La prestación de los servicios de separación, clasificación y disposición final de la basura comenzó a normalizarse ayer. Ocurre que el Gobierno provincial y los municipios que integran el Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) saldaron parte de la deuda que mantienen con el ente y, en consecuencia, con la empresa Moviser SRL, que tiene a su cargo los trabajos en las plantas de San Felipe y de Overo Pozo. En paralelo, la intendenta de la capital, Rossana Chahla, confirmó el inicio de una investigación para analizar presuntas irregularidades en la administración del Consorcio.
“Hubo un problema de fondos que afectó y disminuyó el servicio, pero los municipios y la Provincia comenzaron a regularizar la situación. Hice las gestiones, el ministro del Interior Darío Monteros y el gobernador Osvaldo Jaldo intervinieron y los intendentes comenzaron a pagar. La empresa prestataria está trabajando a pleno”, afirmó Oscar Rodrigo, vicepresidente del Consorcio y a cargo interinamente de la presidencia, a raíz de la renuncia del abogado Juan Andrés Robles. Este había sido designado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, pero la semana pasada dimitió.
Rodrigo reconoció que estuvo interrumpido “temporalmente” el mecanismo para que los residuos que se recogen en el Gran San Miguel de Tucumán lleguen al predio de Overo Pozo. Precisó que la planta de transferencia de San Felipe cuenta con una playa de descarga a la que se recurre ante situaciones excepcionales que impidan el traslado de la basura al sitio de disposición final.
“La recolección en las ciudades no se puede detener por una cuestión de salud pública, pero en San Felipe tenemos una playa de descarga impermeabilizada para dejar temporalmente los residuos ante eventualidades. La empresa no había recibido los pagos oportunamente, unos días se depositó allí la basura pero ahora ya no es necesario. Se retomó el proceso normal”, explicó el directivo del Consorcio. “Buena parte del dinero adeudado ya llegó, y estamos retomando correctamente el servicio. Son trámites administrativos que demoran”, añadió.
Tal como publicó ayer LA GACETA, el ente encargado de la gestión de los residuos en el área metropolitana de la Provincia comenzó diciembre con un rojo de $ 769 millones. “En las últimas horas, casi la mitad (de los fondos) se saldó y estamos gestionando el saldo porque es un servicio esencial”, ahondó Rodrigo. En la empresa Moviser SRL confirmaron que los pagos comenzaron a acreditarse y que el compromiso oficial es que durante diciembre haya un goteo de recursos permanente para solucionar el atraso.
El Consorcio es integrado por San Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Alderetes, Las Talitas, Lules y Bella Vista; y por las comunas de Cebil Redondo, El Manantial, San Pablo, San Javier, Ranchillos, Delfín Gallo, Colombres, Los Ralos y San Felipe. No todas contratan los mismos servicios y, además el ente puede ser utilizado por empresas privadas u otros organismos públicos para la gestión de los residuos.
Precisamente, su funcionamiento fue puesto bajo debate por la gestión de la intendenta Rossana Chahla, que evalúa sacar a la Municipalidad del Consorcio. La jefa municipal confirmó que dispuso el inicio de una auditoría externa y de una investigación administrativa para estudiar la utilización de los recursos en el ente. “Vimos irregularidades, no tan solo en personal, sino en otras situaciones. Como por ejemplo el Consorcio Metropolitano. Tenemos que decirlo, tenemos que nombrarlo y tenemos que mostrarlo. Esto es lo que el municipio aportó al Consorcio Metropolitano en 2023: $ 5.267 millones. Y hoy el Consorcio Metropolitano tiene una deuda de más de $ 1.700 millones. Y acá tenemos las erogaciones, en qué salieron estas erogaciones. Por ejemplo, acá tenemos por día, día por día, cómo se sacaban estas erogaciones del Consorcio. Entonces, no entendemos algunas cosas que, por supuesto, la estamos investigando y también, por supuesto, denunciando”, adelantó.