El Consorcio tiene un rojo de $769 millones y el manejo de la basura está en crisis

Municipios, comunas y hasta reparticiones provinciales mantienen deudas con el Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). El rojo, que asciende a $769 millones, pone en jaque la clasificación y la disposición final de la basura que se recoge en el Gran San Miguel de Tucumán. Al punto que, en las últimas semanas, los desechos comenzaron a acumularse en la planta de San Felipe.

En la última semana de noviembre, los intendentes que forman parte del consorcio fueron notificados por el ahora ex presidente del comité, Juan Andrés Robles, sobre las deudas que mantienen por las prestaciones que se realizan. Esto incluye la recepción de la basura de cada ciudad, un proceso de separación y de clasificación previos que se efectúa en San Felipe y la disposición final que se hace en el predio de Overa Pozo, al noreste tucumano.

Según el listado, Yerba Buena mantiene el atraso más significativo, con una deuda de $186 millones por períodos que van desde octubre de 2022 a septiembre de 2023. Le sigue la Secretaría de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos de la Provincia, con casi $148 millones y luego aparece el resto de los municipios: Banda del Río Salí ($89,3 millones), Tafí Viejo ($76,5 millones), Alderetes ($41,7 millones), Las Talitas ($ 37,7 millones), Lules ($ 29,8 millones) y Bella Vista ($17 millones). En paralelo, las nueve comunas que integran el consorcio mantienen un pasivo de unos $ 143 millones. Son Cebil Redondo, El Manantial, San Pablo, San Javier, Ranchillos, Delfín Gallo, Colombres, Los Ralos y San Felipe. La única administración que no aparece con atrasos en San Miguel de Tucumán.

En cada nota enviada a los intendentes, a los comisionados rurales y a la Secretaría de Saneamiento, el saliente Robles y su segundo (ahora a cargo de la presidencia) Oscar Rodrigo, advierten sobre el riesgo de colapso de funcionamiento del consorcio. “Su falta de pago torna de imposible cumplimiento nuestra labor”, plantean. Y prosiguen: “Corresponde subrayar una vez más que los servicios bajo responsabilidad del Consorcio tienen el carácter de continuos, ininterrumpibles y ambientalmente sensibles por lo que existe una urgencia impostergable en garantizar el oportuno cumplimiento de las obligaciones financieras por ante las empresas contratadas y evitar cualquier contexto de restricción, interrupción o suspensión de las prestaciones ante la afectación y responsabilidades que dicha situación podría generar impactando en definitiva en la comunidad toda”.

La semana pasada, el organismo se quedó sin presidente. A un mes de asumir, Robles renunció a ese puesto y al de subsecretario de Gestión Integral de Residuos del Municipio capitalino. Cuando en agosto de 2009 se creó el consorcio mediante ley, durante la segunda gestión de José Alperovich, se dispuso que por su población y producción, fuera la Municipalidad de San Miguel de Tucumán la que presidiera el Consorcio. Hasta 2009, la competencia en materia de residuos era del Poder Ejecutivo, ya que en 2005 se había aprobado la Ley 7.622. Pero en esa ocasión el Ejecutivo devolvió la responsabilidad a intendentes y comisionados. Estos deben girar mensualmente los fondos para el funcionamiento y la prestación de los servicios de traslado, separación en San Felipe y disposición final en Overa Pozo de la basura que se recoge en el área metropolitana de la provincia. Se trata de un contrato de locación de servicios con la empresa tucumana Moviser SRL.

Reclamo a la Capital

Precisamente, esta constructora le envió una nueva nota a la intendenta de la capital, Rossana Chahla, por atrasos en los pagos del consorcio. En total, le reclama un pasivo de unos $ 238 millones.

La nota dirigida a la jefa municipal fue firmada por Máximo Ignacio Jiménez Montilla, socio gerente de Moviser SRL. “Continuando con el reclamo que presentara con fecha 15 de noviembre del corriente año y no recibiendo respuesta alguna al mismo nos vemos obligados a reiterarlo en todos sus términos, pero particularmente solicitamos que de modo urgente, resuelva la situación”, planteó en el texto enviado el viernes 1 de diciembre.

El empresario advierte que el Consorcio que preside la Municipalidad le adeuda los fondos correspondientes a octubre de 2023 por la prestación del servicio de disposición final de residuos sólidos. Adjunta seis facturas que totalizan alrededor de $238 millones. “Tales facturas se encuentran en condiciones de ser pagadas en los términos del contrato. Sin perjuicio de ello y a pesar de los reclamos efectuados hasta el día de la fecha no se libró la orden de pago correspondiente”, añade en la nota de reclamo.

La administración de Chahla es la que, al estar al día con los aportes, viene sosteniendo el funcionamiento del sistema, según fuentes del Consorcio. Pero, a raíz de todos estos contratiempos, en los últimos días surgió la posibilidad dentro del gabinete municipal de que San Miguel de Tucumán se retire del consorcio.