder.

“Hay que considerar que solo el 3% de los casos se judicializan (pasan a la órbita de la Corte Suprema), encargándose el Ministerio Público Fiscal de gestionar el 97% de los casos restantes, ofreciendo soluciones desde la justicia restaurativa y la protección de las víctimas (aproximadamente 120.000 denuncias ingresadas este año lo que significa un incremento del 20% respecto al 2022)”, señaló en el escrito.

Desproporcionado

El titular del MPF resaltó que desde que esta oficina se independizó administrativamente en 2017 “ha demostrado una administración sumamente eficiente, basada en una política de austeridad y ahorro de los recursos del Estado, y demostrando, al mismo tiempo, un verdadero crecimiento institucional marcado por la innovación, la expansión, la eficiencia y la modernización del proceso penal”.

En una decena de párrafos, el titular del MPF plasmó el desarrollo, las intervenciones y los logros que tuvo dicho ministerio. Consideró que toda la tarea desarrollada podría verse afectada. “El presupuesto planteado resulta irracional, negativamente desproporcionado y configura un impedimento en el ejercicio de funciones claves para el desarrollo de la justicia y el sostenimiento de nuestro sistema republicano”, expuso.

Tras la reunión, Jiménez afirmó que explicó a los legisladores las necesidades que tienen, cómo ha evolucionado el MPF, con la creación de la Fiscalía de Narcomenudeo y la de Ciberdelitos. Indicó que a inicios de 2024 se pondrá en funcionamiento el Centro Judicial del Este. “Cuando se arma el presupuesto, lógicamente, los antecedentes que se tienen son los gastos ejecutados, pero no siempre los gastos ejecutados en un año reflejan las necesidades del año siguiente. Entonces a veces hacen falta estas reuniones para poder tener el panorama más claro y poder explicar las proyecciones para los próximos períodos”, dijo. Y acotó: “queda en manos de los legisladores de la comisión resolver”.

Gallia, por su parte, indicó que escucharon las inquietudes de Jiménez y que le hicieron algunas propuestas para que se adapte el presupuesto en ese sentido. Señaló que será el Ejecutivo el que determine la viabilidad de la propuesta, de la cual no brindó detalles.

RUMBO AL RECINTO

Sin datos del presupuesto legislativo, se busca dar dictamen

Gallia explicó ayer que la comisión de Presupuesto y Hacienda dio dictamen para la prórroga de una decena de leyes de emergencia y la reforma del Código Tributario. Además, afirmó que su intención es que el lunes se dé dictamen al Presupuesto 2024, para que sea debatido en el recinto el jueves 14. “Ya está consensuado todo. Como presidente de la comisión me he tomado el trabajo de desmenuzar el presupuesto y aclarar partidas, creo que está en condiciones. Algunos querrán más explicaciones, pero creo que no da para más. Por los datos que tenemos, las preguntas que hicimos y que estuvo el ministro de Economía es más que suficiente para aprobar este presupuesto medido y con superávit. No habría ningún motivo para no aprobarlo”, analizó. Sin embargo, cuando se le consultó por el presupuesto de la Legislatura, dijo: “es una potestad del órgano armarlo. No lo tenemos todavía, no nos llegó. El presidente de la Legislatura lo está elaborando”.

En general, el 4,3% de lo presupuestado para el funcionamiento del Estado corresponde a la Cámara y el 8% para la Justicia. De respetarse esos porcentajes, la Legislatura dispondría de unos $56.000 millones de los $1,6 billones y la Justicia unos $104.000 millones.