06 Diciembre 2023
Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto de Reuters.
SAN SALVADOR, El Salvador.- El deterioro de los derechos humanos en El Salvador es “alarmante” desde que entró en vigor el régimen de excepción, según un informe de Amnistía Internacional presentado en San Salvador.
El informe, titulado “Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador”, fue elaborado a partir de 83 entrevistas y tres enfoques de investigación. La conclusión es que el Estado salvadoreño propicia “un patrón de abuso sistemático y extendido que afecta principalmente a comunidades marginadas”, dice Amnistía Internacional (AI), en reportes que fueron difundidos por agencias y portales de noticias.
La violencia ejercida por el Estado salvadoreño, en el marco de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y de una alarmante regresión en la protección de los derechos humanos, reemplaza gradualmente a la ejercida por las maras (las violentas pandillas salvadoreñas) en las comunidades empobrecidas.
Amnistía presentó en San Salvador el informe en el que se señala al gobierno de Nayib Bukele, ahora candidato a la reelección inmediata, de restringir y vulnerar “los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida y la prohibición de la tortura”.
“Lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetición trágica de la historia, donde la violencia del Estado está reemplazando la violencia de las pandillas, dejando a las mismas comunidades vulnerables atrapadas en un ciclo interminable de abusos y desesperanza”, afirmó la directora para las Américas de AI, Ana Piquer.
“Estos casos no son aislados, sino parte de un patrón de abuso sistemático y extendido que afecta principalmente a comunidades marginadas y empobrecidas”, añadió.
El Salvador se encuentra desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción que suspende las garantías constitucionales y que ha dejado al menos 73.800 detenciones, muchas de ellas cuestionadas. Se estableció luego de una escalada de homicidios atribuida a las pandillas.
En su reporte, AI denuncia el despliegue de una serie de acciones gubernamentales que restringen el espacio cívico y que atentan contra la libertad de expresión y asociación, como el acoso al oficio del periodismo y la aplicación de controles excesivos hacia medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil.
Ya en junio de 2022, Amnistía Internacional advertía que Bukele sumergía al país en “una crisis de derechos humanos luego de tres años de gobierno”. En el contexto del régimen de excepción, AI indicó que las organizaciones humanitarias han documentado 327 casos de desapariciones forzadas, aproximadamente 102.000 personas privadas de libertad, una situación de hacinamiento carcelario del 236 % y más de 190 muertes bajo custodia del estatal.
Se suman más de 5.000 “víctimas directas”, la mayoría jóvenes y que habrían sufrido una detención arbitraria por las autoridades de seguridad.
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