No hacía falta esperar hasta el 11-D para saber la magnitud del ajuste fiscal que se viene. De hecho, el oficialismo justicialista se despide de la gestión con mayores restricciones financieras de las normales. Las transferencias no automáticas o, en otros términos, el dinero discrecional se redujo a la mínima expresión. En noviembre, por ejemplo, Tucumán ha sido el penúltimo entre los 24 distritos de la Argentina con más caída en el giro de esos fondos (el recorte ha sido casi del 50% en la comparación interanual), sólo superado por la baja del 81% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Esta situación se reflejó justo después de que terminó la campaña electoral que ha consagrado al economista libertario Javier Milei como presidente de la Nación. No obstante, ni con Juan Manzur, primero, ni con Osvaldo Jaldo, después, la Casa Rosada ha sido generosa con la provincia. En el primer caso, porque habían quedado resabios de la partida del médico sanitarista de la Jefatura de Gabinete. En el segundo, al tranqueño le tocó asumir justo cuando Sergio Massa decidió sentarse en la caja y no largar dinero como en otras ocasiones; esto fue más evidente después del fatídico balotaje en que el ministro de Economía trastabilló en las urnas y, así, Unión por la Patria fue condenada a pasar cuatro años en la vereda opositora.
Cada día que pasa, a la administración Jaldo se le presenta un problema. La Capital es uno de ellos. El gobernador no deja de ver en las pantallas de los televisores que tiene en su despacho las repercusiones de las medidas adoptadas por la intendenta Rossana Chahla respecto de las designaciones realizadas por el antecesor en ese cargo, Germán Alfaro. Las bombas de estruendo volvieron a escucharse en las calles tucumanas, una escena del pasado que a la Casa de Gobierno no deja de inquietar. El líder del Partido de la Justicia Social ha confirmado que con el gobernador lo une un compromiso institucional, pero a la vez afirma que tiene un diálogo fluido con el ex presidente Mauricio Macri. Esta ambivalencia política genera suspicacias dentro del peronismo. Jaldo sabe que los tiempos que se vienen serán mucho más difíciles que los que transitó el Partido Justicialista en el poder al menos en los últimos 20 años. Ni siquiera los dos últimos años del primer mandato de Manzur fueron tan adversos como los que se vaticinan para los próximos seis meses. El gobernador, por eso, teje alianzas por su lado. Por caso, Guillermo Francos, futuro ministro del Interior, tiene un diálogo abierto con el tranqueño, mientras el líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, también se ofrece de mediador entre la Casa de Gobierno tucumana y Olivos, futura sede del presidente Milei.
La revisión de acciones de la anterior gestión incomoda al poder. De hecho, el propio Jaldo se anticipó a los hechos al reestructurar el Poder Ejecutivo, eliminando 50 áreas y anunciando un recorte del 13% en el nivel de gastos que había previsto Juan Manzur antes de dejar a la gobernación. Eso se dará para 2024, pero ahora lo que más se necesita es tranquilidad social para enfrentar lo que se viene. Y eso también cuesta dinero, más que voluntad política de los gremios. El mandatario intentará cerrar hasta mañana las negociaciones paritarias de este año con un ofrecimiento que es un clásico para estas fechas, pero sin porcentajes porque aún no puede establecerse de cuánto será la inflación de este año que se va, cómo evolucionará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el mes que pasó y el que está en curso (se estima que ambos se moverán al ritmo de los dos dígitos) y si el nuevo gobierno liberará los precios como una manera de corregir los desequilibrios de arrastre. Mientras las conversaciones continúan, algunos sindicalistas que representan a los empleados públicos arriesgaban ayer la posibilidad de que el Ejecutivo se incline por sostener la ayuda social. En ese aspecto, conjeturaron que puede tratarse de una asistencia complementaria dividida en tres cuotas de $ 40.000 cada una por agente entre diciembre, enero y febrero hasta tanto se reanuden las negociaciones para mejorar el ingreso del trabajador del sector público provincial.
Mientras tanto, la Legislatura sigue analizando su contribución a la política de restricción del gasto político. Miguel Acevedo, presidente de la Cámara y vicegobernador, se debate entre la reducción del plantel político de ese poder y los reclamos de “sinceramiento” de la dieta legislativa, un eufemismo para enmascarar un planteo de aumento de los ingresos de los parlamentarios. No hay dudas de que, así como al resto de los agentes del Estado les asiste el derecho a incrementar las remuneraciones, de la misma manera debe darse en otros poderes. El problema surge cuando las demandas son más altas de las que se otorgan al resto de la dotación y en medio del discurso gubernamental de que es necesario bajar las erogaciones y de la negativa presidencial a ceder más recursos a las provincias, traducido en una sola frase: “no hay plata”.
Mañana, si hay acuerdo con los gremios, Jaldo insistirá en que la provincia hace los deberes para no achicar salarios ni prescindir de los servicios del personal de planta permanente. Su participación en las reuniones entre sindicalistas y funcionarios le impedirá asistir al acto de asunción de Manzur como senador nacional por Tucumán. “No quiere ni mirar el avión”, dicen en su entorno cuando se consulta si usaría la aeronave oficial para ir a Buenos Aires y regresar a Tucumán para cerrar las conversaciones salariales de este año. El viernes pasado padeció la cancelación del vuelo comercial en el Aeroparque Jorge Newbery y no aceptó que le enviaran el avión para regresar.
Manzur está activo. El fin de semana pasado regresó de un breve descanso e inmediatamente se puso en actividad política en el conurbano bonaerense. Mantuvo encuentros con intendentes de ese distrito y también con referentes nacionales del partido que lo tiene como uno de los vicepresidentes. Su idea de sostenerse en la marquesina política sigue en pie. Intentará colarse entre aquellos que quieren reestructurar al peronismo tras la derrota del 19 de noviembre. El Senado será su ámbito institucional para moverse en el corazón del poder. Por ahora, a Tucumán no pretende hacer valer su rol de presidente del distrito local del PJ. Dice públicamente que todos deben contribuir para que Osvaldo Jaldo haga una buena gestión en un escenario adverso para el Partido Justicialista. Sin embargo, algunos de sus referentes no piensan igual, aunque son cautelosos a la hora de actuar. El frente político local puede esperar. Jaldo prepara la anestesia para mitigar los efectos del ajuste que se viene a nivel nacional. Ya ha dado señales de que con la baja del gasto no alcanza y que es necesario apelar al reajuste de las alícuotas impositivas y a la ingeniería y al ingenio tributario para mejorar los ingresos del año que viene. Motivos sobran. Por ejemplo, ayer se conoció un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que advierte que el impacto de la eliminación del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría de los trabajadores y la reducción de la recaudación por IVA le significarían a Tucumán un costo fiscal cercano a los $ 198.000 millones, tomando en cuenta la inflación proyectada (el equivalente a casi tres planillas salariales mensuales del Estado provincial). Sin autonomía financiera, difícilmente Tucumán puede ejercer una oposición política a los nuevos moradores de la Casa Rosada.